Tubacex y la falacia de la asamblea de paja

Una de las artimañas retóricas más conocidas se describe con el evocador nombre de 'falacia del hombre de paja'. Consiste en hacer el intento, cuando se carecen de argumentos válidos que refuten las ideas sólidas de un adversario, de centrar el debate en uno de los aspectos secundarios del asunto en disputa, otorgándole una artificial importancia para convertirlo en causa mayor y así distraer, confundir y salir aparentemente airoso sin haber hablado siquiera del verdadero meollo del problema.

En la ya histórica huelga protagonizada por las trabajadoras y trabajadores de Tubacex existen una serie de hechos incontestables. El primero, la proverbial codicia de sus gestores, capaces de aumentar sus sueldos y retribuciones en plena crisis de la pandemia y tras seis meses de huelga, pretendiendo al mismo tiempo que existen sobrados motivos económicos para despedir a ciento veintiocho personas. El segundo, el feroz varapalo que dos salas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han propinado a la empresa, cuyo Expediente de Regulación de Empleo ha sido declarado en sede judicial ilegítimo e injustificable por causas ni financieras, ni operativas, ni productivas, demostrando que se basaba en mentiras y en aprovechar una situación coyuntural para cimentar medidas estructurales. El tercero, la inoperancia de la actual dirección para dar solución a este conflicto, aferrándose con obstinación a un plan industrial de destrucción de empleo, subcontratación y precarización que ya ha fracasado. Y por último, pero no menos importante, la posición del Gobierno Vasco, especialmente la Consejería de Industria y su titular, Arantza Tapia, que a pesar de sus llamadas a la conciliación permite que no se acaten las sentencias judiciales, e incluso en declaraciones recientes pone en entredicho las mismas, proponiendo su enmienda a través de una negociación que las vacíe de contenido. A este respecto cabe preguntarse si la actitud de tales representantes políticos, con nutrida presencia en el Consejo de Administración del grupo, sería la misma si los jueces hubiesen fallado a favor de la empresa y fuese la plantilla la que tratase de subvertir las sentencias mediante la coerción y la presión sindical.

Nada de esto figura en los artículos propagandísticos en sus medios afines, propiedad de los mismos grupos de comunicación que ocupan también sillones remunerados de forma espléndida en el Consejo de Administración. En lugar de profundizar en las causas y las consecuencias de la lucha, se pretende enturbiar el debate empleando un perfecto 'hombre de paja', inmiscuyéndose en el funcionamiento sindical de la plantilla, desnaturalizando el papel de sus representantes e invocando una asamblea general que, a su juicio, es la única manera de legitimar la huelga. Una huelga, por cierto, que ha sido refrendada por la inmensa mayoría de la plantilla al lograr un seguimiento total desde el primer día de su convocatoria. Después de décadas impidiendo por todos lo medios a su alcance la convocatoria de asambleas y votaciones generales para imponer su máxima “divide y vencerás”, ahora la dirección porfía por una asamblea general arguyendo razones de higiene democrática y libertad de expresión.

Nadie puede llamarse a engaño, sin embargo. La empresa tiene la intención de manipular esa asamblea, manejar sus tiempos, sus plazos, el orden del día, y llamar a una votación escogiendo con cuidado los llamados a las urnas, especialmente los llamados 'key people', una denominación rimbombante para aludir a personal no acogido al convenio. Si la dirección tiene tanto interés en el funcionamiento democrático de las relaciones laborales, quizá debería tomar ejemplo de las corporaciones multinacionales europeas y permitir que la plantilla forme a su vez parte integrante del Consejo de Administración, para que la asamblea general de trabajadoras y trabajadores tenga voz y voto en otras importantes decisiones del grupo empresarial.

