Euskadi, ¿racista?

Dicen que uno no se da cuenta de cuánto de interiorizados están los mensajes racistas en su forma de entender y mirar el mundo hasta que le toca convivir con la diversidad y tratar con ella en el día a día. Durante siglos, el pueblo vasco ha permanecido ajeno a las corrientes migratorias que han cruzado el continente europeo. Pero desde hace ya unas décadas, nuestra sociedad es cada vez más diversa y multicultural. Mujeres y hombres de otras nacionalidades y orígenes han llegado a estas tierras y conviven entre nosotros, cuidando a las personas mayores, trabajando en las fábricas, en la hostelería, en la construcción, en la Sanidad pública o en cualquier oficina 

En Euskadi había 253.000 personas de origen migrante en el año 2022 y, según datos del Eustat, cinco de cada cien se encuentran en situación irregular, con lo que podemos calcular que casi 12.500 personas están en dicha situación. Informes del tercer sector alertan de que, además, habría alrededor de 10.000 niños y niñas en Euskadi en situación administrativa irregular, que no pueden acceder a los derechos más básicos. Son vascas y vascos que hoy en este país merecen ver reconocidos sus derechos humanos.

Porque las políticas migratorias tienen que estar hechas para personas. La regulación de las políticas en materia de migraciones, nacionalidad y residencia dependen del Estado español. Por esa razón la ILP se presentó en el Congreso de los Diputados en Madrid el pasado 21 de febrero. En ella se insta a la Cámara legislativa a votar y aprobar una regularización extraordinaria, para conceder la ciudadanía y todos los derechos que ella conlleva a más de 500.000 personas, mujeres, hombres, niñas, ancianos, … que estuvieran en territorio español antes de diciembre de 2021.

Es un largo proceso legislativo el que tiene que recorrer cualquier proposición de ley, incluida una que tenga origen en la iniciativa popular, que nazca de la ciudadanía y de las organizaciones sociales, como en esta ocasión. Cualquier partido representado en el Parlamento puede hacer una proposición de ley, pero si lo hace la ciudadanía el requisito es lograr que la apoyen 500.000 firmas en el Congreso de los Diputados. La ILP del movimiento Regularización YA presentó al Congreso más de 700.000. A lo largo de todo el año 2022 más de 1.500 organizaciones civiles han recogido firmas por todo el Estado, lideradas por organizaciones y personas migrantes han conformado un sujeto político que refleja una realidad social. Un sujeto político compuesto por gente que nació en muchos lugares distintos, transversal y diverso, que se articula en torno a una lucha común y que es invisible para las instituciones.

El objetivo estaba en poder llegar a presentar esta propuesta antes de que finalizara la legislatura, por la oportunidad que supone “el Gobierno del cambio”. Las políticas y posicionamientos públicos de las derechas y la ultraderecha en torno a la migración hacen urgente adoptar medidas que protejan a la población de orígenes diversos frente al discurso del odio y la xenofobia.

En Euskadi el comité vasco de la ILP ha tenido también un recorrido espectacular. En apenas unos meses tras su constitución desbordó plazas, mercados, calles, altavoz en mano enfrentó el rechazo y la indiferencia, y recogió firmas en capitales, pueblos y ciudades más y menos pobladas, por toda la geografía vasca. El Parlamento Vasco también contempla la fórmula legislativa de la ILP, en nuestro caso se requieren 10.000 firmas. El comité vasco de la ILP recogió en la comunidad autónoma vasca más de 70.000. Rúbricas de vascas y vascos, esos sí con derechos, ya que se exigía, para que la firma fuera válida, tener nacionalidad española. Ese número de firmas permitiría presentar en el Parlamento Vasco hasta siete iniciativas legislativas populares.

Por esa razón y a petición del comité vasco de la ILP, el grupo Elkarrekin Podemos-IU junto con EH Bildu presentamos el 23 de marzo en el pleno del Parlamento Vasco una proposición de apoyo a la campaña de regularización, reconociendo la necesidad de cambios en las políticas migratorias e instando al Congreso a tramitar la ILP para su aprobación.

