Cinco días después de los acuerdos para la transferencia de la gestión de Cercanías y de la homologación de los títulos extranjeros, los Gobiernos central y vasco han anunciado este miércoles uno más para el traspaso de las competencias de Inmigración, pendientes desde el Estatuto de 1979. Es un pacto que viene de mucho antes de que surgiera la controversia por la petición de Junts para Catalunya y que se enmarca en otros parámetros muy diferentes. A partir de ahora, el Estado retendrá sus competencias exclusivas en materia de documentación, asilo y expulsiones y Euskadi gestionará el “proceso de acogida de las personas beneficiarias de protección internacional”, por ejemplo lo relacionado como el sistema educativo, la vivienda o el mercado laboral, que ya son competencias autonómicas.
Según ha informado el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, la cuantificación del acuerdo implicará un descuento de 2,4 millones adicionales en el Cupo, que es la cantidad que las Haciendas forales vascas abonan al Estado por los servicios que presta. Es una cifra muy alejada de los 92,7 millones (más 400 en inversiones) en que se estimó el traspaso de Cercanías hace solamente unos días.
El PNV arrancó al Gobierno de Pedro Sánchez en el marco de los acuerdos de investidura el compromiso de cerrar en tres meses, es decir, antes de las elecciones, estas tres materias. Hay un segundo plazo de dos años para el conjunto de puntos pendientes del Estatuto de Gernika, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Sin embargo, lo relativo a Inmigración se ha retrasado unos días más que el resto por dificultades de tipo “técnico-jurídico”. De hecho, hubo otra reunión el lunes sin acuerdo.
Según ha explicado el equipo de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, “con esta transferencia, el Gobierno vasco asume el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas o asiladas”. “La fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional tiene una duración máxima de seis meses. Es decir, durante este periodo de tiempo, se les da apoyo para acceder a la formación para el empleo, se les acompaña en la búsqueda de vivienda y se les facilita actividades de inserción. En definitiva, se ayuda a estas personas a realizar un completo itinerario de inclusión e inserción en nuestra sociedad gestionado a través del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales”, se ha indicado. “Este traspaso pone en valor otras políticas públicas que actúan sobre los procesos de integración de estas personas. Un ejemplo lo tenemos en la transferencia cerrada la semana pasada, la de homologación de titulaciones extranjeras, teniendo en cuenta el contexto de alta demanda de personas trabajadoras cualificadas”, ha señalado Garamendi.
Expresamente se indica que “esta transferencia no se refiere a los procedimientos de asilo, que siguen siendo gestionados por el Estado”, y que “tampoco asume a la gestión de los centros de acogida a refugiados”. De hecho, el pasado año hubo una polémica por el plan del Gobierno central de abrir un nuevo recurso en Vitoria en una vieja residencia, la Clínica Arana. El acuerdo “se refiere al sistema de acogida e integración de beneficiarios de protección internacional, hasta ahora gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, precisan fuentes oficiales.
Y se añade: “Euskadi cuenta con importantes competencias en diferentes ámbitos sectoriales que garantizan prestaciones para los beneficiarios de protección internacional. Desde hace muchos años viene realizando estas labores de manera natural. Ese espacio competencial le ha permitido garantizar diferentes servicios públicos y prestaciones a los que pueden tener acceso los beneficiarios de esa protección internacional. Esta transferencia supondrá una intensificación de los programas en asistencia social y un impulso a la integración”.
El acuerdo se ha cerrado este miércoles por vía telemática. Está pendiente la convocatoria de una Comisión Mixta de Transferencias, que sienta a representantes de ambos Ejecutivos, para firmar formalmente los tres pactos. Hay precedentes en que este foro se ha reunido en período electoral, como es el caso de Euskadi. El Gobierno de Iñigo Urkullu cierra doce años de avances en autogobierno, como él mismo repite. En estos años, además de las tres materias más recientes, se han asumido las competencias de Prisiones o IMV y se ha reformado el Concierto Económico.
El delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, que justamente cumple este miércoles cuatro años en el cargo y que lo dejará muy pronto porque formará parte de la candidatura del PSE-EE en las autonómicas, se ha felicitado por los últimos acuerdos. “La fase de autonomía personal de las personas acogidas con protección internacional, las Cercanías ferroviarias y la homologación de títulos universitarios formarán parte del autogobierno vasco. Febrero ha sido clave para el cierre de los acuerdos de transferencia de las tres materias comprometidas. La firma se estampará en breve y quedarán así certificados tres traspasos al Gobierno vasco que el Ministerio de Política Territorial ha trabajado con rigor y seguridad jurídica”, ha señalado.
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