En lugar de profundizar en las causas y las consecuencias de la lucha, se pretende enturbiar el debate inmiscuyéndose en el funcionamiento sindical de la plantilla, desnaturalizando el papel de sus representantes e invocando una asamblea general

En cualquier caso, sería una miope equivocación entrar en su juego. La realidad indiscutible es que la dirección de Tubacex se ha enrocado en una posición indefendible, y que la gestión de esta crisis está siendo calamitosa en términos económicos, de imagen y de salud corporativa. El ahorro prometido se ha transformado en un estrangulamiento de la capacidad operativa de las plantas, con las pérdidas multiplicándose en un momento clave de recuperación del sector y con la actual dirección mostrándose incapaz de alcanzar una solución. Las demoras en acatar las resoluciones judiciales no son sino una nueva maniobra de extorsión por su parte, alargando la confrontación confiando en que la plantilla firme una deshonrosa capitulación.

Bastarían tres palabras, en definitiva, para fundamentar con autoridad el problema creado por la dirección de Tubacex: codicia para enriquecerse aún más a costa de los trabajadores y sus familias, prepotencia al considerarse intocables y por encima incluso del poder judicial, tozudez de no admitir el garrafal error y así salir de un atolladero cuya responsabilidad es exclusivamente suya. Contra la voluntad de la dirección de desviar el foco de atención sobre esas tres cuestiones agitando el fantasma de una asamblea de paja, debe prevalecer la sensatez de asumir que el auténtico centro del debate no puede ser nunca el funcionamiento interno de la huelga, sino las causas que la motivan y la prolongan. Porque desatender lo importante al impugnar lo marginal no contribuye en absoluto a resolver el conflicto, sino que se corre el riesgo de que el adversario triunfe en mala lid, perdiendo el tiempo en discutir si los perros de presa de la patronal que están a punto de devorar a la clase obrera son galgos o podencos.

Las trabajadores y trabajadores de Tubacex tienen una respuesta clara y contundente. Contra su codicia, dignidad. Contra su prepotencia, perseverancia. Contra su tozudez, integridad. Y contra su manifiesta injusticia y arbitrariedad, la victoria. 

Este artículo de opinión lo firman Sergio Ayala, Aintzane Mendia, Alex Santamaría, Naiara Olabarrieta, Asier Ortiz, David Hernández y Aitor Bordagaray, trabajadores de Tubacex.

Una de las artimañas retóricas más conocidas se describe con el evocador nombre de 'falacia del hombre de paja'. Consiste en hacer el intento, cuando se carecen de argumentos válidos que refuten las ideas sólidas de un adversario, de centrar el debate en uno de los aspectos secundarios del asunto en disputa, otorgándole una artificial importancia para convertirlo en causa mayor y así distraer, confundir y salir aparentemente airoso sin haber hablado siquiera del verdadero meollo del problema.

En la ya histórica huelga protagonizada por las trabajadoras y trabajadores de Tubacex existen una serie de hechos incontestables. El primero, la proverbial codicia de sus gestores, capaces de aumentar sus sueldos y retribuciones en plena crisis de la pandemia y tras seis meses de huelga, pretendiendo al mismo tiempo que existen sobrados motivos económicos para despedir a ciento veintiocho personas. El segundo, el feroz varapalo que dos salas del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han propinado a la empresa, cuyo Expediente de Regulación de Empleo ha sido declarado en sede judicial ilegítimo e injustificable por causas ni financieras, ni operativas, ni productivas, demostrando que se basaba en mentiras y en aprovechar una situación coyuntural para cimentar medidas estructurales. El tercero, la inoperancia de la actual dirección para dar solución a este conflicto, aferrándose con obstinación a un plan industrial de destrucción de empleo, subcontratación y precarización que ya ha fracasado. Y por último, pero no menos importante, la posición del Gobierno Vasco, especialmente la Consejería de Industria y su titular, Arantza Tapia, que a pesar de sus llamadas a la conciliación permite que no se acaten las sentencias judiciales, e incluso en declaraciones recientes pone en entredicho las mismas, proponiendo su enmienda a través de una negociación que las vacíe de contenido. A este respecto cabe preguntarse si la actitud de tales representantes políticos, con nutrida presencia en el Consejo de Administración del grupo, sería la misma si los jueces hubiesen fallado a favor de la empresa y fuese la plantilla la que tratase de subvertir las sentencias mediante la coerción y la presión sindical.