¿Bases para qué educación?

Vaya por delante que escribo estas líneas tras una larga espera. Pretendía que las aguas se remansaran, o, lo que es lo mismo, que las varias lecturas del documento, que detallaré, sirvieran para hacer una reflexión pausada, con argumentación limpia de sentimientos negativos. Un tiempo muerto, vamos, que acallara la indignación sentida.

Tal y como se anunció, el pasado 8 de febrero se hizo público el documento titulado “Borrador de bases para una educación del siglo XXI”. Se trata de una propuesta de informe del presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Vasco. Sólo con ello, aparecen las preguntas: ¿El documento es el resumen de las intervenciones realizadas por los agentes educativos participantes en la Comisión de Educación? ¿Es la primera valoración del presidente de la Comisión o responde a la opinión de su partido? Las respuestas son inquietantes, a la vista de las valoraciones que unos -agentes educativos- y otros -partidos políticos- han realizado en esta semana y media: el documento parece haber sido escrito exclusivamente del puño y letra del presidente, inducido o dirigido por el propio partido nacionalista, que salió a los medios para avalar el amplio consenso político conseguido con el mismo.

El propio título, a su vez, acerca a una cierta decepción. ¿Por qué habla de bases y no de pacto? ¿No se trata de sentar las bases de un acuerdo político (algunos/as defendemos que también ineludiblemente social)? Elegir el término “Bases”, además de mantener un hilo conductor con el proyecto fallido que encabezó la anterior Consejera de Educación, manifiesta ideas preconcebidas, apunta líneas de actuación, desbroza el camino para objetivos ya preseleccionados. Elegir “Pacto”, sin embargo, denota una mano tendida, una declaración de intenciones de participación, sugiere compromisos compartidos, de renuncia de ciertas creencias propias en pos de un acuerdo común. Las palabras elegidas siempre definen intenciones y condicionan interpretaciones, nunca son neutras.

 Avancemos. El documento, de 23 páginas, dedica las dos primeras a la declaración de intenciones que se desean trasladar. Nuevamente aquí surgen dudas con algunos términos y frases empleadas. Por ejemplo, considera que la educación vasca, a lo largo de su historia, ha hecho de la resiliencia una de sus principales fortalezas. ¿Para defenderse frente a quién o qué? cabría preguntar. Cualquiera de las dos acepciones que ofrece la RAE para este término genera inquietud: capacidad de aceptación frente a un agente perturbador o mecanismo para recuperar el estado inicial de un cuerpo.

Miremos por donde miremos, del texto se desprende que la educación vasca ha sido mera superviviente de situaciones dañinas que pretendían cambiar el espíritu de algo que no se concreta (¿el Pueblo Vasco, quizás?). Sin embargo, en esta misma introducción se apela, líneas más abajo a la necesidad de elaborar una ley que “haga justicia a la evolución histórica de nuestro país”. ¿Qué o quién no ha reconocido los méritos o virtudes de nuestro sistema educativo? ¿A quién debemos sacar del error que se comete con una valoración negativa? ¿Se trata de convencer al contrario, a quien tenga otra opinión o de reafirmar a los/as propios/as de creencias en entredicho?

Continuemos. Entre las novedades del texto, señalaré las principales aportadas, aunque mantengo mis dudas de si son realmente ideas nuevas o adaptaciones de otras ya en funcionamiento y a las que se quiere dar nueva vida.

El contrato-programa, por ejemplo, se presenta como el instrumento jurídico, económico, financiero y de planificación estratégica para establecer las relaciones entre el Departamento de Educación y los centros educativos. Más allá de las dudas que plantea recurrir a tal figura -por más que sea una forma de relación habitual en las universidades y una oportunidad de ingreso del sector privado en ámbitos públicos concretos- puede generar nuevas diferencias entre centros en función de la distribución de recursos económicos y personales que se distribuyan a unos y no a otros. ¿Bajo qué criterios el Departamento asignará tales contratos-programa? ¿Servirán para disminuir la inequidad actual o, como ocurre frecuentemente, mantendrán a los “centros VIPs” en una situación de mayor distancia, dadas las facilidades que tienen para informarse, acudir a convocatorias e iniciar experiencias?

