El interventor del Ayuntamiento de Barakaldo, Isidro Barturen, ha emitido diez informes de reparo suspensivo denunciando irregularidades en la contratación por parte de la alcaldesa del PNV, Amaia del Campo, de servicios de defensa letrada con el abogado Roberto Barrondo Lacarra a título individual o con el bufete ACIES Abogados. Desde finales de 2018, el Gobierno de la cuarta ciudad vasca viene llamando “de forma reiterada” a este despacho a pesar de contar con un servicio jurídico propio. Las minutas ascienden a 35.715,40 euros. El pleno municipal, en el que el PNV gobierna con los socialistas, ha levantado los reparos sistemáticamente y ha autorizado el pago de esas cantidades. Se da la circunstancia de que uno de los fundadores de ACIES abogados y máximo responsable hasta su reciente jubilación fue Iñaki Goikoetxeta, que fue miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV hasta 2016 y también patrono de la fundación vinculada al partido, la Sabino Arana.
El último informe de reparo es de fechas muy recientes, de agosto, y fue levantado en el pleno de la semana pasada, según ha denunciado este jueves la coalición Elkarrekin Podemos-IU, que lamenta que la alcaldesa haya hecho “caso omiso” de las advertencias del interventor de que “no se han seguido los procedimientos básicos de contratación que exigen las leyes”. “El Ayuntamiento dispone de dos abogados que pueden realizar las labores contratadas con la empresa privada”, ha señalado la portavoz de la formación, Itziar Celis.
En el décimo informe, el alto funcionario reconoce que “es cierto que no han sido atendidos” los anteriores nueve dictámenes pero incide en que “es asimismo cierto que los argumentos que sustentan las sucesivas contrataciones de abogados externos, en numerosas ocasiones el mismo, y el abono de las minutas giradas no pueden compartirse por la Intervención desde un punto de vista de control de la legalidad en la asignación de recursos públicos”. Y añade: “Lo cierto es que en el presente supuesto no ha existido ni siquiera una apariencia de procedimiento ni de actuación conforme a derecho”.
El interventor enumera todas las adjudicaciones directas con Barrondo -cuatro- o con su bufete -ocho-. Son de 4.598, 2.758,80, 2.241,20, 563,58, 2.492,60, 121, 1.573, 3.194,40, 3.746,16, 2.248,18, 8.306,48 y 3.872 euros. Alerta de que son contratos menores (directos o sin concurso)y que no se acredita “válidamente” la existencia de “necesidad alguna” de tirar de profesionales externos “por ausencia de medios propios”. Se destaca que las facturas las tramita directamente Alcaldía y no la asesoría jurídica, lo que impide contrastar más adecuadamente este último punto. “Lo que concurre en el presente caso es que no hay contrato alguno puesto que no hay ni documentación ni procedimiento ni, de hecho, actuación alguna de la que quede mínima constancia, lo que obliga a concluir con carácter general la total falta de justificación del recurso a un abogado externo, con la correspondiente asignación de recursos públicos”.
Como detalle, apunta que una de las facturas del abogado no tiene número de expediente, “como resulta obligado para todos los proveedores del Ayuntamiento”. Fue emitida el 20 de mayo “y registrada el 28 de junio”. “Esta ausencia se entiende relevante por dos motivos fundamentales. Uno, que resultaba imposible que la factura recogiera el número de expediente por la sencilla razón de que en el momento de su emisión el expediente de gasto no existía, dado que la solicitud de reserva de crédito que da inicio al expediente de gasto no se formalizó por el concejal delegado del área de Alcaldía hasta el 27 de julio, todo lo cual evidencia una contratación verbal en ausencia de procedimiento y viciada de nulidad”, remarca el interventor.
No es la primera ocasión en Euskadi en que los interventores lanzan advertencias a sus alcaldes y que quedan desoídas. El caso más llamativo se dio en la localidad guipuzcoana de Hondarribia, donde la funcionaria encargada del control de las cuentas emitió decenas de informes de reparo que el alcalde, Txomin Sagarzazu, del PNV, levantó dando orden del pago de las facturas. Una de las compañías que recibió esas adjudicaciones directas fue el grupo Montai, dirigido por el miembro del PNV Aitor Elorza y dedicado a la organización de eventos. En Llodio, la interventora también alertó sobre un contrato de carpas con ese mismo grupo empresarial tramitado por el regidor, Ander Añibarro, igualmente 'jeltzale'.