No hay transición energética sin transición agroecológica

Se oían ya tambores de campaña electoral en el Parlamento vasco cuando PNV y PSE aprobaron la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático al final de la pasada legislatura. Lo verde vende, así que les debió parecer buena idea en vísperas de elecciones sacar adelante lo que durante cuatro años no se habían molestado en consensuar, por muy sensible y prioritaria que fuera la cuestión.

El gran problema es que, más allá de su nomenclatura, aquello no era tan verde. Fue “su” ley, y una ley medioambiental impulsada por el PNV, el partido de las oligopuertas, nos debe hacer sospechar. Eso sí, contaron con el generoso apoyo de EH Bildu, demasiado tibios habitualmente en este tema y con una sorprendente tendencia a comprar el marco del Gobierno Vasco, Petronor e Iberdrola. Con el apoyo que no contaron fue con el del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, la única formación política capaz de alertar que lo que escondía esa Ley, más allá de las bonitas palabras, era una sumisión a las grandes corporaciones energéticas.

Bajo el loable compromiso de liquidar las inversiones en hidrocarburos, lo que nos colaron fue un modelo continuista de las políticas que ese Gobierno del PNV y PSE (ahora revalidado) venían aplicando desde hace tiempo, blindando las grandes instalaciones eólicas y solares en Euskadi e imponiendo los deseos de los gigantes de la energía sobre los de la ciudadanía y los ayuntamientos.

De aquellos polvos estos lodos. En Euskadi estamos ahora inmersas en plena controversia por los tres proyectos que planea la empresa Solaria de instalación de plantas solares fotovoltaicas en Araba y sus infraestructuras de evacuación a lo largo de un recorrido de 100 kilómetros de líneas de alta tensión hasta la subestación de Zierbena en Bizkaia. Cada uno de estos proyectos ocuparía una superficie de 110 hectáreas y conllevaría la instalación de postes de alta tensión de hasta un centenar de metros de altura.

Solaria, esa misma empresa que, de conjunto con el Ente Vasco de la Energía (EVE), constituyeron hace pocos meses la sociedad Indarberri, para desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaica, dando primeros pasos con los proyectos Vitoria Solar 1 y 2, avisando de que esto no era más que la avanzadilla de una enorme carpeta de proyectos fotovoltaicos, en suelos de alto valor agrológico, que se nos venían encima, con el aval del Gobierno Vasco.

Ahora, los proyectos Zierbena Solar 2, 3 y 4, no son más que un segundo paso de ese enorme despliegue anunciado por Solaria, infalndo una burbuja especulativa sobre el suelo rural en busca de beneficio económico, a los que seguirán otros muchos, si no lo evitamos.

Evidentemente, esto es un auténtico atentado medioambiental, y contra la soberanía alimentaria, que afecta a múltiples localidades alavesas y vizcaínas, que fractura nuestro territorio, impacta contra tierras de alto valor agroecológico y contra el sector primario vasco, y destruye nuestra riqueza natural. Como no podía ser de otra manera, los vecinas y vecinas han reaccionado y han presentado hasta 5.500 alegaciones populares contra el proyecto, en las que personas expertas en diversos campos han elaborado informes y peritajes para mostrar la evidencia de que estos proyectos destruirían de manera irreversible la riqueza natural en las zonas afectadas.

El fondo de la cuestión es que estos proyectos de Solaria ejemplarizan a la perfección el problema cada vez mayor que padecemos en Euskadi con la aprobación irresponsable de este tipo de proyectos energéticos. Proliferan las macroestructuras fotovoltaicas, eólicas y líneas de alta tensión, en corredores ecológicos, y suelos de alto valor estratégico y agrícola, como consecuencia de una legislación muy laxa: proyectos autorizados por unas evaluaciones de impacto ambiental cada vez más permisivas y politizadas, y que hacen caso omiso en muchas ocasiones a informes técnicos o científicos desfavorables. Un claro ejemplo de ello es el proyecto del Parque eólico de Azazeta, de Iberdrola y el EVE, cuyo interés económico y aprobación ha terminado de un plumazo con la tramitación del PORN-Plan de Ordenación de Recursos Naturales en marcha, dando carpetazo al Parque Natural Montes de Vitoria.

