Azpeitia, primer municipio vasco en aplicar desde 2015 el canon de 10 euros por metro cuadrado a las viviendas vacías

El Ayuntamiento de Azpeitia será el primero en aplicar el canon a las viviendas vacías, una medida que no se ha implementado hasta ahora en Euskadi pese a que se aprobó esta medida dentro de la ley vasca de Vivienda, que tiene ya diez años este 2025. La alcaldesa de este municipio, Nagore Alkorta, de EH Bildu, que también es la vicepresidenta de Eudel, ha anunciado que la próxima semana empezará a enviar a los propietarios de casas vacías, 563, empezando por los de inmuebles más nuevos y con ascensor, una carta informándoles de esta medida que se incluye en un plan municipal para impulsar el alquiler.

Estos propietarios tendrán un mes de plazo para acudir a la Oficina de Vivienda para hablar sobre la situación de sus casas y las posibilidades de ponerlas en alquiler. Los propietarios que mantengan sus casas vacías sin justificación tendrán que pagar un canon de 10 euros por metro cuadrado al año, con un incremento del 10% en los próximos años, que se irá incrementando en función de los años en desuso.

Alkorta ha recordado que la ley de Vivienda de 2015 establece que si una vivienda está deshabitada durante dos años consecutivos, y siempre que no existan causas justificadas determinadas por la ley, al no cumplir la función social, los ayuntamientos pueden iniciar la declaración de vivienda deshabitada. “Es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Azpeitia, porque las casas vacías perjudican a todo el pueblo”, ha apuntado. La alcaldesa ha manifestado que, según los datos que maneja el Ayuntamiento, hay 563 casas vacías en Azpeitia, mientras que en Etxebide hay 553 solicitantes de alquiler en este municipio, a los que hay que sumar los que buscan alquiler en el mercado libre.

Por otro lado, ha matizado que, en general, el Ayuntamiento recomendará destinar las casas vacías al programa Bizilagun, ya que “además de fomentar el alquiler social, permite a los propietarios alquilar la casa de forma segura”. Es un sistema del Gobierno vasco por el cual la casa se cede a la Administración que se encarga de mantenerla en buenas condiciones y de abonar un canon al propietario a cambio de cobrar una renta social al inquilino. También ha anunciado que se suspenderá el procedimiento para declarar la vivienda vacía a quienes alquilen o saquen a la venta la casa en el mercado libre. “El objetivo no es aplicar el canon, sino sacar las casas al alquiler”, ha incidido.

Dentro del plan de vivienda del Ayuntamiento, el consistorio ha creado una nueva línea de ayudas, dotadas con hasta 3.000 euros, para rehabilitar las viviendas que se pongan en alquiler. Es una rehabilitación que también cuenta con ayudas del Gobierno vasco. “Seguiremos haciendo casas protegidas y tomando otro tipo de medidas para hacer frente al problema de la vivienda, pero también nos parece absolutamente necesario poner el acento en las casas vacías”, ha concluido la alcaldesa.

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Ixaso, ha aplaudido y felicitado a la alcaldesa por la medida a través de un mensaje en las redes sociales. Y ha recordado que la implantación de este canon es algo que se está pidiendo desde el Gobierno a todos los ayuntamientos a la hora de solicitar la declaración del municipio como zona tensionada.

La aplicación del canon es una decisión de los ayuntamientos, que hasta ahora siempre han argumentado la complejidad jurídica que supone definir cuáles son los pisos que se encuentran vacíos, para poner en marcha la medida. En concreto, las viviendas desocupadas, para entenderse como tales, “deben permanecer vacías de forma continuada durante un tiempo superior a dos años desde la fecha en que la vivienda pudiera ser ocupada, salvo que concurra motivo que justifique su no utilización”.

Estos motivos son: que sea viviendas de segunda residencia, y que se destinen por tanto a estancias temporales, el traslado de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social, y situaciones equivalentes de carácter personal. También que la vivienda esté en rehabilitación que se haya sacado ya al mercado de venta o alquiler o que el estado del inmueble no reúna condiciones mínimas de habitabilidad.

Para realizar las comprobaciones de si está o no deshabitada los ayuntamientos se tienen que guiar de un lado, del padrón, y de otro, de la carencia de suministros o la falta de consumos de agua, gas o electricidad o el consumo inferior al mínimo que para uso residencial corresponde anualmente a una persona. Este consumo mínimo es la tercera parte del consumo medio anual de agua, electricidad o gas por persona de acuerdo con los datos facilitados respecto a la localidad en que se sitúan las viviendas, por las empresas suministradoras.

Esto supone, dicen desde los ayuntamientos, una ardua labor de inspección que deben abrir un expediente por cada piso al que se le quiere aplicar el canon, lo que complica a los consistorios la aplicación de esta medida. Es por eso que de momento se están inclinando por aplicar recargos en el pago del IBI para las viviendas que se encuentran desocupadas antes que el canon. Puede ser que la decisión de Azpeitia abra la vía para que empiecen a sumarse otros consistorios.