Impacto de la política en la reforma de las pensiones

Es una práctica habitual renegar de la política, culpando a la clase política de todos los males del universo, sabiendo que quienes gestionan la cosa pública tienen un margen de actuación limitado. Los Gobiernos de izquierdas se ven más acosados que los de derechas, incluso por sus votantes. Cuando llega la alternancia, está asumido que las medidas regresivas aplicadas por los conservadores las tendrán que desmontar los progresistas, sin amainar entretanto los reproches. En cualquier cambio político o social intervienen diversas variables. Se nota desde el 2018 en la reforma de las pensiones, incidiendo movilizaciones, negociaciones y acuerdos presupuestarios. De modo que ni partidos, ni sindicatos, ni pensionistas se puede atribuir en exclusiva los logros alcanzados, tampoco desentenderse de los fracasos.

Las medidas progresistas dependen de la voluntad política de los Gobiernos, dentro de los límites que prefiguran las circunstancias concretas. Un caso paradójico es Rodríguez Zapatero, forzado a priorizar en el artículo 135 de la Constitución el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto del Estado. En vez de denunciar esa intromisión en los asuntos internos del país, calló y obedeció. Tres meses después, el 20 N del 2011, el PP obtuvo la mayoría absoluta que desembocó al menos en tres desastres: reforma laboral, reforma de pensiones y ley mordaza. 

El desconcertante arte de la política

Es un hecho constatable que la debilidad de los Gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, favorece la mejora de las pensiones. El apoyo del PNV a los presupuestos del 2018 supuso, en la práctica, la inaplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRV) que limitaba las mejoras a un mísero 0.25%. A la vez se difuminó el Factor de Sostenibilidad de las Pensiones (FSP), que no llegó a aplicarse nunca. Hasta el PP renunció a defenderlo en las deliberaciones del Pacto de Toledo. Antes de anularla resultaba inviable la funesta reforma de las pensiones del 2013, aunque no se hubiese oficializado todavía su desaparición y repicase  a través de la megafonía en actos reivindicativos.

Un Gobierno fuerte, sin oposición, actúa con prepotencia. Ocurrió en el 2013 con Rajoy en Las Moncloa coincidiendo, conforme queda dicho, la reforma de pensiones con la ley mordaza que reverencian las derechas amantes de la impunidad policial. Cuando el Gobierno es frágil necesita apoyo externo para aprobar las cuentas del Estado. Los equilibrios políticos, en este caso aplicados a reformar las pensiones, traen resultados sorprendentes. Lo sucedido con el PNV el 2018 se repite ahora, en particular con ERC, que para aprobar los presupuestos del 2022 pide, entre otras actuaciones, la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que se estaba reclamando con recogida de firmas.

El Gobierno se compromete a revisar ingresos y gastos para cuantificar la factura asumida de forma impropia entre 1967 y 2019. La transparencia y la rendición de cuentas son positivas, aunque se trate de asuntos tan complejos como la denominada “deuda histórica”, estimada en 500.000 millones de euros. Si el excedente de las cotizaciones en años de bonanza se dedicó a financiar obras públicas tales como escuelas y hospitales, sin que mediase malversación de fondos, fue una buena contribución de la clase trabajadora al bienestar del conjunto de la sociedad. Si la auditoría confirma esa cuantía u otra similar, quedaría zanjada para siempre la pretendida crisis de las pensiones.

La geopolítica hispana influye en la reforma de las pensiones. Las cuentas del Estado y las de Catalunya se apoyan en equilibrios territoriales que dan soluciones federalistas a problemas comunes. ERC y EH Bildu consiguen además en la negociación presupuestaria que la edad de jubilación de Mossos d'Esquadra y Policía Foral Navarra sea a los 59 o 60 años, como el resto de fuerzas policiales. Era un agravio comparativo, no mayor que penalizar las pensiones tras cotizar 40 o más años, conforme denuncia la Asociación Asjubi40. Llevar un uniforme no debería tener ninguna ventaja sobre cualquier otra profesión. La actividad policial no es más dura ni más peligrosa que otras muchas. Lo prueba un titular de elDiario.es/Euskadi publicado el 5 de diciembre: “Un accidente laboral se cobra la vida de un operario en Euskadi cada once días”.

Contra la izquierda, desde la izquierda

El ejercicio de la política es una de las facultades humanas que diferencia a los seres racionales de los irracionales. Se puede y se deben cuestionar políticas concretas, pero no toda la política. Hay gente que se considera de izquierdas, que al renegar de la política como instrumento de convivencia ciudadana favorece los intereses políticos de la extrema derecha. Por eso, algo no cuadra cuando asociaciones de pensionistas y de empresarios coinciden en el rechazo a una reforma de pensiones diseñada para desmontar la aplicada por Rajoy en 2013.

