Pacto de rentas de las pensiones

Uno de los atajos a los que recurren los poderes que controlan la economía de mercado cuando las leyes de la oferta y la demanda no sirven para regular la relación entre precios y salarios es el pacto de rentas. El método es tan simple como perverso: consiste en frenar los salarios para que, al perder poder adquisitivo, la clase trabajadora reduzca su nivel de consumo y bajen los precios. El pacto de rentas es un debate instalado en el conjunto de Europa a consecuencia de la escalada de los precios energéticos y de materias primas, provocada por la guerra de Ucrania. Aunque el Gobierno dice que en esa operación no entrarán las pensiones, podría ser la ocasión idónea para impulsar un pacto de rentas específico, de signo contrario a los habituales. Supondría moderar la subida de las pensiones altas para compensar a las bajas, a fin de reducir el desequilibrio entre unas y otras.

Mecanismo de los pactos de rentas

Tomando como referencia los recurrentes Pactos de la Moncloa de 1977 o cualquier otro, aparecen medidas similares. Se trata de moderar la inflación interviniendo la economía. La clave es la contención salarial, acompañada de restricciones monetarias, tales como subir los tipos de interés, limitar los créditos bancarios o devaluar la moneda. Con esas maniobras se corre el riesgo de entrar en recesión si se pisa demasiado el freno o, como es el caso, no se pueden controlar los precios de la energía y de las materias primas, al depender los suministros de otros países.

Son medidas que en la práctica ya se están aplicando. El Banco Central Europeo (BCE), que hasta el mes de julio prestaba dinero al 0%, sube ahora los tipos al 1,25%. La banca encarece los créditos de las hipotecas, que desde un 2% pueden llegar al 5%. El euro se deprecia respecto al dólar. El IPC alcanzó en julio el 10,8%, bajando en agosto al 10,5%. La inflación puede continuar bajando con las correcciones aplicadas por el Gobierno, pero los precios no se estabilizarán de inmediato.

Entretanto, los empresarios se niegan a subir los salarios y los sindicatos aceptan mejoras muy por debajo del incremento de los precios. Es lo que se deduce del titular publicado el 9 de septiembre en Cinco Días: “Los sueldos no despegan: la subida media pactada en los convenios sigue estancada en el 2,6%”. El texto del artículo va en esa misma línea: “La fuerte espiral inflacionista sigue sin presionar al alza los salarios pactados en convenio colectivo”. CCOO y UGT hablan de movilizarse y al menos reclaman subir el SMI de 1.000 a 1.100 euros, sabiendo que cuentan como aliada con la Ministra de Trabajo.

De momento es noticia el acuerdo del metal de Araba donde, tras cinco años con el convenio de 25.000 trabajadores congelado, se logra una subida del 6,5%. Acumulando la mejora de los tres próximos años, alcanzaría un incremento retributivo del 15%. El devenir del IPC determinará si se mantiene o no, a tan largo plazo, el poder adquisitivo de los salarios. Veremos si ese acuerdo influye en el enconado conflicto del metal de Bizkaia. Por otra parte, falta conocer el alcance de las acciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Las anunció eldiario.es el 19 de septiembre en estos términos: “Los sindicatos se unen para salir a la calle en toda Europa contra la ”crisis salarial“. Las pensiones corren mejor suerte que los salarios, contando con la revalorización del IPC medio, que en pocos convenios se podrá conseguir, incluso luchando.  

Correspondencia entre salarios y pensiones

El Sistema Público de Pensiones es un modelo de reparto, basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional. Las pensiones avanzan unidas a los salarios, pero sus incrementos llevan rumbos diferentes. Los salarios los negocian empresarios y sindicatos. Las pensiones las fija el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, teniendo con frecuencia trasfondo político. Lo razonable sería que los salarios fuesen más altos que las pensiones, logrando así un mejor reparto de la riqueza que genera el trabajo, además de favorecer la sostenibilidad de las pensiones.

