Bizkaia admite que la residencia Íñigo de Loyola de Barakaldo tenía atados a usuarios sin prescripción médica

La Diputación de Bizkaia ha admitido este jueves que la residencia Íñigo de Loyola de Barakaldo, de titularidad privada, tenía atados a usuarios sin la prescripción médica procedente. Según ha detallado, han sido concretamente “vulneraciones sobre prescripciones médicas para sujeciones y sobre titulación de profesionales de enfermería y la ausencia de un programa de actividades”, las que han llevado a la clausura del centro. Las siete personas que residían allí ya han sido reubicadas en otros lugares. El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, ha precisado que se tenía constancia de estas deficiencias desde julio, cuando una queja condujo a la apertura del primer expediente. La primera inspección se llevó a cabo el 14 de septiembre y el 12 de octubre, a la vista de que no se habían subsanado, se procedió a cerrar el centro de forma temporal.

ELA ya venía denunciando la situación de la residencia, de titularidad privada, desde julio y fue el propio sindicato el que anunció este martes que la Diputación había ordenado el cierre temporal. Entre las denuncias del sindicato constaban “despidos injustificados, falta de cobertura de trabajadoras, desaparición de servicios como medicina o enfermería e incumplimientos en materia de ratios”. Las trabajadoras del centro, de hecho, se echaron a la calle en septiembre para denunciar la situación laboral en la que se veían inmersas. Ya en aquel momento protestaron por los “numerosos despidos”, que habían dejado a la residencia, según alertaban, sin servicios como la asistencia médica, la peluquería y la enfermería. De igual manera, varias trabajadoras aseguraban que llevaban meses yendo a su puesto de trabajo sin cobrar y que el equipo se había reducido a una única persona por turno para cuidar de los ancianos.

Murillo, que ha comparecido ante las Juntas Generales de Bizkaia este jueves, ha explicado a petición de EH Bildu que la primera inspección del 14 de septiembre se llevó a cabo después de que desde la residencia no se diera respuesta a los requerimientos formales de información que había hecho la Diputación. Ya se habían percibido antes algunas “incidencias y vulneraciones”, ha admitido. De hecho, la situación en el centro obligó a que, a partir del 8 de octubre, las inspecciones se volviesen diarias. El diputado se ha congratulado, aun así, de que a su departamento “no le tiembla la mano” a la hora de cerrar residencias en las que no se cumplen los requisitos y ha subrayado que la Diputación mantiene “un mayor control” sobre estos centros. Y ha ilustrado con números esta vigilancia: según sus propios datos, en lo que va de año se han llevado a cabo 152 “visitas presenciales” —de las que 69 han sido por orden, 68 de oficio y cinco por denuncias— frente a las 160 de 2019 y las 157 de 2018, los años previos a la pandemia de COVID-19.