Sin embargo, hay grupos de pensionistas que no dudan en reclamar su presencia en mesas de negociación que tienen alcance político, pretendiendo representar a un colectivo de nueve millones de personas. Tarea compleja sabiendo que hay cientos de asociaciones con proyectos distintos. Se lanzan órdagos que prueban escasa capacidad de diálogo. El todo o nada nunca da buenos resultados. El maximalismo, la falta de realismo, el afán de protagonismo, la ausencia de un análisis preciso de la situación, explican el declive del movimiento de pensionistas.     

Mientras gobernó Rajoy no hubo huelgas en defensa de las pensiones públicas. Ni siquiera se les ocurrió a los aguerridos pensionistas de la izquierda abertzale. Al Gobierno de coalición ya le han dedicado una y amenazan con otra, convocando siempre ELA y LAB al amparo de la aspiración suprema al soberanismo. Los año 2018 y 2019, los más duros  y con mayor nivel de movilización, no hubo ninguna huelga general en defensa de las pensiones públicas. Se esperó a que el movimiento estuviese en retroceso para convocar en Euskadi y Navarra la huelga del 30 de enero de 2020 (tres semanas después de formarse el Gobierno de coalición). Esa huelga simbólica motivó la ruptura del movimiento de pensionistas. Desde entonces mantiene una trayectoria de progresión  inversa: + convocatorias = - participación.

Tras llegar la izquierda al Gobierno, se tachó el 0.25% de las pancartas. Se había logrado el objetivo del movimiento que brotó de forma espontánea en enero del 2018. Esa marea reivindicativa culminó con dos grandes movilizaciones: la del 17 de marzo agrupó en Bilbao a 115.000 personas, la del 16 de octubre concentró en Madrid a cientos de autobuses de todos los territorios, culminando así  las marchas que partieron de Rota y Bilbao. Basta comparar las cifras de entonces  con las actuales para comprobar que los grandes hitos de la historia no se repiten y que nadie se puede apropiar las conquistas del pasado.

En la próxima fase de la reforma el Gobierno modificará las pensiones mínimas, vinculando su evolución a la del salario mínimo interprofesional (SMI). Toca aparcar la mágica cifra de los 1.080 y reclamar, como ya hacen diversos grupos, la equiparación PM = SM. Se trata del objetivo pendiente que más puede contribuir a mejorar la equidad del sistema público de pensiones y a avanzar hacia la igualdad reduciendo la brecha de género.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional  planteaba dudas razonables. Se temía que fuese  una fórmula para reducir las futuras pensiones, equivalente al FSP de Rajoy. Pues no, se trata de un limitado incremento de cotizaciones que eldiario.es explicó el 16 de noviembre con este titular: “Dos euros menos de salario frente a 300 euros de recorte en la jubilación: así es el mecanismo de equidad de las pensiones”. Puede que la intención inicial de Escrivá fuese otra, en un gobierno plural se concilian enfoques políticos y económicos distintos. 

Actualización de pensiones con truco

Parecía que la revalorización de las pensiones que sacó a la calle al colectivo de pensionistas quedaba definitivamente garantizada al aprobar el Pacto de Toledo y el Congreso el reajuste anual con el IPC real. Pero resulta que en la Mesa de Concertación Social se ha interpretado de otra manera. En vez de tomar como referencia el IPC acumulado del año, como siempre se ha hecho con pensiones, salarios y multitud de asuntos, se aplicará el IPC medio. Eso supone que tras cuatro años aplicando el IPC real, en 2022 las pensiones perderán poder adquisitivo.

Según la página web de la Seguridad Social, el objetivo de la reforma aprobada en el Congreso el 2 de diciembre es: “garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones a través de un criterio de revalorización vinculado a la evolución de la inflación…”. Lo cierto es que al dispararse los precios, el año próximo las pensiones perderán poder adquisitivo. Los sindicatos CCOO y UGT deben explicar porqué han aceptado esa fórmula que crea un mal precedente, puede que la patronal esté pensando en llevarla a la negociación colectiva.  

