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La solidaridad es la ternura de los pueblos

Parlamentario de Ezker Anitza-Izquierda Unida en el Parlamento Vasco —

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El pasado 22 de febrero el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Cooperación y Solidaridad por un amplio consenso. Quizá pueda pasar desapercibida en una legislatura dónde se han aprobado 59 leyes. No es el caso para el que escribe ni para mi organización, Izquierda Unida, que fue en 2007 la encargada de impulsar la primera Ley de Cooperación de Euskadi.

“Todo ser humano está llamado a la solidaridad en un mundo que se debate entre la vida y la muerte”, dejó escrito Ignacio Ellacuría en los años 80. Carlos Marx lo interpretó un siglo antes con aquel “nada de lo humano me es ajeno”. Con ese espíritu el pueblo vasco ha desarrollado décadas de ejercicio de internacionalismo, de solidaridad internacional y compromiso con las causas justas de la humanidad: el propio padre Ellacuría, las brigadas internacionalistas a Nicaragua o El Salvador, las miles de cooperantes en América Latina, Sáhara, Senegal o Mozambique, el programa de protección de Defensoras de los Derechos Humanos, Vacaciones en Paz/Oporrak Bakean, el Instituto Hegoa, los informes críticos con el modelo de internacionalización, las alianzas de movimientos sociales y feministas del norte y del sur, Ongi Etorri Errefuxiatuak, los Foros Sociales, el Aita Mari y, cómo no, la propia Agencia vasca de Cooperación. Todo un ecosistema que lucha por aquella máxima zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos”. 

Pero ese ejercicio es un recordatorio de nuestra responsabilidad con este modelo de desarrollo, con el capitalismo extractivista, con el capitalismo explotador de personas y recursos, con las desigualdades globales y con nuestra propia desigualdad. Un modelo con sus causas, con sus efectos y responsabilidades compartidas, pero en ningún caso simétricas ni entre pueblos ni entre clases. Si todo el planeta tuviera nuestro nivel de consumo, el de Euskadi, necesitaríamos 2,6 planetas. Y no los tenemos. “Somos seres ecodependientes e interdependientes, sujetos a los límites de la tierra y vulnerables”, como tan bien nos señala Yayo Herrero.

Por tanto, los cambios tienen que ir mucho más allá de la política de cooperación y solidaridad, y por ello es necesario que la coherencia de políticas o la tan manida Agenda 2030 sean más que puros documentos perfectamente hilados pero sin transformación real. Necesitamos con urgencia un sistema compatible con la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la comisión de Derechos Humanos el mismo patrón de extractivismo y vulneración de los Derechos Humanos, o la palabra multinacional asociada a vulneración de los Derechos Humanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado la criminalización del derecho a la Tierra? Desplazamiento, muerte, contaminación, … ¿Cuántas veces?

Recuerdo a Benito del Movimiento Ríos Vivos explicando por primera vez como una gran hidroeléctrica financiada por el BBVA, banco cuya sede social está en la Plaza San Nicolás de Bilbao, dejó sin casa ni medios de vida a miles de personas en Ituango, en la región colombiana de Antioquía. Y recuerdo como si fuera hoy reencontrarme meses después con él, con las personas desplazadas y con líderes indígenas y apreciar la impunidad con la que una empresa abría y cerraba carreteras y proyectos de vida.

Recuerdo a las compañeras de CODECA de Guatemala denunciar como Endesa, privatizada por el PP, criminalizaba al movimiento indígena guatemalteco por tratar de ejercer el tan mencionado Convenio 169 de la OIT, el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios. Recuerdo también a las madres de Soacha víctimas del golpe de Estado en Bolivia, a las defensoras de los derechos humanos, de la tierra, feministas, sindicalistas de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Argentina, el Riff, nuestro hermano pueblo saharui, …

Ésas son las consecuencias con nombres y apellidos,  de un modelo de desarrollo y de una fase autoritaria del sistema capitalista que domina, y esquilma, nuestro planeta. Ése es el diagnóstico de nuestra enfermedad para el cuál ya hace décadas Gioconda Belli recetó un remedio en forma de palabras: “la solidaridad es la ternura de los pueblos”.

Por eso, y a pesar de lo contradictorio que resultan los modelos de sociedad que defendemos las formaciones que hemos apoyado esta norma, la nueva Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad es una pequeña veta en los muros de la necropolítica. Una Ley en la que gracias al trabajo de expertas, organizaciones y los grupos parlamentarios hemos conseguido introducir importantes avances.

