“Cuando pedí que lo enterraran cometí el mayor error. Ha estado en el mar como si fuese basura. Te sientes mal. Estás lejos y crees que le has abandonado aun sabiendo dónde estaba”, explica Blanca Martínez, hermana de un desaparecido vasco y presidenta de Nun Hago Elkartea. La familia Martínez recibió una llamada de una comisaría de Bilbao el 29 de septiembre de 2005: “Ha aparecido un cadáver en avanzado estado de descomposición flotando en aguas de Estocolmo, le han matado, le han cortado la mano derecha para impedir su identificación”. Posiblemente su hermano había aparecido tras 6 meses desde su desaparición. A Miguel Ángel Martínez o alguien que llevaba una fotocopia de su DNI en el bolsillo lo encontraron, flotando, muerto junto a la orilla del fiordo de Lidingö, un barrio en la periferia de Estocolmo, Suecia. Blanca Martínez Santamaría ha recorrido desde entonces oficinas, comisarías y tribunales para saber una verdad que todavía no ha llegado.
Miguel Ángel Martínez es un desaparecido más de las 5.529 personas que siguen sin aparecer. Según los últimos datos del informe de las personas desaparecidas sin causa aparente, España deja una cifra de 202.529 denuncias registradas en la base de datos Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH) en el año 2020. Familias como Blanca Martínez todavía no han encontrado a su ser querido. El País Vasco ha recibido cerca de 5.000 denuncias y comunicaciones según fuentes policiales. Hugo Prieto, jefe de las secciones centrales de investigación criminal y policía judicial de la Ertzaintza explica: “De esas 5.000 solo se llegan a interponer denuncia 1.500 al año. Tenemos buenos resultados. El 96-97% de las desapariciones se resuelven. Sin embargo, el 3-4% son 39 personas”. Hombres y mujeres, ancianos y niños que siguen sin ser localizados.
“Me preguntaba por qué a nosotros, a mi familia, hasta que entendí que le puede pasar a cualquiera”, reflexiona Martínez. Asociaciones como InterSOS, QSD Global o Fundación ANAR buscan dar comunicación, diálogo y apoyo entre familiares y colaboradores de las familias de personas desaparecidas. El 22 de febrero de 1992 no fue así. La “identificación y empatía” hacia el mundo de los desaparecidos fue un sentimiento nacional. El programa documental de 'Quién sabe dónde' rozó la audiencia de 8 millones de telespectadores en una televisión pública. Recibió el TP de Oro al mejor programa de reportajes en 1993 y 1994 y el Premio ASET-94 al director del programa. Paco Lobatón, periodista y presentador del programa documental 'Quién sabe dónde' resalta que recibieron 20.000 peticiones de búsqueda, además de desencadenar una respuesta en términos de información que permitiría ir resolviendo muchos casos; en el cómputo global se resolvieron 7 de cada 10 casos. “Te encuentras con una madre que te pide aunque sea saber dónde llevarle flores. Esa mujer está pidiendo una respuesta aunque esta sea encontrar los restos mortales de su hijo”, argumenta Paco Lobatón.
Me preguntaba por qué a nosotros, a mi familia, hasta que entendí que le puede pasar a cualquiera
El aumento de asociaciones y fundaciones activas desde 2007, InterSOS fue la pionera en 1997, no ha sido suficiente para implantar cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Real Decreto del 14 de septiembre de 1882. El Ministerio de Gracia y Justicia de la época afirmaba que para que un expediente (el del desaparecido) continúe abierto es necesario alguien a quien imputar. Por ello, una de las peticiones más importantes que hay planteada en el movimiento asociativo, y que las familias reclaman, es una ley específica y no del siglo XIX: un Estatuto de la Persona Desaparecida. Para los familiares, la complicación legal se une al dolor por no encontrar a sus seres queridos. No saber si esa persona está viva o muerta o no encontrar el cuerpo puede acarrear numerosas trabas burocráticas. La Ley 4/2015 del 27 de abril, Estatuto de la víctima del delito, también precisa cambios, ya que con la normativa vigente, las familias de los desaparecidos sí son víctimas, pero tienen que ser víctimas de un delito. “Si están desaparecidas no se puede saber si han sido víctimas de un delito o no. El Centro Nacional de Desaparecidos y las familias estamos luchando por ese Estatuto del Desaparecido”, recalca la presidenta de Nun Hago Elkartea.
El 23 de septiembre de 2016, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció durante su primera comparecencia en el Congreso la creación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), otra de las grandes demandas realizadas desde las asociaciones de personas desaparecidas. El organismo del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas destaca que la creación del CNDES ha supuesto la especialización de los desaparecidos a través de mayor coordinación policial, atención a las víctimas o creación de una base de datos única para todo el territorio nacional, entre muchos otros aspectos. Es por ello uno de los avances más importantes, un banco de datos de desaparecidos y restos humanos nacional en el que el acceso de los cuerpos policiales y administraciones hace más sencilla la búsqueda. Uno de los últimos casos más mediáticos es el de una mujer que responde a las iniciales de B.M.O.A. hospitalizada en Asturias por un cuadro de desorientación y deshidratación aguda cuya desaparición fue denunciada hace 25 años en León.
