Legalidad y legitimidad en el PSOE

Más allá de los fuegos artificiales de las referencias a El País, Telefónica y otros grandes pesos mediáticos y empresariales, la entrevista que Évole hizo a Sánchez en la Sexta dejó sobre la mesa un asunto de la mayor relevancia. Tiene que ver con la legitimidad de la actual dirigencia socialista para seguir tomando decisiones políticas en nombre del PSOE.

Fuera quien fuera el que le puso los palos en la rueda a Sánchez, lo cierto es que el primero de octubre el secretario general del partido fue desbancado de un modo que recuerda poderosamente al golpe de Estado light (pero por light no menos efectivo) que sacó del gobierno de Brasil a Dilma Rousseff y colocó en su lugar a Michel Temer. Una buena campaña de prensa calienta el ambiente, una jugarreta dudosamente legal deja la decisión en un órgano representativo con cuyos votos ya se cuenta y que le da el barniz de legitimidad democrática y sin un asomo de violencia, voilà, ya tenemos una nueva dirección política.

En el caso del PSOE, el problema reside tanto en la legalidad de lo hecho como, sobre todo, en la legitimidad de la nueva dirección para actuar políticamente en nombre del partido. La única legalidad que puede exhibir la gestora creada tras la dimisión de Sánchez es la que deriva de una situación de emergencia ante la falta de dirección. Nada más, porque, de hecho, su existencia no está prevista en los estatutos del partido, prueba determinante de su carácter de emergencia. Como tal, esa gestora no debería haberse ocupado más que de dos cosas: la gestión administrativa (hacer pagos, cumplir obligaciones, coordinar áreas…) y la convocatoria de un congreso extraordinario.

Su mayor problema, sin embargo, no es la legalidad, con ser tan tenue, sino la legitimidad. Por muy metepatas y pésimo líder político que uno pueda considerar a Sánchez no deja por ello de ser un hecho que la legitimidad de su mandato descansaba sobre bases sólidas, más que las de cualquier otro dirigente socialista precedente: a su elección en un congreso en julio de 2014, añadía la de haber sido elegido días antes por sufragio universal de los militantes del partido. Podrá decirse lo que se quiera sobre esa elección (que si fue elegido porque Susana Díaz le apoyó porque Eduardo Madina le asustaba, que si hubo una reunión de barones que avalaron esa elección con la condición de que no fuera candidato electoral) pero el hecho cierto es que Sánchez llegó a la secretaría general bien munido de legitimidad. Lo mismo podría decirse sobre su condición de candidato a presidente del gobierno, puesto que fue también designado mediante elección entre la militancia.

¿Y Javier Fernández? ¿Quién le ha elegido para dirigir el partido? Nadie, absolutamente nadie. El Comité Federal del 1 de octubre únicamente le nombró para presidir un colegio de personas cuya función es gestionar (de ahí su nombre) y convocar un congreso extraordinario. Esto es importante, porque cualquier actuación de calado político llevada a cabo por Fernández y esa gestora no solamente tienen claros visos de ilegalidad sino que, además, es totalmente ilegítima. Por ello, afirmar, como hace Javier Fernández, que se tomarán un tiempo (se supone que dilatado) para convocar el congreso con la excusa de que primero hay que pensar qué modelo de partido se quiere es un disparate. Precisamente para eso, para decidir que PSOE se quiere y quién debe dirigirlo es para lo que se debe convocar un congreso extraordinario y unas elecciones primarias que den legitimidad a dicho proyecto y liderazgo. Imaginen que ante un fracaso de Rajoy en la investidura, hubiera decidido que en vez de en diciembre las elecciones se realizarían en primavera para que, mientras tanto, fuéramos pensando los españoles qué modelo de país queremos. Inasumible ¿no? Pues eso.

Los poderes de naturaleza extraordinaria, sobre todo si, como es el caso, no están ni siquiera previstos en las normas fundamentales, deben limitarse extraordinariamente en sus funciones y en su duración. No por capricho sino porque corren dos riesgos: perpetuarse, incluso bajo forma electoral tras haber preparado convenientemente el terreno con la sartén por el mango, o ser desobedecidos. Esto último sería un consecuencia lógica porque en cualquier organización social de individuos libres e iguales la obediencia solamente puede descansar en la legitimidad que otorga la elección y a la gestora, repito, no la ha elegido nadie; ha sido designada pero no elegida.

Existe finalmente una razón de conveniencia para que el PSOE celebre a la brevedad ese congreso, y también la puso de manifiesto la entrevista de Évole a Sánchez. De lo dicho por el entrevistado se deduce con bastante claridad algo que ya se advertía a ojo: que en el PSOE había dos partidos. Uno más proclive a un entendimiento con la derecha (Ciudadanos y PP, por este orden pero sin descartar ninguno de los dos), opuesto frontalmente a cualquier acuerdo hacia la izquierda (Podemos) y completamente autista cuando se trata de hablar con los promotores de la independencia de Cataluña. El otro PSOE entiende que llegara acuerdos con el PP desdibuja al socialismo y que debe, por contra, entenderse con la otra izquierda, con Podemos. Así mismo plantean que tratar con los independentistas catalanes parece imprescindible tal y como está actualmente el patio. Efectivamente son dos proyectos bien diferentes que deben enfrentarse, debatirse y votarse en un congreso. La gestora al frente del PSOE claramente representa el primero de esos PSOEs, el postulado por Susana Díaz, y no sería justo ni legítimo que continuara tomando más decisiones en ese sentido, cuando carece completamente de legitimidad para hacerlo. Si esto se manejara con una cultura política madura ese congreso seguramente ya se habría celebrado. Se habrían partido la cara dialécticamente y una opción habría ganado. Tras ello, el partido seguiría tan dividido como antes en cuanto a la ideología particular de sus militantes pero sólidamente unido en su proyección pública. Vaya, por un momento pensé que estaba hablando del Labour Party.