Réplicas a la reforma laboral y otras consideraciones

La reforma laboral impulsada por la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que el 3 de febrero será sometida a resolución parlamentaria, es cuestionada en ámbitos políticos y sindicales desde los dos extremos.  Aunque las motivaciones sean de signo opuesto, tanto en partidos como en sindicatos el rechazo guarda más relación con posiciones previas que con el contenido de la propia reforma. Resulta inimaginable que Pablo Casado dejase pasar la oportunidad de boicotear cualquier normativa del actual Gobierno, aunque lleguen mensajes como este titular del 29 de diciembre de Europa Press: “La FAES de Aznar apoya la estrategia de la CEOE con la reforma laboral y ve consolidada la legislación de 2012”. Lo mismo ocurre con la referencia a Fátima Báñez y Cristóbal Montoro publicada en elDiario.es el 30 de enero: “Los ministros económicos de Rajoy se revuelven contra la estrategia de Casado”. 

Tampoco cabe conjeturar que los sindicatos nacionalistas, en particular los vascos, aceptasen un cambio legislativo aprobado por las centrales mayoritarias de ámbito estatal. Muy al contrario, el titular de 'La Vanguardia' del 9 de enero remarca el alcance real del rechazo: “Frente sindical soberanista”. ELA, LAB y la CIG gallega, además de convocar movilizaciones, reclaman a parlamentarios de sus territorios que voten en contra del acuerdo suscrito por CCOO y UGT.  Esas reacciones arrastran frustración y puede que fuesen más comedidas si desde una concepción federalista del estado se reconociese a los sindicatos representativos de implantación autonómica el derecho a participar en negociaciones de alcance estatal. No es de extrañar que en las recientes manifestaciones del País Vasco se reclamase, como es habitual, un “marco propio de negociación colectiva”, además de gritar que la nueva reforma es “una trampa del capital”.  

Cálculos partidistas

Anteponer intereses electorales, actuar con perspectiva ideológica e incluso con voluntad de confrontación, son aspectos clave del alineamiento frente al decreto que modificará una parte significativa de la reforma laboral del 2012, si logra ser convalidada en el Congreso. El debate enriquece, la polémica embrutece. El radicalismo puede ser una cualidad, o todo lo contrario. En las valoraciones de la reciente reforma de las pensiones y en la actual del empleo abundan los ejemplos de actitudes de rechazo que tienen objetivos distintos a los declarados o persiguen otro tipo de contrapartidas. Ha ocurrido siempre con el PNV, siendo ahora el modelo que utiliza EH Bildu.

En esta ocasión el PNV, presionado más que nunca por ELA y LAB, condiciona su apoyo a la prevalencia de los convenios  de ámbito autonómico sobre los estatales. Es un argumento endeble por el escaso alcance de la exigencia y porque de hecho así funciona. En Euskadi, salvo en las administraciones públicas, donde se aplica sin interferencias, los convenios colectivos son de empresa o provinciales. Para aclara dudas basta recordar el acuerdo suscrito el 17 de enero de 2017 entre la patronal vasca Confebask y los sindicatos mayoritarios de Euskadi: ELA, LAB, CCOO y UGT. El artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores posibilita priorizar los convenios territoriales e interterritoriales suscritos en la Comunidad Autónoma Vasca, “sobre cualquier otro convenio sectorial o acuerdo marco de ámbito estatal preexistente o posterior a la firma de este acuerdo interprofesional”. El 31 de enero, en vísperas de resolver la viabilidad del decreto, EITB anuncia: “La patronal vizcaína asegura que la prevalencia de los convenios vascos está garantizada”. Acto seguido añade: “Cebek no entiende los argumentos del PNV y EH Bildu para votar en contra de la reforma laboral en la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados”. 

ERC y otras fuerzas de izquierda nacionalistas como EH Bildu y BNG rechazan la reforma alegando en particular que no se recupera la indemnización por despido improcedente que el PP redujo de 45 días por año trabajado a 33 días. Siendo cierto, se debe tener en cuenta que la prioridad es limitar la contratación temporal que provoca precariedad laboral. 2.700.000 funcionarios públicos tienen plaza en propiedad, no les afectan las indemnizaciones por despido. 3.300.000 trabajadores autónomos se tendrían que pagar su propia indemnización. 1.600.000 personas en paro de larga duración, 500.000 de ellas con más de cuatro años en desempleo, están más pendientes de encontrar trabajo que de las indemnizaciones por despido. Recuperar los 45 días de indemnización pasa a segundo plano ante contratos basura que no generan derecho a cobrarla sin tener antigüedad. Las indemnizaciones son un alivio pasajero, nunca una solución. 