No ha transcendido si ese nuevo recorte de las pensiones contributivas ha sido motivo de fricción entre los dos sectores del Gobierno. La reforma de las pensiones ha vuelto a ser ratificada en el Congreso por amplia mayoría, con el apoyo de ERC y sin votar en contra EH Bildu. Sin embargo, en la manifestación celebrada en Barakaldo la víspera, la consigna más coreada fue: “Escrivá kanpora” (Escrivá fuera). El rechazo  a la actuación del Ministro Escrivá cuadra con el artículo de opinión “Los compromisos frustrados sobre el sistema público de pensiones”, publicado en eldiario.es por Meri Pita, diputada canaria que ha representado a Unidas Podemos en el Pacto de Toledo y se abstuvo en la votación del Congreso.  Meri Pita proclama la necesidad de blindar las pensiones para que estén a salvo de los vaivenes políticos.  

Paradojas de la política soberanista

Las pensiones públicas sirven también para mostrar las disonancias del soberanismo vasco. Mientras EH Bildu facilita con su abstención la aprobación de las cuentas del Estado y de la reforma de las pensiones, sindicatos y asociaciones de pensionistas  afines marcan otro rumbo. Ejerciendo siempre de conciencia crítica de la política vasca, el Secretario General de ELA dedicó el último 1º de Mayo una frase lapidaria al PNV y EH Bildu: “No nos vendáis en Madrid”. Las declaraciones con motivo de la manifestación del 1 de diciembre siguen el mismo guion.

El sindicato LAB, que siempre justifica a la izquierda abertzale, el 2 de diciembre hizo una valoración poco grata para EH Bildu: “Los proyectos presupuestarios de Madrid, Navarra y la CAV nacen con claras lagunas de partida: se niega la participación social, se excluye el debate de la reforma fiscal del proyecto de presupuestos y se debilita la necesaria participación del sector público en la economía”. 

Las contradicciones van más allá, LAB denuncia: “La presión fiscal de la CAV es del 31,8%, lejos de la presión fiscal de la Unión Europea, donde asciende al 40,1%. Además, esa presión fiscal recae principalmente sobre las y los trabajadores”. LAB debería aclarar que el sector asalariado peor retribuido sufraga las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones de empleo (EPSV) que los cuatro sindicatos mayoritarios (ELA, LAB, CCOO, UGT) pactan en la negociación colectiva de las instituciones públicas y grandes empresas. 

Con el Movimiento de Pensionistas de EH, controlado por la plataforma abertzale Gaurgeroa, ocurre algo parecido. Por fin se han decidido a reconocer que las EPSV son un privilegio que favorece a quienes cobran “salarios por encima de la media general” y que“ cuentan con una desgravación fiscal en detrimento de unos ingresos fiscales para las cajas públicas, que aportamos toda la sociedad”. Deberían dar un paso más, proponiendo medidas para acabar con esa injusta situación y reclamando a los sindicatos con los que comparten movilizaciones  que dejen de apoyar esos productos financieros que han inspirado  los planes de empresa  que llevará el Ministro Escrivá a la segunda fase de la reforma de las pensiones.

Mientras EH Bildu sigue los pasos del PNV buscando legitimación política en el marco estatal, parece que el resto de la corriente abertzale permanece estancada en el “cuanto peor, mejor”. En el llamamiento a las manifestaciones convocadas por los sindicatos nacionalistas del País Vasco el 1 de diciembre en defensa de “ unas pensiones y unas condiciones laborales y de vida dignas”, se recuerda el apoyo a  “las movilizaciones del 13 de noviembre convocadas por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria”, haciendo referencia a “una posible huelga general” y precisando el lema de la convocatoria: “Soberanía para una vida digna”.

Es una práctica habitual renegar de la política, culpando a la clase política de todos los males del universo, sabiendo que quienes gestionan la cosa pública tienen un margen de actuación limitado. Los Gobiernos de izquierdas se ven más acosados que los de derechas, incluso por sus votantes. Cuando llega la alternancia, está asumido que las medidas regresivas aplicadas por los conservadores las tendrán que desmontar los progresistas, sin amainar entretanto los reproches. En cualquier cambio político o social intervienen diversas variables. Se nota desde el 2018 en la reforma de las pensiones, incidiendo movilizaciones, negociaciones y acuerdos presupuestarios. De modo que ni partidos, ni sindicatos, ni pensionistas se puede atribuir en exclusiva los logros alcanzados, tampoco desentenderse de los fracasos.

Las medidas progresistas dependen de la voluntad política de los Gobiernos, dentro de los límites que prefiguran las circunstancias concretas. Un caso paradójico es Rodríguez Zapatero, forzado a priorizar en el artículo 135 de la Constitución el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto del Estado. En vez de denunciar esa intromisión en los asuntos internos del país, calló y obedeció. Tres meses después, el 20 N del 2011, el PP obtuvo la mayoría absoluta que desembocó al menos en tres desastres: reforma laboral, reforma de pensiones y ley mordaza.