Paciente rico, paciente pobre

Según la Real Academia Española la primera acepción para “paciente” sirve para adjetivar a aquella persona “que tiene paciencia”; por su parte, la quinta acepción de la palabra, como sustantivo, es la “persona que es o va a ser reconocida médicamente”. En Euskadi, el máximo responsable del Departamento de Salud se ha propuesto estabilizar en la normalidad que la riqueza sitúe a las personas en una u otra acepción: ante un problema de salud, un seguro privado rápidamente te convierte en paciente, mientras que la sanidad pública te hace esperar paciente. Esta realidad tiene una serie de implicaciones, en primer lugar, sociales y, en segundo lugar, económicas, sobre las que conviene que nos detengamos a reflexionar. Al fin y al cabo, estamos hablando de cómo normalizamos el incremento de la desigualdad.

Según publicaba este mismo medio, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, reconocía el incremento de los seguros médicos privados en Euskadi (120.000 personas más en apenas una década). El propio consejero achacaba este hecho a los problemas de accesibilidad que registra la sanidad pública; sin embargo, añadía que, en los casos graves, las personas se dirigían a la red pública: “cuando uno se pone enfermo de verdad, va a Osakidetza”, sentenciaba.

Estas declaraciones, que han pasado relativamente desapercibidas, dibujan un escenario para asistencia sanitaria en Euskadi en el que, por un lado, tenemos a esa parte de la ciudadanía que sí puede —y quiere— permitirse un seguro privado y cuyo acceso a la atención sanitaria cuando “tenga problemas no graves” será cuasi-inmediato. Por otro lado, tenemos a esa otra parte de la ciudadanía que no puede permitirse un seguro privado y cuyo acceso a la atención sanitaria cuando “tenga problemas no graves” se demorará en el tiempo. De este modo, el acceso más o menos inmediato a la atención sanitaria depende de la renta de las personas. Y esta última, la riqueza y, por ende, la pobreza, no es neutra en lo que respecta a los efectos de la salud personas. Si atendemos a la Encuesta de Salud del País Vasco elaborada por el Departamento de Salud (2023), pertenecer a la última clase social reduce tu calidad de vida relacionada con la salud hasta casi 9 puntos. Además, la prevalencia de los problemas crónicos en la cúspide de la pirámide social es del 31,6 %, mientras que en la base es del 49,6 %.

Considerados tanto el diagnóstico del consejero —a mayor renta, más rápido acceso a la atención— como la panorámica de salud en Euskadi —a mayor renta, menores problemas de salud—, podemos afirmar que las personas con menores problemas de salud acceden antes a la atención sanitaria que las personas con mayores problemas. Y partir de aquí es fácil hilar acerca de las consecuencias en la salud de las personas a medio y largo plazo. Una salud lastrada por la posición social que se ocupa se verá agravada por un tardío acceso al diagnóstico que solo el dinero parece poder acelerar. De hecho, de acuerdo con algunos estudios, el poder adquisitivo de una persona alcanza incluso a ‘comprar’ entre tres y cuatro años de vida.

Al margen lo anterior, desde el punto de vista exclusivamente económico, nos situamos en un marco en el que la atención sanitaria, digamos, rentable, se mueve en la esfera privada. Nos referimos al acceso al diagnóstico de problemas de salud que, en palabras del consejero, no revisten a priori gravedad y, por lo tanto, no requerirán costosas actividades terapéuticas. Ahora bien, “cuando uno se pone enfermo de verdad” y, por lo tanto, la atención que requiere es menos rentable, salta a la esfera pública para que Osakidetza se haga cargo. Se trata de un 'modus operandi' del que recientemente se ha vuelto a hablar en relación con Muface y la “evidente práctica” de las aseguradas privadas de derivar pacientes económicamente no rentables al Sistema Nacional de Salud.

Lamentablemente, ni la posibilidad de comprar un más rápido acceso a la atención, ni la distinción de la atención en función de la rentabilidad, son en Euskadi un patrimonio exclusivo de la salud, también se están produciendo en los cuidados. La introducción de cheques en el Sistema Vasco de Servicios Sociales (recibir una ayuda económica para comprar una plaza privada), con Araba como punta de lanza, ha supuesto que las familias que pueden permitirse la diferencia entre la cuantía del cheque y el precio de la plaza accedan rápidamente a la atención. En paralelo, aquellas familias que no pueden permitírselo soportan largas listas de espera para acceder a una plaza pública. Además, en claro paralelismo a lo que ocurre con los seguros médicos privados, con el paso del tiempo y el incremento de la dependencia, se reduce la rentabilidad económica de los cuidados y, en muchos casos, la atención salta a la esfera pública. Eso sí, antes, la atención privada se ha ‘comido’ gran parte del patrimonio de la persona. Dejemos constancia por último de que la atención privada sanitaria y la atención privada a la dependencia no solo comparten 'modus operandi', sino que también operadores.

Concluyamos. Las palabras del consejero de Salud, lejos de estar acompañadas de un propósito de enmienda, son un ejercicio de normalización de la situación descrita y, aunque no se expliciten, de sus consecuencias. Incluso, en otras declaraciones, ha llegado a afirmar que el recurso a los seguros privados es una mera “opción personal” —como si estuviera al alcance de todas y todos— que debe merecer un ‘premio’ fiscal ya que no se acude al sistema público. Pretenden presentarlo como una especie de relación simbiótica, en la que sanidad privada coadyuva a la pública —“liberan de carga de trabajo a la sanidad pública”. Sin embargo, tal y como nos explica la biología, la simbiosis se puede producir en mutuo beneficio o no: y, como hemos visto, esta relación no es mutualista, sino parasitista. Una de las principales funciones de los sistemas sanitarios públicos consiste en la reducción de la desigualdad. Garantizar, al fin y al cabo, que independientemente de la posición socioeconómica que ocupemos, nuestros problemas de salud recibirán igual respuesta. Y es precisamente esta función la que algunas palabras —y hechos— están poniendo en cuestión.

Según la Real Academia Española la primera acepción para “paciente” sirve para adjetivar a aquella persona “que tiene paciencia”; por su parte, la quinta acepción de la palabra, como sustantivo, es la “persona que es o va a ser reconocida médicamente”. En Euskadi, el máximo responsable del Departamento de Salud se ha propuesto estabilizar en la normalidad que la riqueza sitúe a las personas en una u otra acepción: ante un problema de salud, un seguro privado rápidamente te convierte en paciente, mientras que la sanidad pública te hace esperar paciente. Esta realidad tiene una serie de implicaciones, en primer lugar, sociales y, en segundo lugar, económicas, sobre las que conviene que nos detengamos a reflexionar. Al fin y al cabo, estamos hablando de cómo normalizamos el incremento de la desigualdad.

Según publicaba este mismo medio, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, reconocía el incremento de los seguros médicos privados en Euskadi (120.000 personas más en apenas una década). El propio consejero achacaba este hecho a los problemas de accesibilidad que registra la sanidad pública; sin embargo, añadía que, en los casos graves, las personas se dirigían a la red pública: “cuando uno se pone enfermo de verdad, va a Osakidetza”, sentenciaba.