La Comisión de Ética no emitirá ninguna resolución sobre los contratos del Instituto de la Memoria a empresas de un cargo del PNV

“Las dos denuncias presentadas en 2020 (ambas en noviembre) están resueltas, notificadas a las personas interesadas y publicadas en la web”. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, también presidenta de la Comisión de Ética, explica en una respuesta a una pregunta en el Parlamento Vasco del representante de EH Bildu Josu Estarrona que el organismo que dirige y vela por la buena conducta de los cargos públicos no tiene asuntos en cola del año pasado, el del inicio de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido entonces con la consulta realizada en enero de 2020 por la directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro? Según expuso en rueda de prensa el entonces portavoz del Ejecutivo -y presidente de la Comisión de Ética-, Josu Erkoreka, Ezenarro había remitido a este organismo las contrataciones realizadas con el grupo de empresas Montai, propiedad de un cargo del PNV y que en su mayoría no habían salido a concurso.

Más de un año después, todo apunta a que no se produjo tal consulta. Fuentes del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales -Gogora ahora está encuadrado allí y no en Presidencia- indican que “la Comisión no se ha pronunciado en ningún sentido porque al parecer tampoco consideró que había caso sobre el que pronunciarse”. Lo que hizo Ezenarro fue enviar de manera informal a este comité la misma documentación que analizó tanto la Oficina de Control Económico (OCE) como el Parlamento Vasco. La OCE es otra oficina gubernamental y emitió un informe favorable aludiendo a que, como mucho, el asunto se limitaba a pequeñas irregularidades administrativas. A su frente estaba Javier Losa, exdirigente del PNV de Álava y que estimó que las cuatro marcas del grupo Montai eran independientes entre sí y que no había opacidad alguna en que las unas 'compitieran' con las otras.

Garamendi insiste en su respuesta a Estarrona en que la Comisión de Ética está al día -en teoría debería tener pendiente un nuevo tema de 2021: las vacunaciones irregulares de altos cargos sanitarios- y que no se ha producido “ningún cambio normativo” que haya hecho que en todo el año 2020 solamente se despacharan dos consultas. Sí se aprecia que la actividad de este órgano ha decaído con el paso de los años: 14 consultas en su estreno, en 2013, 11 en 2014, 13 en 2015, 8 en 2016, 11 en 2017, 5 en 2018 y 7 en 2019. La pandemia ha podido condicionar sus trabajos y 2020 ha sido también el año del relevo en la presidencia con la salida de Erkoreka y la llegada de Garamendi, aunque se da la circunstancia de que ninguna de las dos resoluciones las ha firmado ella, sino su colega Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico. La de más calado político no vio anomalías en el salto de varios excargos del Departamento de Salud, entre ellos el exconsejero Jon Darpón, a la aseguradora privada Keralty.

En una interpelación durante la última sesión de control al Gobierno en el Parlamento, el propio Estarrona ironizó que la Comisión de Ética es una “Comisión de Estética”: “Atendiendo a los precedentes, ya sabemos en qué dirección irán esos dictámenes. En la de eximir. Se van a dedicar a maquillar actuaciones de dudosa honestidad, de dudosa ética, como lo han hecho hasta ahora [...]. El sentido de los 68 dictámenes emitidos hasta la fecha desde 2013 [...] se dedican a construir tesis exculpatorias para no reconocer el mal proceder de la mayoría de las denuncias sustanciadas”. Eso sí, en una ocasión sí recomendó la destitución del responsable de la sociedad informática autonómica (Ejie), Agustín Elizegi, por una adjudicación a su exempresa privada. También dio un tirón de orejas al entonces director del Departamento de Economía y Hacienda Hernando Lacalle, ahora viceconsejero, por no comunicar su imputación en una causa penal por una subvención al grupo DenokInn.

PP y EH Bildu han denunciado también en los últimos meses que la Comisión de Ética lleva “desde 2017” sin elaborar sus memorias anuales. Es algo que no ocurre, por ejemplo, en los órganos equivalentes forales, como el de Álava y el de Gipuzkoa. Ante las críticas por el “parón”, Garamendi ha negado la mayor públicamente. “Nada más lejos de la realidad. Les puedo asegurar que está desarrollando sus funciones con total normalidad y le estamos prestando toda la atención y rigor que merece”, ha llegado a solemnizar en el Parlamento.