Repetid todos conmigo: ¡España es una democracia consolidada!

España es una democracia consolidada. Sí, España es una democracia consolidada. Venga, otra vez. España es una democracia consolidada. Espera, quizás no haya quedado suficientemente claro. España es una democracia consolidada. Ahora todos juntos, repetid conmigo: ¡España es una democracia consolidada!

“España es una democracia consolidada” es una de las frases que más se ha pronunciado desde que el lunes el Tribunal Supremo hizo pública su sentencia sobre el procés. La han enarbolado políticos, tertulianos, columnistas y personajes más o menos famosos a los que ha acudido el Gobierno para que graben vídeos defendiendo que España es una democracia consolidada. Incluso lo han grabado los propios ministros del Gobierno, aunque la Junta Electoral les ha suspendido el vídeo. 

Cuesta entender la insistencia del poder y sus portavoces en que quede claro que en España hay democracia. Como estrategia de comunicación no parece lo más adecuado: la primera reacción cuando a uno le están taladrando día y noche con la misma expresión es preguntarse a qué viene tanta autojustificación: ¿será porque la reputación internacional de España no pasa por sus mejores momentos? ¿será porque hay mucha gente que sospecha que la democracia en España no es tan preciosa como la pintan? Con tanta turra, uno termina por preguntarse qué le pasa a la democracia española, que supongo es lo último que quieren que nos preguntemos los que llevan desde el lunes recitando que España es la mejor democracia del mundo mundial.

Pues sí, los pajaritos cantan, las nubes se levantan y España es una democracia liberal. Muchas gracias al Gobierno y los medios por descubrirnos lo evidente. España no es una dictadura -una barbaridad que se lee demasiado en las redes sociales-, pero ¿es España una democracia tan consolidada como presume el poder? Supongo que 40 años de democracia consolidan, pero no tanto como pretenden hacernos creer. España tiene un problema grave que no quiere afrontar: respecto a la disidencia, la democracia en España es defectuosa y autoritaria. 

Un ejemplo es la sentencia del Tribunal Supremo. Los prebostes de la opinión publicada en España dicen que la decisión es justa y acertada e, incluso, blandengue. Pero si uno avanza entre los árboles del mundo tertuliano y se adentra en el bosque se encuentra con expertos en la materia alertando de las deficiencias de una sentencia que empeora la calidad de la democracia española. Sirvan de ejemplo los artículos del Catedrático de Derecho Penal, Nicolás García Rivas (‘El autoristarismo nada disimulado de una sentencia histórica’) y el profesor de Filosofía del Derecho, José Luis Martí (“Un exótico derecho. Protesta y sedición en la sentencia del procés”). Muy recomendable también para entender la debilidad de algunos planteamientos del tribunal es 'La Sentencia: aspectos cuestionables', del Catedrático de Derecho Penal Joan Carles Carbonell.

La sentencia del Supremo se sustenta en una argumentación para el delito de sedición que censura gravemente el ejercicio de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Claro que, según la interpretación cotidiana de los órganos del poder del país, la resistencia no violenta -como la del 1 de Octubre de 2017- es violencia. La sentencia se puede leer también como un paso más hacia el intento de desactivar respuestas pacíficas coordinadas contra decisiones legales y judiciales que se consideran injustas. Convendría no olvidar además que en esa Europa democrática, a la que miramos por encima del hombro, el equivalente a la sedición española tiene penas más reducidas y exige requisitos de violencia.

Este derrape hacia el autoritarismo de la democracia en España no es algo nuevo. En respuesta al periodo de convulsión social que se vivió en España entre 2011 y 2014 (y que tenía como origen la ocupación de plazas del 15-M), el PP aprobó la llamada 'Ley Mordaza' que todavía hoy sigue en vigor. Una ley con la que se daba a la Administración la facultad de imponer fuertes multas económicas a quienes participaran, por ejemplo, en movilizaciones de resistencia pacífica como las acciones para evitar desahucios. Una forma de penalizar las protestas sin la intervención de los jueces. El PP también pretendía -aunque no lo ha logrado- que no proliferaran por las redes sociales vídeos grabados por los ciudadanos sobre las intervenciones policiales. Argumentaba el PP que quería garantizar la seguridad de los agentes, pero de paso intentaba evitar la difusión de los casos de violencia policial injustificada. 

Otra de las vías para intentar disolver la disidencia del espacio público ha sido el artículo 578 del Código Penal: el delito de enaltecimiento del terrorismo. Las sentencias por apología del terrorismo se multiplicaron por cuatro en los años posteriores a que ETA abandonara la violencia. ¿Hay más apología del terrorismo ahora que no hay terrorismo? ¿Cómo puede ser? “El Gobierno somete a hostigamiento toda una serie de expresiones en Internet -desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes- utilizando las categorías generales previstas en las leyes antiterroristas de imprecisa redacción del país”, denunciaba Amnistía Internacional el pasado año.

El uso expansivo de la legislación antiterrorista tiene una larga trayectoria en España. Bajo la doctrina ‘Todo es ETA’ apadrinada por la Audiencia Nacional, el 20 de febrero de 2003 el periódico vasco Egunkaria fue clausurado. Siete años después, los acusados fueron absueltos pero el daño estaba hecho. Pocas democracias consolidadas pueden presumir de cerrar periódicos. Un cierre, por cierto, que poco importó a la mayoría de los partidos políticos y medios de comunicación en España.

Y mucho menos importó que varios de los directivos de Egunkaria fueran torturados por la Guardia Civil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar las torturas al director de Egunkaria, Martxelo Otamendi. Por cierto, el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska fue el juez instructor de varios casos en los que Europa ha condenado a España por no investigar de manera efectiva las denuncias de torturas. Incluso algunos de sus compañeros en la Audiencia Nacional le reprocharon que no tomara medidas para prevenir posibles torturas.

La escasa intervención de las autoridades españolas contra las torturas practicadas por las Fuerzas de Seguridad es otro de los ejemplos de esos tics autoritarios que asoman en la democracia en España. Organizaciones independientes de derechos humanos han denunciado de forma reiterada que no se aplican las medidas necesarias para erradicar las torturas y que las denuncias, en muchos casos, han sido ignoradas. Un dato ahora que se habla de indultos: desde 1998 el Gobierno ha aprobado 26 indultos a policías condenados por torturas.

No deberíamos olvidar otras vulneraciones de derechos humanos como las redadas policiales por motivos raciales que han sido documentadas por periodistas y organizaciones sociales. O la penosa legislación hipotecaria que ha permitido a los bancos ejecutar miles de desahucios injustos. O la falta de justicia con las víctimas del franquismo.

Y podríamos seguir con más ejemplos de actuaciones que demuestran que a la democracia en España le falta todavía un largo recorrido por delante antes de empezar a ponerse medallas. Pero, recordad, que no se os olvide: España es una democracia consolidada.

España es una democracia consolidada. Sí, España es una democracia consolidada. Venga, otra vez. España es una democracia consolidada. Espera, quizás no haya quedado suficientemente claro. España es una democracia consolidada. Ahora todos juntos, repetid conmigo: ¡España es una democracia consolidada!

“España es una democracia consolidada” es una de las frases que más se ha pronunciado desde que el lunes el Tribunal Supremo hizo pública su sentencia sobre el procés. La han enarbolado políticos, tertulianos, columnistas y personajes más o menos famosos a los que ha acudido el Gobierno para que graben vídeos defendiendo que España es una democracia consolidada. Incluso lo han grabado los propios ministros del Gobierno, aunque la Junta Electoral les ha suspendido el vídeo.