Por supuesto que desde Podemos Euskadi siempre hemos apoyado el impulso de las energías renovables y la promoción de infraestructuras verdes, lo cual pasa por la electrificación en sectores clave como el transporte, la industria y la vivienda. Pero bajo la excusa o la etiqueta de energías renovables no vale cualquier cosa. Una transición energética o es respetuosa con el territorio o no puede ser ni ecológica ni justa. Si un proyecto o una infraestructura atenta contra nuestros suelos, no pueden ser proyectos ecológicos. Es una obviedad, pero resulta imperativo recordarlo cuando para algunos “lo verde” no es sino una oportunidad de negocio.

Euskadi necesita una nueva Ley de Transición Energética y Cambio Climático mucho más ambiciosa que la actual. Y muy importante también ante el conflicto que ahora nos ocupa: necesitamos un buen Plan Territorial Sectorial (PTS) de energías renovables, construido desde el consenso y sobre las premisas de la sostenibilidad, que permita abordar la implantación y el desarrollo de este tipo de energías de una manera ordenada y bien planificada. Seguimos esperando que quieran responder a las muchas alegaciones que hay presentadas al PTS actual, incluidas las de Elkarrekin Podemos.

Por todo esto, los proyectos deben ser paralizados, y la autorización administrativa denegada. No nos vale que la empresa Solaria diga que va a replantearse el recorrido de las líneas de alta tensión. Eso es un parche, no hay ninguna garantía de que se vaya a respetar nuestros suelos, sea cual sea el recorrido propuesto por la empresa, mientras no contemos con un PTS adecuado y se definan Zonas de Exclusión en las que se prohíban proyectos de grandes centrales eólicas y fotovoltaicas por sus impactos ambientales, paisajísticos o agrícolas y, paralelamente, se delimiten zonas prioritarias y sí aptas para dichos proyectos, que deberían ser siempre consensuados con los municipios.

Debemos blindar legalmente los suelos de alto valor estratégico con regulaciones que limiten o prohíban actividades que comprometan su calidad o uso agrícola. La Transición Energética sólo puede discurrir de la mano de una Transición Agroecológica. La una no puede entenderse sin la otra.

 

Artículo de opinión firmado por cargos públicos de Podemos en los municipios afectados por el proyecto Solaria-Zierbena:

Eneritz de Madariaga, portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia

David Rodríguez, portavoz en las Juntas Generales de Araba

Richar Vaquero, juntero en las Juntas Generales de Bizkaia

Itziar Celis, concejala en el Ayuntamiento de Barakaldo

Inés Unzaga, portavoz en el Ayuntamiento de Güeñes

Asier Rodríguez, concejal en el Ayuntamiento de Ortuella

Tamara Ballester, concejala en el Ayuntamiento de Ortuella

Ainhoa Lopera, portavoz en el Ayuntamiento de Santurtzi

José Manuel de Pablos, concejal en el Ayuntamiento de Santurtzi

Alberto Díez, portavoz en el Ayuntamiento de Trapagaran

Se oían ya tambores de campaña electoral en el Parlamento vasco cuando PNV y PSE aprobaron la Ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático al final de la pasada legislatura. Lo verde vende, así que les debió parecer buena idea en vísperas de elecciones sacar adelante lo que durante cuatro años no se habían molestado en consensuar, por muy sensible y prioritaria que fuera la cuestión.

El gran problema es que, más allá de su nomenclatura, aquello no era tan verde. Fue “su” ley, y una ley medioambiental impulsada por el PNV, el partido de las oligopuertas, nos debe hacer sospechar. Eso sí, contaron con el generoso apoyo de EH Bildu, demasiado tibios habitualmente en este tema y con una sorprendente tendencia a comprar el marco del Gobierno Vasco, Petronor e Iberdrola. Con el apoyo que no contaron fue con el del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos, la única formación política capaz de alertar que lo que escondía esa Ley, más allá de las bonitas palabras, era una sumisión a las grandes corporaciones energéticas.