El borrador habla también de la creación de un novedoso Consejo de la Escuela Pública Vasca para “identificar y defender sus necesidades e intereses”, lo que parece indicar que ya no será el Departamento de Educación el encargado de hacerlo, al colocarse por encima, ¿como ente que dilucidará otras cuestiones de mayor trascendencia? Lo cierto es que visto el escaso empeño que ha puesto en los últimos doce años, quizás sea lo más sensato: encargar a otro organismo que defienda lo que la Consejería no ha sabido -o querido- hacer.

En el texto aparecen también dos nuevas creaciones que responden a los títulos rimbombantes de Instituto para el aprendizaje del euskera y del Centro de Innovación del Aprendizaje. En el primer caso, se pretende dar un nuevo impulso al euskera a través de formación al profesorado, documentación adecuada, estudios, prospecciones… En el segundo, formar, asesorar en innovación pedagógica al profesorado y a los centros. ¿No recuerdan ambos casos en gran medida al programa IRALE y al Berritzegune Nagusia? ¿No se estará ofreciendo dos nuevos programas para realizar el mismo servicio que ya se estaba haciendo? ¿Estarán haciendo bueno otra vez el dicho ese de que cada maestrillo trae su librillo?

Mención aparte requiere la contundente frase utilizada sobre la gratuidad de la enseñanza obligatoria (“El Gobierno Vasco garantizará la gratuidad real eliminando las cuotas de escolarización”) Así de simple. Se reconocía de facto la existencia de unas cuotas ilegales que realizaban los centros concertados, cuando entre los requisitos para la concertación estaba el cumplimiento de la ley, verbigracia, la impartición en las etapas obligatorias de una enseñanza sin cuotas posibles. ¿Se acaba de reconocer por parte de las instituciones -Parlamento y Gobierno Vasco- que se han estado concertando unos centros que no cumplían con la ley? ¿Han terminado por aceptar el repetitivo argumento de las patronales educativas que las justificaban en base a una financiación insuficiente? ¿Cómo explican entonces la diametral diferencia de instalaciones e infraestructuras entre los centros de ambas redes?

La última novedad, que aporta el documento -esperada, dadas las noticias previas lanadas oportunamente- tiene que ver con el espacio dedicado a crear nuevos aires para el tratamiento del euskera, como lengua minoritaria. Lo preocupante es que para ello se dediquen 5,5 páginas del total de 22 que supone todo el documento y la única novedad sustancial sea que el euskera pasará a ser el eje vertebrador del sistema; de un sistema plurilingüe, por cierto, donde es toda una incógnita de qué modo serán tratados el resto de idiomas (castellano, lengua extranjera, lenguas y culturas propias del alumnado).

Precisamente, mencionar el tratamiento de las lenguas descuidadas conduce hacia olvidos (¿voluntarios? ¿inesperados?) abundantes y de importancia en este borrador. Empezando por la falta de información sobre el sistema de financiación que se utilizará. Más allá de las buenas intenciones de crear un

“Servicio Vasco de Educación” integrado por todos los centros que cumplan con los principios y objetivos establecidos por la ley, asumiendo los compromisos y obligaciones que de ella partan, no se dice nada. Es cierto que tampoco, a estas alturas de la película, necesitamos más. Se nos ha agudizado el olfato y la experiencia nos completa ciertas ausencias o ausencias como esta.

Se debe entender que en este nuevo SVE estarán centros públicos y privados que acepten las condiciones impuestas. Pregunta del millón: ¿Qué lo diferencia de la situación actual de financiación para centros públicos y concertados? Respuesta inducida: una fundamental: se aumentará significativamente la financiación de los centros privados que acepten, aparentemente lo mismo que los centros públicos, pero conservando aquellos la titularidad privada y las actuales competencias de ideario, selección de personal, alumnado, infraestructuras y un largo etcétera. El único y principal cambio anunciado es que estos centros privados deberán ofrecer una enseñanza gratuita, sin cuotas periódicas. Por cierto, ¿no se mantiene todavía ese mismo requisito para recibir la concertación actual? Si es consciente el Gobierno Vasco de que existen tales cuotas, ¿por qué no ha rescindido la concertación? ¿Por qué, entonces, en la situación actual - elaboración de una ley aparentemente más restrictiva con los centros incumplidores- se ha aprobado un nuevo Concierto educativo de 6 años de duración, en las mismas condiciones que las anteriores?

