'Basoa', el refugio en el que respiran las defensoras de derechos humanos que se ven obligadas a huir de América Latina

A poco más de un kilómetro de Artea, municipio vizcaíno de 700 habitantes, y rodeada de montañas y cuevas se encuentra la casa de las defensoras 'Basoa', un caserío reformado por activistas gracias a aportaciones privadas en el que residen defensoras de los derechos humanos que se han visto obligadas a abandonar sus países. Bajo el techo de 'Basoa', creado para dar cabida a una comunidad solidaria entre defensoras y activistas, viven y se reúnen refugiadas y migrantes, en tránsito o permanentes, pero también autóctonas de Euskadi y del resto de España, en el que es un espacio solidario que busca su descanso, pero también impulsa una convivencia horizontal feminista y ecologista.

A las mujeres que están residiendo estos días en 'Basoa' se les han unido una decena más con motivo del encuentro Comunicación y derechos humanos. Encuentro para protegernos organizado por Desplazados.org y Brigadas Internacionales de la Paz. Cada una de ellas ha viajado a Euskadi por un motivo distinto, pero por una lucha parecida. Todas ellas defienden sus tierras, sus derechos humanos, su agua, sus bienes naturales o sus derechos como mujeres. Cada una viene de un país distinto y habla una lengua diferente, pero todas se entienden cuando dicen que su lucha no es solo suya, es de toda su comunidad.

Algunas de ellas, las que más tiempo llevan en Euskadi, ya son conocidas por haber participado en actos, manifestaciones o entrevistas. Incluso han llegado a recibir premios por su activismo. Algo que describen como positivo, a la vez que peligroso. La visibilidad de sus luchas las empodera, pero a la vez las pone en peligro. “Yo estoy aquí para denunciar lo que está ocurriendo en mi país, pero no he venido a ser una estrella del rock. Los medios me llaman, quieren que cuente mi historia, pero la narrativa blanca de Occidente no me escucha ni me ayuda. Publican información que no deben y eso me pone en peligro a mí y a mi familia que sigue en mi país”, critica una reconocida activista de Guatemala.

A lo que otra activista hondureña le responde que en su caso ha llegado a sentir miedo después de haber hablado con medios de comunicación. “Van tras la historia, pero no se dan cuenta de que mi historia no es solo mía, es de mi cultura. Somos muchas comunidades unidas y, ocurre que cuando solo sacan la historia de una provocan una romantización de las defensoras. Creen que estamos aquí viviendo nuestra vida con lujos, en Europa, pero eso no es cierto. Estamos lejos de nuestros hogares porque si volvemos nos matan. No es una situación fácil”, sostiene. Ambas ya han sido entrevistadas previamente por este periódico y para reducir su visibilidad en internet se ha optado por no introducir sus nombres en este artículo.

A raíz de nuestra lucha nuestro compañero Samir Flores fue asesinado y los culpables siguen impunes

Como alternativa proponen ceder su altavoz a otras defensoras que no están tan expuestas mediáticamente y cuyas luchas también merecen salir a la luz. Como Teresa Castellanos, indígena nahua originaria de la comunidad de Huexca, en México, quien es defensora del territorio y del agua y trabaja en una radio comunitaria para hacer frente a la desinformación sobre su lucha contra el Proyecto Integral Morelos, un megaproyecto energético e hidroextractivista impulsado por el Gobierno mexicano y empresas energéticas internacionales. O Samantha César Vargas, también de la misma zona de México, defensora de los derechos humanos y ambientales en Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Las dos han llegado a Euskadi después de haber perdido a su compañero en la radio comunitaria, el campesino y comunicador Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019 por su labor como activista. “A raíz de nuestra lucha nuestro compañero fue asesinado y los culpables siguen impunes. Somos perseguidos por el Gobierno y por las alianzas que tienen con las empresas y el crimen organizado, pero lo único que queremos es vivir sin megaproyectos ni contaminación. Queremos que el campo sobreviva para poder trabajarlo”, explica Castellanos.

Mientras, su compañera César Vargas reconoce que los medios oficiales o los que más audiencia tienen en su país “no dicen la verdad sobre los megaproyectos”, por eso, las radios comunitarias como la suya, son la resistencia. “Después del asesinato de Samir la violencia nos golpea muy fuerte. Recibimos amenazas por parte del crimen organizado y por parte de las empresas. Nos está costando conseguir compañeros que participen en la radio porque la gente ya no quiere participar por miedo. Nuestra idea es continuar con nuestra labor, pero es muy duro”, confiesa.

Las empresas europeas y estadounidenses han venido a saquear nuestro país y han acaparado nuestras tierras

En el encuentro, activistas, defensoras de los derechos humanos y periodistas han compartido sus experiencias, han hablado sobre la criminalización del periodismo y el activismo en sus países y han destacado la importancia de las redes que se tejen entre distintos territorios. “La lucha por la tierra es una lucha justa”, sentencia la hondureña Lilian Borja, que es parte de la Red Nacional de Defensoras y de la Central Nacional de Trabajadoras del Campo, una organización campesina que lucha por la redistribución justa de la tierra. “Las empresas europeas y estadounidenses han venido a saquear nuestro país y han acaparado nuestras tierras. Lo único que estamos haciendo es luchar por nuestro territorio. Yo no me avergüenzo de ser campesina, porque con ese pedacito de tierra que exijo, lo que quiero es trabajarlo. Las mujeres no tenemos ni voz ni voto, pero debemos exigir lo que es nuestro. Aunque la respuesta a eso sean amenazas, desapariciones y violaciones”, asegura.

En 'Basoa' respiran. Cuentan su historia y se 'acuerpan' unas a otras. Se escuchan y están tranquilas. Lejos de su tierra, hayan la paz que desearían tenerla en ella. Pero solo están en Euskadi para coger fuerza y regresar. Como Jilma Ruiz, que desde su Nicaragua natal tuvo que exiliarse en Costa Rica donde forma parte de la Red de Mujeres Pinoleras. En su caso, por ser mujer campesina, lesbiana y defensora de los derechos LGTBI+ de su país, las amenazas han estado presentes desde hace años. “El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha hecho que nuestros derechos vayan decreciendo. Nos han quitado el derecho al aborto y el pueblo ha explotado. Desde ese momento muchas de nosotras estamos perseguidas por la policía. La gente en Nicaragua no tiene derechos, nos lo han arrebatado todo y la desprotección, sobre todo de las mujeres y las personas LGTBI+ es enorme. Podemos estar fuera de Nicaragua, pero nuestras luchas están dentro”, sentencia. En una frase aplicable a cada una de ellas, puesto que físicamente se encuentran en Euskadi, pero su lucha no se ha movido de su tierra.