Al Gobierno le fallan en esta ocasión los socios que vienen apoyado sus iniciativas y presupuestos desde que el 1 de junio de 2018 triunfó la moción de censura contra Mariano Rajoy. Sin embargo, hay razones para suponer que a última hora, aunque por escaso margen, se aprobará el decreto promovido por la Vicepresidenta Yolanda Díaz. Lo mismo que en la negociación colectiva completar la tabla reivindicativa lleva años, la ocasión de seguir desmontando la reforma del PP no se agota, queda pendiente actualizar el Estatuto de los Trabajadores y más aspectos de la legislación laboral. Precisamente, la vinculación de la reforma del 2012 con otras normas ha dificultado su derogación completa. 

La coalición PSOE-UP se comprometió a revocar la reforma del PP, sin conseguirlo. Si en vez de utilizar el término derogar, hubiesen propuesto suprimir los aspectos más lesivos de esa reforma, el margen para discrepar habría sido menor. El acuerdo consensuado por el Gobierno con la patronal y los sindicatos se puede considerar insuficiente, pero se debería reconocer que no añade ninguna medida regresiva capaz de justificar el rechazo. Al contrario, recuperando la ultraactividad de los convenios se prolonga su vigencia, anteponiendo el convenio sectorial al de empresa se logran mejores salarios, limitando la contratación temporal mejoran las condiciones laborales. Un 'no' al decreto supondría mantener vigente la denostada reforma laboral del 2012. Y salvo al PP y a Vox, a ningún partido le interesa un adelanto electoral.  

Enseñanzas de la reforma laboral

'Público' incluía el 28 de enero un artículo de opinión de Antonio Baylos, Catedrático de derecho del trabajo, titulado: “Cinco razones para aprobar la reforma laboral”. Su planteamiento, desarrollado en el texto, es el siguiente: 1º) La reforma actúa contra la precariedad en el trabajo y afirma un principio de estabilidad en el empleo. 2º) Afirma un principio de mantenimiento del empleo.  3º) Introduce elementos de reequilibrio de la negociación colectiva. 4º) Es el fruto de un acuerdo social tripartito. 5º) Invierte la lógica y la narrativa neoliberal que ha inspirado todas las reformas del mercado de trabajo. Esta es la conclusión de Baylos: “Una propuesta de regulación que se basa en la estabilidad y en el mantenimiento del empleo, en el reequilibrio de la negociación colectiva y en la estabilidad social de un acuerdo tripartito y que invierte la tendencia de recorte de derechos de los últimos cuarenta años debe por tanto ser aprobada en el Congreso por la mayoría de progreso que ha sostenido hasta el momento la acción reformista del Gobierno”. 

elDiario.es publicó el 18 de enero un artículo de Ignacio Escolar: “La importancia del consenso en la reforma laboral”. Este análisis, más político que técnico, aborda aspectos ideológicos que invitan a la reflexión: “... la reforma laboral acordada no es ni mucho menos irrelevante. No es un parche, y tampoco es un blanqueo de lo que hizo el Gobierno de Rajoy, como intenta vender la derecha (y compra una parte de la izquierda, que siempre está más cómoda en la pureza ideológica de las eternas derrotas)”.Escolar acaba así: “... la mayoría de los votantes de izquierda parecen tenerlo claro. El apoyo a la reforma laboral es igual de mayoritario entre los votantes de ERC, de Bildu o de Más País que entre los que votan al PSOE o Unidas Podemos. Los datos salen de la encuesta que elaboró 40DB para El País y la Cadena SER”. 

El artículo de Ignacio Escolar es de interés tanto para la izquierda irredenta, que espera la vuelta del Mesías de la revolución pendiente, como para la derecha recalcitrante que considera el país un cortijo heredado con la “reconquista”. En otro pasaje de ese texto Escolar remarca el distanciamiento de la CEOE respecto a las posiciones ultraconservadoras de Casado. Significa que la patronal ha emprendido la trayectoria que los sindicatos abordaron hace décadas, dejando de ser correa de transmisión de partidos hermanos. Cambio que se dio también en Euskadi en el caso de ELA, convertido ahora en el azote del PNV, pero no en LAB, que sigue manteniendo vínculos estrechos con el entramado de la izquierda abertzale. 

