Cinco claves para comprender la política de vivienda en Euskadi, el espejo en el que se mira la futura ley estatal

Esta semana, PSOE y Unidas Podemos han acordado en el seno del Gobierno de España el proyecto de presupuestos... y también una futura Ley de Vivienda. Algunas de sus medidas han sido muy comentadas por novedosas. Sin embargo, muchas de esas políticas llevan años en vigor en Euskadi, algunas desde 1994 y el grueso de ellas desde que en 2015 una extraña alianza de EH Bildu, socialistas y UPyD alumbró desde la oposición una normativa de corte progresista a la que se opusieron con firmeza PNV y PP y que ahora continúa en vigor. Es más, la normativa vasca -y la posteriormente aprobada en Navarra también- van incluso más allá y contemplan el acceso a la vivienda como un derecho que ha de cubrir la Administración si se cumplen unos requisitos económicos en desarrollo de un artículo 47 de la Constitución que, al contrario de la creencia popular, no supone automáticamente el reconocimiento del derecho a una vivienda digna.

“Tenemos una ley desde 2015 y eso es lo que nos marca las líneas de actuación”, indica Pedro Jáuregui, viceconsejero de Vivienda desde 2016 dentro de la parte socialista de la coalición de PNV y PSE-EE que dirige Iñigo Urkullu. “El eje es que la vivienda es un derecho subjetivo. El artículo 47 de la Constitución se queda ahí y se hace efectivo con una ley. Y nosotros tenemos una que lo posibilita”, afirma. Su partido fue el proponente original de esta ley cuando estaba en la oposición en la legislatura 2015 y concitó en torno a ella a EH Bildu y a UPyD. El PP, entonces en el Gobierno central, la recurrió ante el Tribunal Constitucional y el PNV alertó de un “efecto-llamada de alcance mundial” por el reconocimiento del derecho. “Es algo que no está previsto ni en los países que inventaron el Estado del Bienestar”, manifestó el entonces portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka. Sin embargo, el consejero competente en Vivienda, Juan María Aburto, salió del Gobierno del PNV a la Alcaldía de Bilbao y fue relevado por otro de perfil progresista que hizo suya la norma, Ángel Toña, quien habló de “lealtad al país y al Parlamento”. “Como Gobierno, hacemos nuestra la ley que ha aprobado el Parlamento Vasco”, solemnizó para dar por zanjada la polémica. Cuando se conformó la coalición de PNV y PSE-EE, en todo caso, los socialistas asumieron desde el principio la cartera de Vivienda, con Iñaki Arriola como consejero. Ahora, el PNV ha torcido el morro y avisa de que la normativa estatal puede suponer una invasión competencial.

1 - El derecho subjetivo

El derecho a una vivienda se satisface inicialmente con una vivienda protegida en régimen de alquiler social, cuya renta no puede sobrepasar el 30% de los ingresos mensuales. Pero si la Administración no dispone de oferta en la zona demandada, se abona una prestación alternativa para acceder al mercado libre y que es conocida por sus siglas PEV. Según los datos de Jáuregui, ahora mismo hay unas 6.000 unidades familiares alojadas con esta fórmula y 27.000 cobrando la PEV o, en su defecto, el complemento de vivienda (PCV) asociado a la renta de garantía de ingresos (RGI), que es el salario social para quienes no tienen recursos o para quienes cobran nóminas o pensiones bajas. “Son 90 millones de euros al año”, remarca el viceconsejero. La cuantía de esta ayuda está fijada en 250 euros mensuales sea PEV o PCV, muy lejos de la renta media de 1.000 euros en Euskadi. La PCV llegó a estar en 320 euros pero otra consejera socialista, Gemma Zabaleta, acordó en 2011 una serie de recortes con el PP y uno de ellos se mantiene una década después. Ambas ayudas están condenadas a fusionarse, pero hay un problema para los extranjeros: la RGI recortada en 2011 -y con ella la PCV- permiten cobrarla con tres años de empadronamiento y la Ley de Vivienda plantea cuatro años. En 2022 la complementariedad de los sistemas debería quedar resuelta con el derecho de desarrollo del derecho a la vivienda en el que trabaja el Gobierno autonómico. Por otro lado, un informe de julio publicado por este periódico indicaba que fueron 3.736 las personas que entre 2020 y 2021 han ejercido su derecho subjetivo a la vivienda, 2.462 el pasado año y 1.274 en el primer semestre de 2021. De ellas, un 16,46% ha visto satisfecha esta disposición legal no con una casa sino con los 250 euros mensuales. Por el contrario, a 644 solicitantes se les ha denegado el derecho en cualquiera de sus dos formas. Es el 17,23% del total.

2 - ¿Cuántas viviendas protegidas hay en Euskadi?

Desde que en 2015 se aprobó la Ley de Vivienda, el parque de viviendas protegidas para alquiler ha pasado de 20.215 a 25.823 y, en porcentaje, del 25% al 33%. Sin embargo, el parque total ha bajado de 80.110 a 76.873. En todo caso, esas casi 26.000 casas son la segunda dotación más grande de todas las comunidades, detrás de Madrid. “Y allí viven varios millones más de personas”, se felicita Jáuregui. Con menos del 5% de la población, “es el 29% de la oferta de toda España”, añade. Pero no es suficiente. “Euskadi tiene un problema muy grande, con la menor oferta de alquiler de España. Todas nuestras políticas van a captar alquiler social”, explica Jáuregui. Existen dos programas llamados Bizigune y ASAP para ello, con unas 7.000 viviendas introducidas al sistema entre ambos. El primero es el más potente y consiste en que es el Gobierno el que arrienda una casa y luego la adjudica según sus criterios. El propietario tiene garantizado cobrar regularmente la renta (650 euros) y otra serie de coberturas. “Igual le sacaría más en el mercado libre, pero aquí te olvidas de todo. El Gobierno te lo va a devolver en perfecto estado”. En ASAP el Gobierno solamente ejerce de intermediario inmobiliario y el canon llega a 775 euros y no pasa de “400 o como mucho 500” propiedades movilizadas.

