La magistrada Ana María Martínez Navas, titular del juzgado contencioso-administrativo 1 de Vitoria, ha anulado el nombramiento de Roberto García Tobalina como comisario-jefe de la Policía Local, según ha informado este miércoles el sindicato ELA. La sentencia afirma que se produjo una situación de “discriminación por razón de género” ya que el Ayuntamiento realizó una “sucesión” de actuaciones “constitutivas de desviación de poder” para facilitar (por dos veces) el ascenso de García Tobalina e impedir que la única agente que cumplía los requisitos, una mujer, accediera a esa posición. Se ordena también abrir un concurso de méritos para la nueva designación. El Ayuntamiento adelanta ya que recurrirá esta sentencia ante el Superior.
Los hechos se remontan a 2018. El anterior jefe del cuerpo, José Antonio Vicho, dejó el cargo y fue nombrado García Tobalina. Se abrió una convocatoria, hubo tres aspirantes y la plaza recayó en el hasta ahora mando, que tenía la categoría de suboficial, insuficiente para el puesto. El 1 de abril de 2022, el momento que origina la polémica, García Tobalina accedió ya a la categoría de oficial. Ese mismo día fue nombrado nuevamente como jefe de la Policía de Vitoria, ahora ya con el nivel administrativo mínimo. García Tobalina tiene 54 años y es agente municipal desde 1999.
Explica la magistrada que aunque el ascenso de 2018 no se recurrió y se convirtió en “firme” no justifica que se mantenga hasta ahora una situación “del todo irregular”. “No cumplía con el requisito de ser subcomisario para ocupar el puesto de comisario y sólo cumplió dicho requisito cuatro años después”, se puede leer en el fallo. La magistrada muestra que ello queda probado desde el momento en el que, cuando consigue la promoción interna, es “actualizado” su nombramiento como máximo mando policial por parte del Ayuntamiento, una coalición de PNV y PSE-EE en la que los socialistas dirigen el área de Seguridad. Hubo “determinismo” en el Gobierno local para “consolidar” la posición “irregular” de García Tobalina y “tal proceder constituye una desviación de poder”.
Eso ha supuesto “cercenar” el “derecho” a la carrera profesional de otros agentes que sí reunían los requisitos para el cargo. Particularmente, según recoge la sentencia, ha afectado a la recurrente, “la única persona que cumplía estrictamente con dicho requisito, siendo además la única mujer”. Es subcomisaria y “si bien no tiene derecho a ocupar el puesto de comisaria per se” sí “tiene derecho a una convocatoria transparente y pública”. La juez insiste en que ha habido discriminación de género porque en 2022 se volvieron a tomar decisiones administrativas para primar “a un hombre”.
En definitiva, “el hecho de que el puesto de comisario sea un puesto de libre designación no empece para que proceda a la aprobación de unas bases, su publicación, su convocatoria, la constitución de un tribunal y la valoración de los méritos de todos los aspirantes en condiciones de igualdad”. Así, la sentencia prevé también que hasta que no haya un concursos de méritos, el Ayuntamiento deberá abonar también a la subcomisaria afectada la diferencia retributiva entre su cargo real y el que le correspondería, así como las cantidades retroactivas “desde abril de 2022”.
ELA ha afirmado que se mantendrá “firme” en la denuncia de “situaciones de discriminación”, particularmente en la Administración pública. La actuación en Vitoria ha sido “muy grave”, particularmente porque es un organismo “muy masculinizado” como la Policía. Fuentes del Ayuntamiento, por su parte, ha indicado a este periódico que van a recurrir a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por el juez Luis Garrido. Añaden que “no comparten” las críticas al “sesgo de género”. “La concejal de Seguridad es una mujer, la directora es una mujer y de los cuatro subcomisarios dos son mujeres”, recalcan.
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