Y ello nos lleva a mencionar otro olvido clamoroso: ni una sola mención a la situación actual de dualidad de redes educativas. La enseñanza pública se menciona una única vez; la concertada, de tal manera, ninguna. ¿Por qué? ¿Es esta la forma de superar la actual situación de dos redes prácticamente con igual matriculación del alumnado? ¿Por esta razón se ha olvidado el texto de mencionar la primacía de la red pública como eje del sistema educativo vasco? ¿Se la ignora por ser la única receptora de la diversidad cultural, garante de igualdad de oportunidades, defensora de una enseñanza crítica, laica, democrática, compensadora de desigualdades y equitativa?

Preguntas varias cuyas respuestas son más que obvias, si nos atenemos a las declaraciones recientes del propio Consejero de Educación, Bildarratz que ha afirmado, sin ningún género de dudas, la necesidad de superar la actualidad dualidad público-privado con una premisa concreta: esencialidad de la escuela pública y complementariedad de la red concertada. No ha dicho subsidiariedad, sino complementariedad, de igual a igual; no puede existir una sin la otra.

Dejo para el final la referencia al tratamiento de la segregación escolar que hace el borrador. Es cierto que no la ignora, cuestión que resultaría difícil de explicar siendo Euskadi la segunda Comunidad Autónoma más segregadora (tras la madrileña) del tercer país más segregador de la UE. Este término aparece tres veces citado, referido a la elección de centro de las familias, a los centros sostenidos con financiación pública y como una de las funciones de los Consejos Escolares Locales. De esta manera, se traslada la impresión de que el tema resulta poco interesante para el/los/las autor/es/as del documento en cuestión.

Solucionar la segregación escolar es un asunto de máxima trascendencia y no lo cuestiona prácticamente nadie, como se ha podido apreciar por las alusiones realizadas por la mayoría de los agentes educativos intervinientes en la Comisión parlamentaria. No parece, sin embargo, que sea un asunto capital señalado en el documento.

En resumen, el documento comentado aparece como un catálogo incompleto -ni mención al currículo educativo (¿habrá nuevo Heziberri?)-, incoherente (mezcla en un totum revolutum funciones y especificidades de centros públicos y concertados) y absolutamente innecesario (se acude a la exaltación de la autonomía de los centros, cuando está recogido en la Ley de la Escuela Pública Vasca, de 1993, 29 años recién cumplidos sin importar a las Consejerías su desarrollo en todo este tiempo).

¿Bases para qué educación vasca? La respuesta, con este borrador es más que decepcionante: para una educación elitista, que iguala en categoría a las dos redes, independientemente del esfuerzo integrador que realice cada una. Una educación que pretende mantener y consolidar el estatus quo actual, amable para los grupos socialmente más favorecidos y que se identifican ideológicamente con los partidos políticos mayoritarios.

Volviendo la vista atrás, uno se pregunta si era necesario tal desgaste de energía y dispendio económico para un resultado tan decepcionante. Algunos/as están a punto de hacer buena la recomendación del Quijote a un Sancho Panza, ya gobernador de la Ínsula Barataria:

“No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella”.

Vaya por delante que escribo estas líneas tras una larga espera. Pretendía que las aguas se remansaran, o, lo que es lo mismo, que las varias lecturas del documento, que detallaré, sirvieran para hacer una reflexión pausada, con argumentación limpia de sentimientos negativos. Un tiempo muerto, vamos, que acallara la indignación sentida.

Tal y como se anunció, el pasado 8 de febrero se hizo público el documento titulado “Borrador de bases para una educación del siglo XXI”. Se trata de una propuesta de informe del presidente de la Comisión de Educación del Parlamento Vasco. Sólo con ello, aparecen las preguntas: ¿El documento es el resumen de las intervenciones realizadas por los agentes educativos participantes en la Comisión de Educación? ¿Es la primera valoración del presidente de la Comisión o responde a la opinión de su partido? Las respuestas son inquietantes, a la vista de las valoraciones que unos -agentes educativos- y otros -partidos políticos- han realizado en esta semana y media: el documento parece haber sido escrito exclusivamente del puño y letra del presidente, inducido o dirigido por el propio partido nacionalista, que salió a los medios para avalar el amplio consenso político conseguido con el mismo.