3 - Reserva de suelo

La futuro ley estatal de Vivienda plantea una reserva del 30% en todas las promociones para viviendas protegidas. “Eso está más que superado”, asegura el viceconsejero de Vivienda. Es un modelo que funciona en Euskadi desde hace 27 años. En 1994, la conocida como 'ley Maturana' fijó un 65% de cupo en nuevos desarrollos y un 20% en promociones en zonas ya urbanizadas. En 2006, el entonces consejero de Vivienda de Juan José Ibarretxe, Javier Madrado (de EB-IU), introdujo en la Ley del Suelo ahora en vigor porcentajes del 75% y del 40%, respectivamente. ¿Y si un propietario quiere hacer una urbanización? “Ningún problema. La propia ley prevé mecanismos de compensación si no se puede. Se repone hasta llegar el porcentaje en otros ámbitos del mismo municipio. Esto lo controlan ayuntamientos y lo autoriza el propio Gobierno vasco”, explica Jáuregui. El PP ha gobernando la capital vasca durante 12 años, con Alfonso Alonso primero y Javier Maroto después, mientras estas normas estaban en vigor.

4 - Gravámenes, control de precios y viviendas vacías

Otro punto del que se ha discutido es la regulación de precios ante un mercado con precios disparados. De hecho, localidades como Donostia son de las más caras de España. Aquí el Gobierno vasco, en la línea que defiende el PSOE, apuesta más por los incentivos para movilizar vivienda vacía y, si no funcionan, por medidas coercitivas para que salgan al mercado. Se rechazó en 2020 una propuesta de EH Bildu de ir a una ley con límites a las rentas. Son unas 15.000 movilizables -se excluyen segundas residencias, por ejemplo- y hay 60.000 demandantes esperando en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide. ¿Cuáles son esas medidas para combatir las viviendas vacías? Se gradúan en tres fases. La primera es un canon de 10 euros anuales por cada metro cuadrado, la segunda es activar un “alquiler forzoso” si esa casa está en una zona de “acreditada demanda y necesidad de vivienda” y el tercer escenario posible, para la situaciones “más extremas”, es la “expropiación forzosa”. No se aprecia en Euskadi una acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores, “un problema de Madrid, Barcelona y las grandes capitales europeas”. Aquí solamente representan el 5% y “la inmensa mayoría son de pequeños propietarios”.

El decreto con este sistema se presentó este 2021. En concreto, fija como vivienda deshabitada “aquella que se encuentre desocupada de forma continuada durante los dos años a partir del día siguiente desde que pueda ser utilizada para uso residencial”. ¿Hay que pagar por la casa de la playa? No recibirá esa etiqueta si es una segunda residencia, como tampoco si viene motivado por un traslado laboral o por otra razón justificada o si está en el en venta o alquiler “a precios de mercado”. Pero si esas casas están en zonas de alta demanda o “tensionadas”, el Gobierno podría obligar a los propietarios a alquilarlas. Para ello, tiene que haber 100 personas demandantes en Etxebide a los que se les haya rechazado el acceso a la vivienda por falta de oferta y que los precios medios de la zona sean un 10% superiores a los del municipio. En todo caso, para que esto se produzca la vivienda deberá llevar desocupada al menos un año entero y el arrendamiento durará un máximo de cinco prorrogables. El alcalde de Vitoria y presidente de la asociación de municipios vascos (Eudel), Gorka Urtaran (del PNV), ha lamentado que el Gobierno ponga en marcha el canon sin dotar de recursos a quienes tienen que localizar esas casas vacías, los ayuntamientos. En Donostia, parecen demorar su aplicación hasta 2024 aunque allí aplican un recargo en el IBI por el mismo concepto que cubriría ese vacío. En Bilbao sí se ha puesto en marcha el procedimiento para aplicar la medida del Gobierno autonómico. En cuanto a incentivos fiscales, Jaúregui recuerda que los territorios vascos tienen un IRPF propio.

5 - Ayudas a los jóvenes

En la Nochevieja de 2018 a 2019 numerosos jóvenes accedieron a la web del nuevo programa de ayudas a la emancipación, llamado Gaztelagun. En las primeras horas, 3.500 se interesaron. Nació como una nueva ayuda de hasta 250 euros para favorecer el alquiler de viviendas en solitario o en compañía para jóvenes de entre 23 y 35 años con ingresos no superiores a 15.000 euros brutos anuales y que lleven al menos un año de residencia efectiva en Euskadi. Esa cuantía es equivalente a la PEV o a la PCV y se puede pedir para firmar un contrato de alquiler de hasta 750 euros en las capitales, de hasta 650 en los municipios de más de 10.000 habitantes y de hasta 600 en el resto. “La propuesta de ayudas a jóvenes del Gobierno central está inspirada en Gaztelagun, incluso en las cuantías”, asegura Jáuregui, que anuncia que se eliminará pronto el tope máximo de tres años para permitir cobrarla de manera indefinida hasta cumplir los 36 años. También su subirán los umbrales de renta máxima para permitir dar cabida a más beneficiarios. Según datos de febrero, los beneficiarios habían sido 1.992 personas y el gasto total del programa 3,96 millones de euros.