En el movimiento de pensionistas, afectado de forma indirecta por la reforma laboral, ocurre lo contrario. Al disgregarse y perder capacidad de movilización, en concreto en Euskadi, a fin de mantener al menos la presencia mediática, el sector abertzale ha pasado de excluir símbolos sindicales en las manifestaciones a diluirse en la dinámica de los sindicatos nacionalistas. A nivel estatal, donde la incidencia social es todavía menor, algunas asociaciones de pensionistas con aspiraciones supremacistas optan, como los partidos de extrema izquierda en la Transición, por situarse bajo el paraguas que consideran más radical. El jueves 3 de febrero, mientras en el interior del Congreso se debate el RDL 32/2021 de reforma laboral, frente a la puerta de los leones se concentrarán sindicatos alternativos y otros colectivos, incluyendo pensionistas. 'Público' resumía el alcance de esa acción con esta frase: “Los convocantes critican que el acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal ”institucionaliza y legitima la precariedad y la explotación“.

La mayor perversión de la reforma que el PP aplicó de forma unilateral el año 2012 es su carácter selectivo. Más que contra el conjunto de las clase obrera, perseguía vulnerar derechos esenciales de los trabajadores desfavorecidos, privándoles incluso de instrumentos de autodefensa. El poder de la patronal era ilimitado, podía actuar con absoluta impunidad frente al sector asalariado más vulnerable, integrado por la juventud, dispuesta a trabajar en condiciones precarias y mujeres doblemente penalizadas con la brecha de género. La reforma sometida al trámite parlamentario no está orientada en esta ocasión a favorecer los intereses del sector obrero mejor retribuido. Al contrario, se preocupa por los más débiles.  

Las fuerzas políticas que integraron el bloque de investidura hacen bien en reclamar un proyecto de ley que posibilite derogar por completo la reforma del 2012, pero esa es otra historia.  El decreto que se vota el 3 de febrero hay que juzgarlo por su contenido preciso. Debe ser interpretado como una contrarreforma que recupera derechos básicos para la población asalariada precarizada. Es el sector de la clase obrera más marginal, menos dispuesto a sindicarse. Si se aprueba, esa reforma contribuirá a dignificar y humanizar las relaciones laborales, beneficiando incluso al empresariado honesto, que podrá demostrar su voluntad de contribuir a reducir las desigualdades sociales, favoreciendo el bienestar y el progreso del país.

La reforma laboral impulsada por la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que el 3 de febrero será sometida a resolución parlamentaria, es cuestionada en ámbitos políticos y sindicales desde los dos extremos.  Aunque las motivaciones sean de signo opuesto, tanto en partidos como en sindicatos el rechazo guarda más relación con posiciones previas que con el contenido de la propia reforma. Resulta inimaginable que Pablo Casado dejase pasar la oportunidad de boicotear cualquier normativa del actual Gobierno, aunque lleguen mensajes como este titular del 29 de diciembre de Europa Press: “La FAES de Aznar apoya la estrategia de la CEOE con la reforma laboral y ve consolidada la legislación de 2012”. Lo mismo ocurre con la referencia a Fátima Báñez y Cristóbal Montoro publicada en elDiario.es el 30 de enero: “Los ministros económicos de Rajoy se revuelven contra la estrategia de Casado”. 

Tampoco cabe conjeturar que los sindicatos nacionalistas, en particular los vascos, aceptasen un cambio legislativo aprobado por las centrales mayoritarias de ámbito estatal. Muy al contrario, el titular de 'La Vanguardia' del 9 de enero remarca el alcance real del rechazo: “Frente sindical soberanista”. ELA, LAB y la CIG gallega, además de convocar movilizaciones, reclaman a parlamentarios de sus territorios que voten en contra del acuerdo suscrito por CCOO y UGT.  Esas reacciones arrastran frustración y puede que fuesen más comedidas si desde una concepción federalista del estado se reconociese a los sindicatos representativos de implantación autonómica el derecho a participar en negociaciones de alcance estatal. No es de extrañar que en las recientes manifestaciones del País Vasco se reclamase, como es habitual, un “marco propio de negociación colectiva”, además de gritar que la nueva reforma es “una trampa del capital”.