Las estadísticas sobre salarios y pensiones no sirven como referencia para hacer comparaciones. Hay sueldos astronómicos que elevan la media muy por encima de un salario normal. Con las pensiones ocurre al revés, al estar topadas las altas, las diferencias no son abismales, pero unas pensiones mínimas tan numerosas tiran de la media hacia abajo. Sí se puede decir que el SMI evita caer en la indigencia, mientras que las pensiones mínimas son de subsistencia.

Las pensiones de quienes se están jubilando con las cotizaciones completas logran retribuciones superiores a lo que hoy se considera un salario digno. Esas condiciones de jubilación son justas, lo que falla son los salarios, precarios e insuficientes. La subida salarial de los convenios firmados este año no llega al 3%. Si las previsiones se cumplen, es probable que en términos porcentuales el incremento de las pensiones duplique al de los salarios.

Tratamiento de cuidados paliativos

Las crisis siempre provocan desajustes económicos a favor de las clases pudientes. El Gobierno de coalición intenta aliviar la situación de los sectores empobrecidos, que incluye al colectivo de mujeres viudas con pensiones de miseria, aplicando medidas de emergencia más próximas a la caridad que a la justicia social. El dilema del reparto equitativo de la riqueza se debe afrontar con una fiscalidad de verdad redistributiva y si es preciso interviniendo mercados.

Sin medidas de ajuste contundentes, el poder del dinero aprovecha cualquier resquicio legal para actuar a su favor. Ha ocurrido con la reducción del IVA, volverá a pasar con el gravamen a las empresas energéticas, no se librará la cesta básica de alimentos propuesta desde el Ministerio de Trabajo. Esta iniciativa genera agravios comparativos entre comercio de proximidad y grandes cadenas, además de facilitar prácticas de dumping. Para combatir con determinación la precariedad toca buscar soluciones imaginativas y contundentes. Es más, mientras las pensiones mínimas sean de subsistencia, debería existir un mecanismo de revalorización inmediato, que entrase en vigor cuando se disparan los precios de los productos de consumo básicos. Sería equivalente a prevenir las olas de calor o de frío con refugios climáticos.

Pensión mínima, una asignatura pendiente

Los principales problemas del Sistema Público de Pensiones no son la longevidad y la demografía, como pregonan la banca, incluyendo al Banco de España, y el conjunto de empresas financieras. La mayor preocupación son las pensiones mínimas, sobre todo ahora, con una inflación desbocada.

Las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras en activo garantizan el cobro de las pensiones actuales y aseguran sus propias pensiones en el futuro. Debería existir un vínculo solidario entre todas las pensiones, altas y bajas, acortando la distancia entre ellas. Mientras las revalorizaciones se basen en porcentajes, las desigualdades se seguirán intensificando. La fórmula idónea para evitarlo sería subir todas las pensiones por igual. No es una idea nueva. Hace medio siglo, con gran parte de los actuales pensionistas trabajando, en los convenios colectivos se reclamaban subidas lineales.

Durante la transición, cuando el movimiento obrero era más potente, los sindicatos no dudaban en reclamar subidas lineales en los convenios. Sirva de ejemplo la plataforma publicada por CCOO de Euskadi en el boletín Biltzar N° 5 de enero de 1979. Dice así: “La política salarial de CCOO en los últimos años ha sido la de reivindicar aumentos salariales de carácter lineal, con el objeto de: 1) Favorecer a los salarios más bajos. 2) Reducir los abanicos salariales que eran muy amplios”. Esos argumentos, aunque han quedado en el olvido, siguen siendo válidos. Se debería recuperar esa práctica en las pensiones, favoreciendo a las más bajas. Depende de los sindicatos y el Gobierno.

Aunque el aumento de los precios afecta más a las pensiones bajas, con porcentajes se favorece a las altas. Revalorizando todas las pensiones con idéntica cantidad de dinero, nadie pierde poder adquisitivo y las bajas mejoran. Con la subida lineal las pensiones tienden a ser más igualitarias y disminuye la brecha de género, que sobre todo afecta a mujeres viudas. En agosto de este año, la pensión media de los hombres subió hasta 1.320 euros, la de las mujeres se queda en 883 euros.

