Una nueva ley... ¿para quién?

Es la primera pregunta que nos hicimos en el Departamento de Trabajo y Empleo. La primera que nos hacemos con cada propuesta. Pero había una cuestión estructural pendiente, que arrastrábamos no de la legislatura anterior, sino de la décima, cuando estalló en todos los sistemas de protección la recesión más profunda que hayamos conocido nunca. Porque luego, sí, hemos padecido otros embates en nuestra sociedad, que hemos sabido resolver mejor: con más impulso público, con más colaboración.

Pero hace una década habíamos tomado conciencia de que habíamos conseguido el mejor modelo de protección de nuestro entorno y que, nada más transformarlo en un derecho, empezaron las amenazas. Hoy todos podemos hacer análisis del pasado, y hacerlo como si hubiéramos adivinado el futuro. El ‘ya te lo decía yo’, sin que nadie hubiera dicho nada. Lo cierto es que en 2008, en una época de pleno esplendor de nuestra economía, cuando la tasa oficial de paro estaba en el 5,5%, pero cuando el Parlamento vasco era una olla política a presión, con una amenaza terrorista que se cumplía cuando ETA podía, el Gobierno de entonces nos remitió a la Cámara una Ley para la Renta de Garantía de Ingresos e Inclusión. Una ley de las ayudas que habíamos asentado las dos décadas anteriores y convertían en derecho unos ingresos mínimos y la inclusión.

Y supimos estar a la altura. Quienes formábamos parte de aquel Parlamento, en mi caso desde la oposición radical a ese Gobierno, supimos ofrecer a la ciudadanía vasca una herramienta que, a pesar de todo, ha sabido y podido resistir a lo más acusado de aquella crisis que nadie supo ver, que nadie supo que tanto nos iba a durar y que tanto iba a azotar las economías domésticas. Una herramienta para asegurar ingresos para construir una vida digna, en la que se han inspirado todos los modelos que han nacido en España después, que sólo en casos contados adquieren esa condición de reconocimiento de derecho, y que en Euskadi consiguió atender a todas las personas que cumplían las condiciones que allá, insisto, en el año 2008, consideramos que debían sumar las personas para acceder a la RGI.

Un gran éxito colectivo, nuestra mejor inversión social. Tengo esa convicción plena porque una sociedad que quiere progresar no puede dejar a nadie descolgado. Pero en este tiempo hemos visto sus limitaciones, sobre todo a la multiplicidad de nuevas realidades convivenciales que se han extendido en nuestro entorno. Una mayoría del Parlamento teníamos ya esa ambición de cambiar hace dos legislaturas, pero se cruzaron debates tan injustos como temerarios para la convivencia. La pasada legislatura se arbitró otra vía, pero las circunstancias políticas, especialmente la situación de minoría de ese Gobierno con respecto a la oposición, impidió que prosperara una reforma. Pero no impidió el debate y las aportaciones.

Hoy, con un Gobierno que cuenta con apoyos suficientes, hemos decidido dos cosas trascendentales: no postergar la transformación imprescindible, y no desdeñar ni uno solo de los esfuerzos realizados hasta ahora ni ninguna aportación nueva en el camino. Lo dije expresamente en el Pleno de investidura del lehendakari, en septiembre de 2020. Y ahora nos presentamos ante ese mismo Parlamento con un proyecto que quiere ser profundamente transformador en sus propuestas, porque introduce sistemas de tramitación y procedimientos que no existen en el resto de España.

Pero sobre todo introduce la pregunta inicial, la que nos ha guiado en este tiempo. ¿Para quién son sus 151 artículos y sus distintas disposiciones?. Y hemos visto la oportunidad que tienen para mejorar sus vidas muchas mujeres, los menores, los pensionistas, los jóvenes, las personas refugiadas, las víctimas de trata, las personas con discapacidad, o las víctimas del terrorismo. Que está en nuestra mano, en la del Gobierno y los grupos parlamentarios, poder ofrecerles una respuesta política, de política con mayúsculas, para que acceder a su derecho a ser protegidos por la sociedad y a no quedarse descolgados sea un proceso más accesible.

No vamos a dejar de afrontar turbulencias. Lo que queremos es que Euskadi cuente con una sólida red de seguridad que no permita dejar caer a ningún miembro de nuestra sociedad. Que permita atender baches y que permita conectar a estas personas con fórmulas de reenganche, de inclusión social y laboral. Estamos adaptando la herramienta, que es Lanbide, y conectar esta Ley con la próxima Ley de Empleo, y con todos los elementos institucionales y del tercer sector.

Por eso, no estamos ante una reforma. Estamos ante una nueva Ley más moderna y ágil, que les pone las cosas más fáciles a las personas en situación vulnerable y que permite una mejor gestión de los recursos públicos. Y creo que hay una sensibilidad parlamentaria muy extensa que está en esta misma dirección. Por eso hemos querido arrancar no sólo con una propuesta de una Ley, sino con una propuesta de anticipar la entrada efectiva de las nuevas cuantías, como un primer acuerdo al que le sigan otros muchos. Estoy convencida de que serán posible si todos, Gobierno y grupos, seguimos pensando en para quién estamos en política.

Es la primera pregunta que nos hicimos en el Departamento de Trabajo y Empleo. La primera que nos hacemos con cada propuesta. Pero había una cuestión estructural pendiente, que arrastrábamos no de la legislatura anterior, sino de la décima, cuando estalló en todos los sistemas de protección la recesión más profunda que hayamos conocido nunca. Porque luego, sí, hemos padecido otros embates en nuestra sociedad, que hemos sabido resolver mejor: con más impulso público, con más colaboración.

Pero hace una década habíamos tomado conciencia de que habíamos conseguido el mejor modelo de protección de nuestro entorno y que, nada más transformarlo en un derecho, empezaron las amenazas. Hoy todos podemos hacer análisis del pasado, y hacerlo como si hubiéramos adivinado el futuro. El ‘ya te lo decía yo’, sin que nadie hubiera dicho nada. Lo cierto es que en 2008, en una época de pleno esplendor de nuestra economía, cuando la tasa oficial de paro estaba en el 5,5%, pero cuando el Parlamento vasco era una olla política a presión, con una amenaza terrorista que se cumplía cuando ETA podía, el Gobierno de entonces nos remitió a la Cámara una Ley para la Renta de Garantía de Ingresos e Inclusión. Una ley de las ayudas que habíamos asentado las dos décadas anteriores y convertían en derecho unos ingresos mínimos y la inclusión.