Desaparición = conocimiento
Cambios, reformas y mucho futuro por delante. El CNDES y las administraciones de cada Comunidad Autónoma tuvieron su puesta en marcha en 2017. Sin embargo, los avances del gobierno no resultan útiles cuando las familias continúan sumidas en el desconocimiento. “El Estado cuenta con servicios que la gente desconoce, no los utilizan. Hay un déficit de información que es exponente de una calidad deficiente del propio servicio”, argumenta Lobatón. VOSTEuskadi, asociación de voluntarios digitales de emergencias de Euskadi, coincide en que las familias de los desaparecidos “lo único que saben es que tienen que ir a la policía a poner una denuncia”.
“Lo sentimos, tienen que pasar 24 horas desde que desapareció para comenzar la búsqueda”. La premisa de que se debe esperar 24 horas para denunciar una desaparición es mentira, como aclara Hugo Prieto. “Las 24 horas está muy bien en las películas de Hollywood, aquí recogemos las denuncias. Cada uno sabe las costumbres de su ser querido y el momento en el que no es normal que no haya llegado”. Lo cierto es que el desconocimiento no se limita a los familiares. “Algunos policías aún no se han enterado. Tuve que acompañar a una familia de Algorta porque no le cogían la denuncia”, protesta Blanca Martínez ante la importancia del tiempo en una investigación. El criminalista francés Edmond Locard (1877-1966) plasmó esta relevancia con esta afirmación: “El tiempo que pasa es la verdad que huye”. Los cuerpos policiales y detectives privados advierten de la importancia de denunciar una desaparición a tiempo. Juan Carlos Delgado, detective privado de Detectib, explica: “Me han llegado peticiones de investigación después de 40 días. El tiempo es intensamente proporcional al éxito de la investigación en el caso de un desaparecido”.
Cada uno sabe las costumbres de su ser querido y el momento en el que no es normal que no haya llegado
De los datos registrados hasta ahora en la base de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar PDyRH se ha comprobado que la mayoría de desapariciones son voluntarias, alrededor del 92%. QSD Global habla de “conceptos discutibles en el informe”. “Hablar de voluntariedad a priori es algo muy preocupante. La voluntariedad es muy relativa. Una persona con esquizofrenia, muchas veces no diagnosticada, se marcha de casa en una crisis en la que su capacidad ha desaparecido”, reconoce Lobatón, presidente de la fundación QSD Global. En cuanto a las desapariciones involuntarias, estas suponen el 7% sobre el total de casos conocidos, mientras que las forzosas se sitúan en torno al 1%. La mayoría de las desapariciones se cesan o resuelven en las dos primeras semanas desde la denuncia, sin embargo el 18% de los casos se prolongan en el tiempo.
Largas esperas
Es el caso de Isidro y Dolores Orrit. Los dos menores desaparecieron la noche del 4 al 5 de septiembre de 1988, hace 33 años, en el hospital Sant Joan de Deus de Manresa. María del Carmen Orrit, hermana de los desaparecidos, expresa apesadumbrada: “Es hora de que mi madre, con 80 años, pueda saber dónde están. No la deja vivir”. Más del 67% de las desapariciones producidas antes de la apertura del Centro Nacional de Desaparecidos siguen activas: Yéremi Vargas, Sonia Iglesias, Juan Pedro Martínez, David Guerrero o los hermanos Orrit. “Aunque todas las desapariciones que se alargan son injustas, algunas no las entiendes y te parecen mucho más”, confiesa Prieto.
El tiempo es intensamente proporcional al éxito de la investigación en el caso de un desaparecido
El jefe de las secciones centrales de investigación criminal y policía judicial de la Ertzaintza aclara además que el sistema no permite cerrar un caso, excepto cuando esa persona alcanza los 110 años de edad, ya que la instrucción de Secretaría del Estado de Seguridad dice que no hay esperanza de vida. No se la busca activamente, pero su ADN continúa en el sistema. La Ley de Enjuiciamiento «BOE» núm. 260, de 17/09/1882 es la encargada de cerrar los casos al no tener nadie a quién imputar. Los jueces resuelven los expedientes haciendo un sobreseimiento provisional y un archivo de la causa. En cambio, cuando los casos son tan largos es difícil que las familias comiencen los duelos porque “no se tiene un cuerpo al que ir a llorar”.
Educación
La educación en la actuación ante las desapariciones por parte de la ciudadanía española es nula. VOSTEuskadi es una de las asociaciones que ofrece enseñanza pública a ferias de voluntariado e incluso a la Universidad de Deusto. “Sabemos lo que hay que hacer en un incendio, pero no ante una desaparición”, argumenta Jokin Zubieta, presidente de VOSTEuskadi y secretario de la Asociación Nacional de Especialistas Profesionales en Protección Civil y Emergencias. La educación ciudadana es cada vez más importante, según los últimos datos del INE, casi el 20% de la población española supera los 65 años. Ello conlleva numerosas enfermedades neurodegenerativas y demencias que provocan que muchas personas mayores desaparezcan por su pérdida de orientación. Hugo Prieto resalta que cuando vemos a una persona mayor desorientada debemos preguntar si le ocurre algo, porque al igual que con un niño que vemos solo lo haríamos con una persona mayor también debemos hacerlo.
Futuros cambios burocráticos y civiles para los desaparecidos y sus familias. “Estamos más comunicados que nunca y sin embargo se producen estas incomunicaciones. Una desaparición es una manifestación de la incomunicación humana llevada a su estado más dramático”, concluye Lobatón.