Estamos abogando, además, por un modelo propio vasco de acogida que ponga la ciudadanía universal en el centro. Apostamos por la transferencia de las políticas de acogida e integración de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, y también de personas migrantes, pero, ¿qué estamos ofreciendo a la población que hoy vive en Euskadi y que nos pide que marquemos nuestra posición política, cómo queremos legislar sobre sus vidas y sus derechos?.

En pleno debate preelectoral en que los partidos se distancian y toman posturas antagónicas para reclamar votantes, ese día la mayoría de la Cámara vasca se posicionó de forma unitaria reconociendo al movimiento y a la causa de Regularización YA. La iniciativa salió adelante gracias a los votos de la práctica totalidad de la cámara, 68 votos a favor, todos los partidos, salvo la derecha y la ultraderecha. Tras meses de comparecencias del comité vasco de la ILP en la Cámara, de negociaciones entre los grupos y de un esfuerzo de todas las partes por lograr un texto común que, a pesar de todo, debería ser más ambicioso.

Una semana después, esta misma iniciativa se está aprobando en cascada en otros muchos municipios de Euskadi: Bilbao, Donostia, Getxo, Hernani, Errenteria, Elgoibar, Aretxabaleta, Bergara, Tolosa, … Desde Elkarrekin Podemos-IU estamos presentando la propuesta de la mano de los colectivos sociales y racializados, recabando el apoyo de los y las representantes de la ciudadanía vasca por todo el territorio.

Creemos que el modelo vasco de acogida debe ser un modelo de carácter integral basado en la ciudadanía universal y que proponga una Euskadi como verdadero lugar de acogida para todas las personas, garantizando una protección incondicional, individualizada y cercana a todas las personas migrantes y refugiadas. 

Esto es en verdad poner “la vida en el centro”. La vida es poder ir al médico, tener unas condiciones laborales dignas, acceder a la educación pública, al euskaltegi municipal, pagar sus impuestos en nuestras haciendas forales, … y tantos otros derechos y obligaciones que les corresponden como ciudadanía vasca que son. El racismo es un sistema de exclusión que se basa en el color de piel, o en el idioma que se habla o en cumplir con procesos administrativos de entrada y salida de un país. Y bajo esas premisas establecer mecanismos de exclusión a partir del no reconocimiento de derechos básicos.

Hoy la ciudadanía vasca esta dando un ejemplo de qué tipo de modelo vasco de acogida quiere para este país; un modelo basado en la regularización de las personas migrantes que viven entre nosotros. Y sus representantes políticos están siendo consecuentes con ello, más allá de las siglas y los modelos, hay concertación en torno a un consenso: los derechos humanos. Un ejercicio de buena política, de consenso, de cesiones, de reconocimiento, de no electoralismo, un ejemplo de cómo la política puede hacer dignas las vidas de personas que, demasiadas veces, son invisibles ante nuestros ojos.

Dicen que uno no se da cuenta de cuánto de interiorizados están los mensajes racistas en su forma de entender y mirar el mundo hasta que le toca convivir con la diversidad y tratar con ella en el día a día. Durante siglos, el pueblo vasco ha permanecido ajeno a las corrientes migratorias que han cruzado el continente europeo. Pero desde hace ya unas décadas, nuestra sociedad es cada vez más diversa y multicultural. Mujeres y hombres de otras nacionalidades y orígenes han llegado a estas tierras y conviven entre nosotros, cuidando a las personas mayores, trabajando en las fábricas, en la hostelería, en la construcción, en la Sanidad pública o en cualquier oficina 

En Euskadi había 253.000 personas de origen migrante en el año 2022 y, según datos del Eustat, cinco de cada cien se encuentran en situación irregular, con lo que podemos calcular que casi 12.500 personas están en dicha situación. Informes del tercer sector alertan de que, además, habría alrededor de 10.000 niños y niñas en Euskadi en situación administrativa irregular, que no pueden acceder a los derechos más básicos. Son vascas y vascos que hoy en este país merecen ver reconocidos sus derechos humanos.