Periodista de formación, publicista de remuneración. Bilbaíno de paraguas y zapatos de cordones. Aficionado a pasear con los ojos abiertos pero mirando al frente y no al suelo, de ahí esta obsesión con las baldosas.
La democracia según San Lucas
¡Ay de aquel que escandalice! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar. (Lucas 17,1-6). Da la impresión de que nuestra rica tradición católica está mucho más a flor de piel de lo que podríamos pensar. Al menos así lo parece en Bilbao, donde estamos asistiendo en las últimas semanas a la condena social de unos empresarios que se han creído que podían acogerse a la ley para abrir una discoteca en un edificio industrial en el que tal actividad está permitida. La reacción de los vecinos del entorno entra dentro de lo esperable. A nadie le gusta tener un lugar que genere movimientos y ruido nocturno cerca de su casa.
Lo que ya resulta mucho menos admisible es la vehemencia y pasión con que nuestro Ayuntamiento se ha mostrado no ya comprensivo con los vecinos, sino dispuesto a evitar a toda costa que ese proyecto -insisto- legal, pueda llegar a buen fin. Las manifestaciones públicas de nuestros ediles han sido tan inequívocas que sin duda habrán contribuido a tranquilizar al vecindario. Aunque se reconoce oficialmente que no hay nada que reprochar a los promotores los responsables de nuestro gobierno municipal se han mostrado dispuestos a mirar “con lupa hasta el último centímetro” del proyecto, con un evidente y manifiesto deseo de encontrar como sea algún resquicio jurídico que les permita impedir que la discoteca abra. Eso sí, procurando evitar que un desliz obligue a nuestra corporación, ya escaldada por otros casos, a indemnizar a un particular al que se le estaría negando su derecho a una actividad legal.
Bilbao parece que aspira a convertirse en la capital europea de los movimientos 'nimby' [not in my backyard-no en mi patio trasero] así que la escalada de declaraciones no ha tenido desperdicio: si los propios ediles han reprochado que “la juventud no está acostumbrada a salir en silencio de esos locales” (sic), algunos vecinos y vecinas han declarado cosas como que “casi todo el mundo saldrá borracho”, “les dará por tirar todo lo que encuentren por delante”, “no quedará nada en pie”; profecías que demuestran que si nuestros concejales son devotos de San Lucas, la vecindad lo es directamente del Apocalipsis.
Que el local en cuestión se encuentre a 500 metros de una afamada facultad de Derecho no le ha servido para encontrar aliado alguno. No están los tiempos para enfrentarse a la oclocracia que asola el país, ni para los profesionales de la Justicia ni menos aún para quienes ya atisban las próximas elecciones municipales.
De hecho, la oposición, unánime en este caso, si algo ha reprochado ha sido la actitud titubeante del gobierno local, que miraba timorato el resquicio de la ley en lugar de tirar ‘palante’, caiga quien caiga (la ley incluida) que para eso somos de Bilbao.
Así que el asunto parece que va a arreglarse a lo grande y por la vía legal; se va a cambiar nada menos que el Plan General (PGOU), esa especie de Constitución urbanística de nuestros ayuntamientos, que vino de la mano de la democracia, que permitió planificar racionalmente nuestras urbes y que ahora va a modificarse a uña de caballo para evitar que se abra un local de ocio concreto en un lugar concreto. La Ley se reformará para evitar esa discoteca, y supongo que todas las demás. Solo espero que ningún movimiento vecinal venga un día a reclamarlas, no sea que haya que volver a cambiar la ley para darle satisfacción.
Llama la atención que los mismos responsables municipales que se precian de parar este proyecto hayan dicho esta misma semana que quieren que Bilbao sea una ciudad universitaria. Digo yo que pensarán en universitarios de esos de corbatita, jersey de pico y a las 10 en la cama, que mañana hay que ir a clase y estudiar mucho. No sé si será posible conseguir una ciudad más universitaria pero ya anticipo que estudiantes de esos no los vamos a pillar jamás, ni siquiera en esa universidad católica que contempla en silencio la victoria de la pancarta sobre la ley, que se desarrolla a solo 500 metros de sus nobles aulas.
Con todo, para mí lo más escalofriante ha sido una expresión de una de las vecinas contrarias a la discoteca que ha declarado con sincero desparpajo: “Es una lástima que la gente no pueda ser dueña de sí misma y rechazar lo que a casi nadie nos gusta”. Me extraña que a la oposición minoritaria, que tanto ha jaleado las protestas, no le cause inquietud una reivindicación tan nítidamente partidaria de la piedra de moler.
¡Ay de aquel que escandalice! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar. (Lucas 17,1-6). Da la impresión de que nuestra rica tradición católica está mucho más a flor de piel de lo que podríamos pensar. Al menos así lo parece en Bilbao, donde estamos asistiendo en las últimas semanas a la condena social de unos empresarios que se han creído que podían acogerse a la ley para abrir una discoteca en un edificio industrial en el que tal actividad está permitida. La reacción de los vecinos del entorno entra dentro de lo esperable. A nadie le gusta tener un lugar que genere movimientos y ruido nocturno cerca de su casa.
Lo que ya resulta mucho menos admisible es la vehemencia y pasión con que nuestro Ayuntamiento se ha mostrado no ya comprensivo con los vecinos, sino dispuesto a evitar a toda costa que ese proyecto -insisto- legal, pueda llegar a buen fin. Las manifestaciones públicas de nuestros ediles han sido tan inequívocas que sin duda habrán contribuido a tranquilizar al vecindario. Aunque se reconoce oficialmente que no hay nada que reprochar a los promotores los responsables de nuestro gobierno municipal se han mostrado dispuestos a mirar “con lupa hasta el último centímetro” del proyecto, con un evidente y manifiesto deseo de encontrar como sea algún resquicio jurídico que les permita impedir que la discoteca abra. Eso sí, procurando evitar que un desliz obligue a nuestra corporación, ya escaldada por otros casos, a indemnizar a un particular al que se le estaría negando su derecho a una actividad legal.