  • La cooperación vasca la protagonizan las ONGD y esta ley así lo reconoce. como no hacía el proyecto inicial. Y eso es perfectamente compatible con el fortalecimiento de las alianzas con el movimiento feminista, el sindical, el mundo educativo, etc. como ya viene haciéndose desde hace años en Euskadi.
  • La ley, tanto en su exposición de motivos como en su articulado, establece la necesaria inexistencia del ánimo de lucro en las acciones de cooperación y por ello seguiremos vigilantes a que en la acción de la Agencia Vasca de Cooperación, directa o indirecta, este principio se mantenga inquebrantablemente.
  • La ley de 2007 reconocía ya la necesidad de destinar el 0,7% a cooperación pero ningún Gobierno lo ha cumplido, estando en 2023 en torno al 0.4%.  Esta nueva ley introduce un artículo para vincular obligatoriamente el 0,7 % del presupuesto del Gobierno vasco a Cooperación. Será una de las primeras decisiones presupuestarias que deberá tomar el próximo Gobierno.
  • El proyecto de ley eliminaba la ley 14/2007 de la Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, recordemos que fue una ley aprobada a instancias de una Iniciativa Legislativa Popular,  que prohibía la financiación pública de empresas de armamento. A través del trabajo de nuestro rupo se ha conseguido mantener vigente esa ley y además se incorpora dicha prohibición al articulado de esta ley en el apartado de coherencia de políticas.
  • La ley reconoce e impulsa la Educación para la Transformación Social y una mirada interseccional feminista al conjunto de la cooperación que es vanguardia en una mirada y acción transformadora tanto aquí como en los países del Sur Global.

Hagamos la esperanza posible.

Una ley como esta cobra especial relevancia en un mundo deshumanizado, que asiste ante el silencio de gran parte de lo que se denomina comunidad internacional a la destrucción del sistema internacional de los Derechos Humanos nacido de la ruinas de la victoria contra el fascismo y el nazismo. Un mundo que asiste a un nuevo genocidio, el genocidio del pueblo palestino por parte del Estado sionista de Israel. Más de 28.000 personas asesinadas, más de 12.000 niños y niñas, cientos de trabajadores humanitarios y decenas de periodistas.

España ha dado un paso necesario pidiendo junto a Irlanda la revisión inmediata de los acuerdos comerciales con Israel. Hay que continuar avanzando: apoyar las medidas cautelares de la CIJ, reconocer de forma inmediata el Estado palestino y romper cualquier vínculo militar y económico con el genocidio en curso, la ocupación ilegal y el régimen de apartheid. En coherencia, también en Euskadi tenemos que cortar todas las conexiones que nos unan con el régimen del apartheid israelí: ni un céntimo de nuestro dinero para financiar el genocidio del pueblo palestino. Y, por tanto, es obligado exigir en virtud de esta nueva ley y en base al IV Convenio de Ginebra que el Gobierno Vasco exija a una de nuestras perlas industriales, a CAF, que deje de construir el tranvía del apartheid en Jerusalén

Es una ley que se aprueba en el marco de criminalización por parte del sionismo de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestino, la UNRWA, y al conjunto de ONG que colaboran con el pueblo palestino con el que no podemos dejar de solidarizarnos ni un solo segundo. Es una ley que se aprobaba próxima al 27 de febrero, una fecha que es símbolo de libertad para el hermano pueblo saharaui y, por tanto, tal y como recoge la ley, un momento propicio para mostrar nuestro respaldo y apoyo a la libre autodeterminación del pueblo saharaui a la vez que renovar nuestro compromiso solidario.

Y, casualidades de la vida, una ley que se aprobaba a la misma hora que en un juzgado de Madrid se intentaba criminalizar y amordazar el trabajo solidario de una de las organizaciones veteranas de la cooperación vasca como es Euskadi Cuba y el medio Cuba Información, felizmente absueltos y decididos a continuar la solidaridad con Cuba. En definitiva, una ley, que de cumplirse sería un pequeñito granito de arena en humanizar este mundo.

El pasado 22 de febrero el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Cooperación y Solidaridad por un amplio consenso. Quizá pueda pasar desapercibida en una legislatura dónde se han aprobado 59 leyes. No es el caso para el que escribe ni para mi organización, Izquierda Unida, que fue en 2007 la encargada de impulsar la primera Ley de Cooperación de Euskadi.

“Todo ser humano está llamado a la solidaridad en un mundo que se debate entre la vida y la muerte”, dejó escrito Ignacio Ellacuría en los años 80. Carlos Marx lo interpretó un siglo antes con aquel “nada de lo humano me es ajeno”. Con ese espíritu el pueblo vasco ha desarrollado décadas de ejercicio de internacionalismo, de solidaridad internacional y compromiso con las causas justas de la humanidad: el propio padre Ellacuría, las brigadas internacionalistas a Nicaragua o El Salvador, las miles de cooperantes en América Latina, Sáhara, Senegal o Mozambique, el programa de protección de Defensoras de los Derechos Humanos, Vacaciones en Paz/Oporrak Bakean, el Instituto Hegoa, los informes críticos con el modelo de internacionalización, las alianzas de movimientos sociales y feministas del norte y del sur, Ongi Etorri Errefuxiatuak, los Foros Sociales, el Aita Mari y, cómo no, la propia Agencia vasca de Cooperación. Todo un ecosistema que lucha por aquella máxima zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos”.