En la fase de la reforma de las pensiones que está a punto de comenzar, los sindicatos CCOO y UGT van a reclamar la mejora de las pensiones mínimas. Probablemente pedirán un incremento porcentual mayor, lo cual no resuelve nada. No cambia la situación. Con porcentajes nunca habrá solución. Por eso se reivindica la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que la cesta de la compra se encarece este año unos 830 euros. Según las estimaciones, si la revalorización porcentual llega al 7%, una pensión de viudedad subiría 707 euros, sin poder cubrir ese gasto. La pensión máxima tendría una mejora de 2.763 euros, ahorrando por ese concepto 1.933 euros. Tal sistema de revalorización carece de justificación. El objetivo de las revalorizaciones es mantener el poder adquisitivo, no intensificar las desigualdades. La compensación por haber cotizado más ya está incluida en la pensión máxima, que es casi cuatro veces mayor que una de viudedad. Si el coste de vida sube los mismo para todas las pensiones, la revalorización debería ser idéntica, en dinero, sin porcentajes.

Reparto equitativo de la revalorización de las pensiones

Según el Banco de España, cada punto del IPC genera un gasto en pensiones de 1.800 millones de euros. Suponiendo que la inflación media de 2022 sea del 7%, la Seguridad Social dispondrá en 2023 de 12.600 millones para distribuir entre nueve millones de pensionistas. Si la revalorización se hiciese de forma lineal en vez de porcentual, el poder adquisitivo de cada pensionista mejoraría en 1.400 euros anuales, o sea, 100 euros al mes en 14 pagas. La pensión máxima subiría la mitad de los casi 200 euros que le corresponden en el cálculo porcentual y la pensión de viudedad para mayores de 65 años, que no es la más baja, se incrementaría el doble de los 50 euros con cálculo porcentual.

Las pensiones no son un bien patrimonial, garantizan una existencia sin problemas económicos en la última etapa de la vida. Más de la mitad de las pensiones contributivas no llegan a los 1.000 euros del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según el Informe Económico – Financiero de la Seguridad Social, en agosto de 2021 el tramo de pensiones más numeroso estaba entre 600 y 700 euros, acumulando 1.933.559 pensiones (19,6 % del total). En el extremo opuesto, con más de 2.000 euros, había 1.133.957 pensiones (11,5% del total). Aplicando el próximo año el incremento porcentual, las pensiones altas pueden superar tres salarios mínimos de 1.000 euros. Son ingresos suficientes para poder vivir dignamente, incluso con una subida idéntica para todas las pensiones.

El objetivo debe ser repartir el presupuesto de las pensiones de forma equitativa, sin que nadie pierda poder adquisitivo. Téngase en cuenta que los ingresos bajos no tienen margen de ahorro, dan justo para sobrevivir, van íntegros al consumo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 3,7 millones de pensionistas, que representan más del 40% del total, no llegan a los 803 euros mensuales que marcan el umbral de la pobreza. El Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, que negocian salarios y pensiones, pueden revertir esa anómala situación sin coste económico. Repartir los recursos disponibles para pensiones de forma igualitaria, supondría aplicar la justicia social, sin necesidad de aumentar la cuantía presupuestaria prevista con la aplicación del IPC medio.

Uno de los atajos a los que recurren los poderes que controlan la economía de mercado cuando las leyes de la oferta y la demanda no sirven para regular la relación entre precios y salarios es el pacto de rentas. El método es tan simple como perverso: consiste en frenar los salarios para que, al perder poder adquisitivo, la clase trabajadora reduzca su nivel de consumo y bajen los precios. El pacto de rentas es un debate instalado en el conjunto de Europa a consecuencia de la escalada de los precios energéticos y de materias primas, provocada por la guerra de Ucrania. Aunque el Gobierno dice que en esa operación no entrarán las pensiones, podría ser la ocasión idónea para impulsar un pacto de rentas específico, de signo contrario a los habituales. Supondría moderar la subida de las pensiones altas para compensar a las bajas, a fin de reducir el desequilibrio entre unas y otras.

Mecanismo de los pactos de rentas