La Comisión de Ética valida que una alto cargo vasca se pueda presentar a unas oposiciones

La Comisión de Ética de Euskadi, que se ha visto envuelta en una controversia política en las últimas semanas, ha emitido una nueva resolución, la primera datada en 2023. El dictamen establece “de raíz” que no hay conflicto de intereses en el hecho de que una viceconsejera, cuyos identidad no ha sido revelada, desea presentarse a unas oposiciones para consolidar su plaza de interina en la Administración. Se destaca que “el proceso selectivo en el que la autora de la consulta desea participar ha sido convocado por una Administración pública distinta a aquélla en la que ejerce sus funciones”.

Explica la resolución de la Comisión de Ética, que está presidida por la consejera Olatz Garamendi y que tiene cinco integrantes, que la alto cargo “ostenta una legítima expectativa de derecho para con una de las plazas convocadas” en un proceso iniciado en diciembre de 2022 y que responde a las múltiples convocatorias al calor de la normativa estatal de consolidación de miles de plazas. Había sido funcionaria interina durante “varios años” antes de saltar a un puesto de designación política. “Me asiste una expectativa tan fundada como legítima”, expresaba la afectada en su carta a este organismo.

Recuerda la comisión que en 2015 y 2016 ya respondió favorablemente a dos consultas similares. Y dictamina: “Con respecto a la posibilidad de compatibilizar el ejercicio de un cargo público con la participación en un proceso selectivo convocado por una Administración pública, bien sea la misma en cuyo organigrama se ubica el cargo en cuestión o bien sea una distinta, como ocurre en el presente caso, nada establecen [la ley y el código ético que se aplica a los altos cargos]. Pero en el caso de la interesada, no nos encontramos ante la pretensión de ejercer una actividad económica de naturaleza profesional, mercantil o industrial, sino ante el deseo de participar en un proceso selectivo que no se prolongará en el tiempo y sería, como se ha señalado, expresión del ejercicio de un derecho fundamental”.

Sostiene la comisión que los altos cargos tienen derecho a la “administración del patrimonio personal y familiar” y que “no parece razonable” que hay “menos motivo” para que tengan autorizado, como “todo ciudadano”, “gozar del derecho a acceder a cargos y empleos públicos”. Además, estipula que claramente no hay un choque de intereses porque esta persona no participa en las “decisiones” sobre el desarrollo de la OPE. Su plaza está en “una Administración pública completamente ajena”, por lo que hay una “disociación orgánica”.

“Es obvio -se lee en la resolución- que en el supuesto que nos ocupa no se dan los requisitos fácticos necesarios para la existencia de un conflicto de intereses, dado que en el ejercicio de sus funciones como cargo público, la interesada en ningún momento tendrá que intervenir, ni directa ni indirectamente, en las decisiones atinentes a la tramitación y resolución del proceso selectivo en el que desea participar”. Se insiste también en que la sombra del “favoritismo” quedaría despejada al ser un puesto muy diferente al que ocupa ahora y del que nada se explica.

La Comisión de Ética lleva varias semanas en el ojo del huracán. EH Bildu ha rescatado su calificativo de “Comisión de Estética” y ha pedido su disolución al entender que no ejerce de contrapeso cuando hay que posibles conflictos con altos cargos. También ha criticado que se revelara la identidad de un denunciante, en este caso su parlamentario Unai Fernández de Betoño, mientras se blinda la de los cargos afectados. En su trayectoria, casi al inicio planteó la salida del responsable de la sociedad informática EJIE, entonces Agustín Elizegi, por contratos relacionados con su empresa y ha reconvenido con sendas publicaciones en el boletín oficial a Iván Pedreira o Hernando Lacalle por un “cumplimiento insuficiente” del código ético, pero el resto de resoluciones no han hallado irregularidades, como la que analizó el paso del exconsejero de Salud, Jon Darpón, a la aseguradora sanitaria privada Keralty.