La federación vasca de automovilismo –que forma parte de la federación nacional (RFEDA), la autoridad oficial y competente en organización de carreras de coches como las de Montmeló, rallies o karting– acaba de presentar ante la Justicia un recurso contencioso-administrativo contra el Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo dependiente del Gobierno, tras haber sido expulsada de la federación estatal sin que haya mediado un proceso administrativo de garantía, como marca la ley.
El motivo, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, es que han sido “desintegrados” por la vía de los hechos, es decir, sin que haya mediado un procedimiento administrativo o se haya informado a la asamblea o al CSD, explica Juan Carlos Soto, abogado de la federación vasca y quien ha interpuesto el recurso. El pasado 5 de febrero, la federación vasca envió un escrito al CSD en la que le alertaba de que había sido expulsada de la estatal –“nos han independizado”, como ironizaba en elDiario.es la presidenta de la riojana, a la que le ha pasado lo mismo junto a la navarra–. La expulsión supone un perjuicio para los pilotos con licencias autonómicas, que han visto cómo deben homologar a partir del 1 de enero de 2024 sus licencias de nuevo si quieren participar en carreras nacionales.
¿Por qué el cambio? La nueva Ley del Deporte, aprobada en 2022, establece que las federaciones autonómicas tienen que firmar un convenio que no ha sido suscrito en el caso de las tres autonómicas de automovilismo. “Tampoco la de golf de Madrid lo ha firmado y no ha sido desintegrada, hay muchas que no han firmado y siguen dentro”, explica el abogado de la vasca. El CSD no contestó a su escrito de febrero, enviado por registro de entrada, por lo que se entiende silencio administrativo negativo, es decir, a día de hoy los vascos (como los de La Rioja o Navarra) estarían fueran, ya que el CSD no ha revertido ni parado la decisión.
El CSD, organismo dependiente del Gobierno y liderado por el exministro José Manuel Rodríguez Uribes (tras la dimisión sorpresiva de Víctor Francos) ha contestado a elDiario.es que “no le consta que ninguna federación autonómica haya sido desintegrada formalmente de la RFEDA”. “El CSD ha recibido escritos en los que se ponen de manifiesto discrepancias en cuanto a la integración de la federación vasca y riojana y se ha solicitado informe a la RFEDA”, explican. Sin embargo, documentos y cartas oficiales a las que ha tenido acceso elDiario.es muestran que, de facto, se les ha echado y se dice a los interesados que ya no forman parte por no haber firmado el convenio. Es la misma respuesta que le dan a los presidentes cuando preguntan por sus licencias y a los pilotos. La RFEDA no ha contestado de momento a las preguntas de elDiario.es enviadas el pasado viernes y este lunes.
“El problema es que se adopta por las bravas y sin procedimiento y el CSD no hace nada en este caso, cuando en el caso de tiro olímpico de Madrid y en todos los deportes aéreos –paracaidismo, parapente...– ha echado para atrás procedimientos de desintegración si no han sido pulcros”, resume Soto. “Entonces, todas las federaciones autonómicas que no han firmado un convenio ¿están fuera de sus nacionales? Sería bueno saberlo con certeza porque ahora mismo es el criterio que ha marcado el CSD con su silencio administrativo”, concluye.
La federación nacional, de hecho, ha publicado un mapa en el que pinta fuera a Navarra, La Rioja y País Vasco, cuyos gobiernos están siguiendo el tema de cerca y manifiestan su disgusto, además de que, como publicó elDiario.es, van a pedir la intervención del CSD. Esta polémica por la gestión de las federaciones autonómicas se suma a la polémica económica de la RFEDA. Su presidente, Manuel Aviñó, se subió en 2021 el sueldo a 90.000 euros (el anterior presidente cobraba 60.000) y además se puso un variable de 1,5% de todos los ingresos propios si superaban los 4,5 millones anuales, algo que es habitual ya que el automovilismo tiene gran cantidad de patrocinios y publicidad, además de las cuotas.
Su vicepresidente, Antonio Verdegay, ha contratado a su propia firma de abogados (Verdegay Abogados) para la asesoría jurídica de la federación, con la que ha facturado 600.000 euros en cinco años. Tiene prohibido por los estatutos cobrar un salario por los estatutos pero sí gana dinero por esta vía. La tesorera y el director financiero también contratan a la empresa de asesoría de la que son fundadores. Este medio ha tenido acceso a dos denuncias que se pusieron en 2017 y 2021 en la federación gallega al CSD alertando de esta situación.
El organismo asegura que su función se limita a “dar recomendaciones” a las federaciones, que se gobiernan de manera autónoma, y que revisará el informe anual de buen gobierno que informa de la transparencia o posibles conflictos de interés, informe por otra parte que está elaborado por la propia federación nacional. Este organismo, en todo caso, quiere manifestar su voluntad de que todas las federaciones autonómicas estén integradas en la correspondiente federación española, “en todos los deportes”. El CSD añade que “velará por que no se produzcan desintegraciones en ninguna federación deportiva”.
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