El lehendakari, Imanol Pradales, ha designado a Amaia Barredo (Donostia, 1970) como nueva consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca. Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la UPV/EHU, era actualmente diputada foral alavesa de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural. Llegó al cargo hace justamente un año tras haber sido viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia. De esa etapa data una denuncia de Ekologistak Martxan a la Fiscalía contra la autorización al proyecto Valogreene Paper de Bergara. El ministerio fiscal halló indicios de un delito de prevaricación, que no comporta penas de cárcel pero sí una posible inhabilitación, y elevó el asunto a un juzgado de Vitoria. Ahora, cuando tome posesión de sus nuevas responsabilidades, Barredo quedará aforada de modo que se expone a una investigación penal ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que es el órgano competente para los asuntos con miembros del Gobierno implicados.
Valogreene Paper es un proyecto de tratamiento de lodos de papelote y de depuradora para su aprovechamiento. En un inicio, recibió luz verde urbanística del Ayuntamiento de Bergara, controlado por EH Bildu. Sin embargo, el alcalde, Gorka Artola, revocó la licencia. El PNV de Gipuzkoa opinó entonces que lo hizo “bordeando peligrosamente la prevaricación administrativa”. Sin embargo, la Fiscalía revisó una denuncia de Ekologistak Martxan y encontró indicios de que fue el Gobierno vasco y, en concreto, Barredo y su colaborador y alto cargo Javier Agirre Orcajo, los que pudieron cometer ese mismo delito al mantener en marcha el plan a pesar del cambio de criterio municipal.
El caso lo hizo público este periódico en el verano del año pasado, justamente cuando Barredo fue nombrada diputada de Álava. Barredo, cuando todavía era viceconsejera, y Agirre Orcajo habían comunicado la denuncia de la Fiscalía a la Comisión de Ética del Gobierno vasco, que lo publicó sin revelar la identidad de los implicados. Este organismo emitió un dictamen favorable a que continuaran en el cargo hasta que, en su caso, se cierre la investigación y se les envíe a juicio. Sin embargo, Barredo no comunicó en ningún momento ni al diputado general, Ramiro González, ni al partido (en Álava, pero sí al de Gipuzkoa) su situación judicial, lo que convulsionó el inicio de la legislatura foral alavesa hace un año. Ella misma admitió públicamente esta circunstancia en el Parlamento alavés, las Juntas Generales.
Sin embargo, apenas un año después y en la misma situación, Barredo ha recibido otra llamada, la de Pradales. Quien también ha sido concejal en Vitoria pasa a dirigir una cartera específica para el primer sector en un contexto de especial relevancia por las protestas y movilizaciones agrarias. Ella misma participó en la respuesta interinstitucional que lideró su exjefa y predecesora Arantxa Tapia tras las primeras tractoradas.
Al no haber precedentes, se desconoce si Barredo tendrá que volver a dirigirse a la Comisión de Ética para que valore su situación procesal nuevamente a la luz de su nuevo cargo, con más rango, o si es válido el dictamen de su etapa como viceconsejera. La nueva presidenta de la Comisión de Ética será con toda probabilidad María Ubarretxena, titular de Gobernanza y portavoz del Ejecutivo.
Se da la circunstancia de que un salto del caso del juzgado de Vitoria al Superior podría reactivar el asunto. Fuentes judiciales explican a este periódico que la magistrada que inició la causa a raíz de la denuncia de la Fiscalía, María Elena Rodríguez Molpeceres, ni siquiera está ya en Vitoria. Actualmente, hay una sustituta cubriendo la plaza de responsable del juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. En todo este tiempo no se ha hecho absolutamente nada en torno al caso de Valogreene Paper y eso que en febrero de este año la Fiscalía envió un requerimiento al juzgado urgiéndole a iniciar las diligencias para resolver este asunto. Los denunciantes, Ekologistak Martxan, han mostrado su “decepción” por la parálisis de los tribunales en estos meses en un asunto relevante.
Barredo siempre ha negado que haya cometido delito alguno en relación a la puesta en marcha del proyecto Valogreene Paper. De hecho, en el seno del PNV y del PSE-EE cunde la sensación de que los cargos de Medio Ambiente están expuestos a continuas denuncias por sus actuaciones. “Me he sentido muy mal. Aunque estoy muy tranquila porque he sido honesta y he cumplido la ley, no me he sentido respetada en mis derechos fundamentales”, ha expresado en comparecencias oficiales. De hecho, ese sentimiento de que no prosperará el caso es lo que motivó, según ha explicado, que no informara cuando fue nombrada para la Diputación. “No le di más importancia”, llegó a manifestar. El caso ahora ya es público y notorio y el PNV lo habrá tenido en consideración para esta nueva etapa.
“Respecto a la acusación de prevaricación, la resolución no reúne los criterios ni de injusticia ni de arbitrariedad”, ha enfatizado igualmente. “Lo hemos hecho bajo el aval de un potente equipo de profesionales. Han participado diferentes equipos técnicos y miembros de equipos internacionales. Lo que les estoy diciendo es que el equipo técnico que tiene el Gobierno vasco es de lo mejor que tiene cualquier comunidad autónoma de este país. Son los que representan al Estado en la Unión Europea”, ha apuntado también.
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