El derecho a decidir de los inversores

Mientras aquí algunos partidos que se dicen de izquierdas nos marean con el derecho a decidir, fuera de aquí, desde Bruselas, otros están decidiendo ya por nosotros, sin la molestia de tener que idear combinaciones de Gobierno. Ni se plantean siquiera que un Gobierno de distinto signo pueda hacer algo diferente a lo que ha venido haciendo el del PP. Todo lo contrario, nos reiteran que tenemos que seguir ahondando en las políticas de austeridad y de recortes sociales puestas en marcha por la derecha en todos estos años. Hay que reconocer, pues, que, para los rectores europeos, Rajoy nos lo ha dejado todo atado y bien atado.

Nada, pues, de hacer tonterías ni albergar ideas descabelladas, porque ni va a haber flexibilidad en materia de déficit ni se van a revertir las reformas (o contrarreformas) del Gobierno de Rajoy, y muy particularmente la reforma laboral. Y, por supuesto, los más de 8.000 millones de recortes suplementarios en el gasto público es algo que va a misa y no hay más que hablar. Nos lo vienen recordando, día sí y día también, esos señores que rigen lo que popularmente llamamos Europa; o, más pomposamente, Unión Europea; un ente cada vez más extraño, porque unas veces se llama Comisión Europea; otras, Consejo Europeo; otras, Eurogrupo; y, cuando se cabrea con algún país díscolo, pasa a llamarse la Troika sin más contemplaciones, en compañía de cualquier Lagarde que pase por allí.

Hay, nos dicen, valores que un Gobierno serio tiene que compartir con sus socios europeos. Y eso excluye aventuras políticas que hagan peligrar las inversiones y pongan de los nervios a los “mercados”. Por eso, Jean Claude Junker, aun sin querer inmiscuirse en el debate político interno (¡faltaría más!), ya advierte que el Gobierno estable que reclama para España, aunque lo tengan que definir los españoles, “normalmente es fácil saber lo que es”. Bastante fácil, es verdad. Podría haber añadido sin mayor reparo: “Es la derecha, imbécil”.

Es verdad que la nuestra, aunque haya sido la más votada en las pasadas elecciones, no da excesivas muestras de proporcionar estabilidad alguna. Sobre todo cuando vemos que el partido que la sustenta, paladín de la unidad de España, está siendo desmantelado por un Cuerpo tan emblemáticamente español como la Guardia Civil. Pero también es verdad que hace ya tiempo que las normas hoy en vigor en el ámbito europeo funcionan para que la derecha política (o, cuando menos, sus valores y objetivos) sigan acomodando el poder político al ritmo que le marcan los poderes económicos.

Son ellos -los inversores, las grandes empresas, los mercados- quienes toman las verdaderas decisiones, al margen de lo que digan los ciudadanos en las urnas. Que, por otra parte, empiezan a ver como algo molesto y cada vez más irritante. De ahí su interés en dejar sentado previamente que el voto de la gente no puede en ningún caso introducir cambios sustanciales en un modelo económico que es el único posible y deseable. Y de ahí también su insistencia en la necesidad del “voto responsable” que refuerce el sistema y en la del castigo postelectoral a quienes votan “irresponsablemente”.

Porque al final, para los inversores, hay opciones electorales buenas y malas y sus consecuencias saltan a la vista. Basta comparar la severidad con que la Unión Europea reconvertida en Troika trató a los griegos y la condescendencia concedida a los británicos; las normas europeas de obligado cumplimiento que se le exigieron a Tsipras y las alfombras rojas que se le han colocado a Cameron para acomodar esas normas a los intereses nacionales de Gran Bretaña, en perjuicio de los derechos sociales de sus inmigrantes. Porque, tal como están las cosas, no parece que los derechos sociales tengan demasiado futuro en Europa.

Vistas así las cosas, y por paradójico que parezca, no es descabellado pensar que ese derecho a decidir que tanto enfrenta a las fuerzas de izquierda en España, va a ser un elemento clave para la credibilidad del próximo Gobierno y del sistema político en general. Y no precisamente por las razones de quienes lo vienen invocando para crear nuevas naciones y 'nacioncitas' en el solar hispano, sino en función de todo lo que hay que decidir en este país para restablecer el Estado de bienestar y recuperar los derechos sociales de la gente. Y resulta evidente que los representantes políticos serán más creíbles si son ellos, y no los intereses privados, los que tomen las decisiones que tienen que ver con el futuro de las mayorías. Es de suponer que trabajo no le va a faltar en este sentido al nuevo Gobierno, al menos si es Pedro Sánchez quien consigue presidirlo.

Mientras aquí algunos partidos que se dicen de izquierdas nos marean con el derecho a decidir, fuera de aquí, desde Bruselas, otros están decidiendo ya por nosotros, sin la molestia de tener que idear combinaciones de Gobierno. Ni se plantean siquiera que un Gobierno de distinto signo pueda hacer algo diferente a lo que ha venido haciendo el del PP. Todo lo contrario, nos reiteran que tenemos que seguir ahondando en las políticas de austeridad y de recortes sociales puestas en marcha por la derecha en todos estos años. Hay que reconocer, pues, que, para los rectores europeos, Rajoy nos lo ha dejado todo atado y bien atado.

Nada, pues, de hacer tonterías ni albergar ideas descabelladas, porque ni va a haber flexibilidad en materia de déficit ni se van a revertir las reformas (o contrarreformas) del Gobierno de Rajoy, y muy particularmente la reforma laboral. Y, por supuesto, los más de 8.000 millones de recortes suplementarios en el gasto público es algo que va a misa y no hay más que hablar. Nos lo vienen recordando, día sí y día también, esos señores que rigen lo que popularmente llamamos Europa; o, más pomposamente, Unión Europea; un ente cada vez más extraño, porque unas veces se llama Comisión Europea; otras, Consejo Europeo; otras, Eurogrupo; y, cuando se cabrea con algún país díscolo, pasa a llamarse la Troika sin más contemplaciones, en compañía de cualquier Lagarde que pase por allí.