La justicia social como eje de la política educativa vasca

El pasado 30/11/2020 en un artículo en este mismo medio (“El difícil, pero posible, pacto escolar vasco”) proponía dos temas que deben considerarse prioritarios en la necesidad perentoria de acuerdos educativos que tiene la sociedad vasca: la lucha contra la segregación escolar y el currículum. En estas líneas quiero desarrollar por qué la cohesión social resulta un elemento clave para el futuro inmediato de la educación vasca, al hilo de los recientes debates educativos.

En efecto, en las últimas semanas hemos asistido a una descarnada confrontación en medios de comunicación y en redes sociales entre agentes representantes de diferentes sectores del sistema educativo de la CAPV. Se trata de un debate enmarañado y muy polarizado ideológicamente, pero en el que cabe reconocerse un doble cruce de ejes social e identitario. En cualquier caso, es un debate recurrente, que nos trasmite una sensación de hastío y de estancamiento, por el que algunos otros agentes han decidido apartarse o no aparecer y seguir a lo suyo. 

Personalmente considero que seguir insistiendo en argumentos demasiado ideologizados, por justos que parezcan a quienes los defienden (yo entre ellos), nos aboca al secular callejón sin salida en que vivimos décadas instalados. Me refiero a insistir en la “anomalía” de la escuela concertada en nuestro país, en la “orientación religiosa” de algunos centros, en la “libertad de elección” de centro, en el “estatalismo” de la Escuela Pública o en el “corporativismo privatista” de muchas cooperativas, solo por poner algunos ejemplos, tomados de unos y de otros. Afortunadamente el esfuerzo por la euskaldunización ya no nos divide tanto, ya no es monopolio de nadie. Todo el foco ahora parece puesto en dilucidar qué es lo público y si la titularidad es determinante o no. 

Las cuestiones planteadas no es que sean de segundo orden, ni mucho menos. Son fundamentales. Se trata simplemente de encontrar un portillo de salida a la esterilidad del debate, de encontrar un punto de desbloqueo que permita aunar voluntades de distintos sectores (no todas, tarea imposible), un punto de encuentro a partir del cual se reorienten y reformulen todas las otras cuestiones. Propongo que la mirada se centre como punto de partida en la cohesión social, en la justicia social. Naturalmente, no es un reenfoque neutro, pero es el posible para el encuentro entre diferentes, para examinar la realidad desde datos objetivos, para evaluarla con arreglo a parámetros acordados, por ejemplo, el Índice de Necesidades Educativas que atiende cada red, cada titularidad y cada centro, para tomar decisiones que obliguen a moverse o a quedarse fuera del consenso… y de las ayudas públicas. 

Combatir la segregación escolar implica hacer efectivo el principio de gratuidad

La cuestión de la segregación escolar, lo decía en el artículo antes mencionado, es, además, sistémica porque abordando este elemento crucial se mueven los cimientos del sistema conocido, para alumbrar nuevas realidades forzosamente reconfiguradas. Combatir la segregación escolar implica hacer efectivo el principio de gratuidad, acabar con el copago de las familias, acordar el coste de una plaza escolar, replantear la suficiencia o no de la financiación a los centros concertados, reformar la ya obsoleta normativa sobre los conciertos, obligar a mecanismos de trasparencia y control en la financiación, reorientar políticas de admisión de alumnado, examinar las posibilidades de ampliar el perímetro de la Escuela Pública, responder a la creciente mestización de la sociedad, adelantarse —quizá ya es tarde— a las olas de bajada de la natalidad, e incluso obliga a repensar las cuestiones lingüísticas. Todo ello es necesario, aunque debamos empezar por cumplir la normativa ya existente. 

Aunque no agota el debate sobre todas las importantes cuestiones pendientes, lo público, en primer término, debe definirse por el alineamiento con la justicia social. De esta forma, la lucha contra la segregación escolar se puede convertir en el punto de apoyo necesario para la palanca que transforme nuestro sistema educativo, desde el que tejer alianzas con la concertada de interés social, dejando fuera de la financiación a quienes no asuman sus responsabilidades con el conjunto de la sociedad y desde el que revisar también las diferencias y las prácticas entre los centros públicos. No es punto de llegada, pero debe ser el paso próximo e ineludible de la actual legislatura. Mucho de todo lo demás vendrá por añadidura. 

Aprovechemos la coyuntura que se presenta un poco más favorable que hasta hace poco: nuevos liderazgos en una legislatura vasca recién estrenada, la LOMLOE, que puede ser muy insuficiente para unos y un marco ajeno para otros, pero que representa un escenario más favorable para algunos replanteamientos. Y, en medio del ruido de algunos debates, las ganas que se perciben de, ahora sí, no dejar pasar la oportunidad de que las cosas cambien en la educación vasca. 

El pasado 30/11/2020 en un artículo en este mismo medio (“El difícil, pero posible, pacto escolar vasco”) proponía dos temas que deben considerarse prioritarios en la necesidad perentoria de acuerdos educativos que tiene la sociedad vasca: la lucha contra la segregación escolar y el currículum. En estas líneas quiero desarrollar por qué la cohesión social resulta un elemento clave para el futuro inmediato de la educación vasca, al hilo de los recientes debates educativos.

En efecto, en las últimas semanas hemos asistido a una descarnada confrontación en medios de comunicación y en redes sociales entre agentes representantes de diferentes sectores del sistema educativo de la CAPV. Se trata de un debate enmarañado y muy polarizado ideológicamente, pero en el que cabe reconocerse un doble cruce de ejes social e identitario. En cualquier caso, es un debate recurrente, que nos trasmite una sensación de hastío y de estancamiento, por el que algunos otros agentes han decidido apartarse o no aparecer y seguir a lo suyo.