Como hoy he despertado con ansias reivindicativas, he decidido apuntarme al derecho a decidir. Basta con que alguien me explique –mejor con palabras que con kalejiras- qué es lo que significa y cuáles van a ser sus efectos benéficos sobre la población vasca. Yo, lo anuncio desde ahora, estoy por el derecho a decidir y, más aún, por la independencia. Siempre, claro está, que entendamos ambos conceptos como los entienden esos dos jóvenes que, en una viñeta de El Roto, declaran categóricos: “Estamos por la independencia. Para empezar nos gustaría no tener que seguir viviendo en casa de nuestros padres”.
No estoy demasiado seguro de que el PNV vaya por ahí, pese a que tenga el derecho a decidir como principio irrenunciable de ese proyecto que nadie conoce y que recibe el nombre de Nuevo Estatus de Euskadi. Porque los hechos son los hechos. Y los hechos evidencian que, pocos días antes de que Andoni Ortuzar, decidiera secundar los festejos organizados por los de Gure Esku Dago en los estadios de Euskadi, el partido de Ortuzar, en el Parlamento vasco, hacía causa común con el PP para negar a los jóvenes, y a quienes necesitan algo tan básico como una vivienda, el derecho efectivo a poder decidir sobre su propia vida.
Y lo mismo ha ocurrido en otros muchos temas, claves para el bienestar de la gente, en los que el Gobierno del derecho a decidir podía haber tomado decisiones que no tomó. O tomó demasiado tarde. O las tomó siguiendo con docilidad perruna los criterios del Gobierno de Rajoy. Por ejemplo, en su intento inicial, por suerte fracasado, de imponer un tajo presupuestario de más de 1.000 millones de euros en recortes sociales. O en el retraso impuesto a la aprobación de nuestra Ley Municipal, a la espera, según explicó el portavoz del Gobierno de Urkullu, de que el Gobierno de Madrid culminara su Ley de Reforma de la Administración Local (que, por otra parte, el PNV suscribió en el Congreso de los Diputados).
Y al final, por paradójico que parezca, resulta que el Gobierno del derecho a decidir ha tenido que ir decidiendo, con desgana y con el pie cambiado, sobre cosas en las que podía y no quería decidir (en política fiscal, por ejemplo), gracias a las presiones de quienes, como los socialistas, no aceptan el derecho a decidir, pero quieren que se decida, en beneficio del bienestar de la ciudadanía. Puede todo esto parecer un galimatías; o, mejor una prolongación de la parte contratante de la primera parte, en el mejor estilo de las películas de los Hermanos Marx. Pero es que la política vasca tiene mucho de grouchomarxista. Y, por eso, así como sabemos lo que unos quieren que decidamos, seguimos aún sin saber qué es lo que quieren quienes reclaman el derecho a decidir.
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