La última sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco antes de las elecciones forales y municipales ha tenido como eje la nueva ley educativa presentada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu con un pretendido acuerdo del 90% de la Cámara pero que ha suscitado críticas incluso con el PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno. Siete de las dieciocho preguntas e interpelaciones han tenido como protagonismo a la segunda materia que más presupuesto consume en la comunidad autónoma, solamente por detrás de Salud. “Ojalá nadie dificulte que pueda ser esta legislatura” en la que se apruebe la reforma, ha deseado Urkullu. “Es incuestionable el clima electoral”, ha añadido el consejero del ramo, Jokin Bildarratz. Sin embargo, el elemento novedoso -por inusual en la vida parlamentaria- lo ha puesto un consejero socialista con competencias en Política Territorial, Vivienda y Transportes. Iñaki Arriola, respondiendo a una pregunta deliberada del PP para hacer palmarias las diferencias dentro del seno de la coalición de Gobierno, ha cuestionado algunos puntos clave del proyecto de ley y ha afirmado textualmente que ambos partidos “no han alcanzado un acuerdo” en torno a él.
La intervención de Arriola ha sido la séptima y última de todas las relacionadas con Educación. De hecho, ha sido su único parlamento en toda la sesión, ya que el PP le ha perdonado una pregunta sobre la ley estatal de vivienda. Como publicó este periódico, el PP ha confirmado que quería conocer la posición del PSE-EE a la luz y que ha elegido como interlocutor a un consejero sin ninguna relación con la materia porque la vicelehendakari, Idoia Mendia, no podía estar en la Cámara. Y Arriola, cuyo escaño está pegado al de Bildarratz, no ha rehuido el debate. Ante la atenta mirada de Bildarratz y tras haberse hecho acompañar de varios montones de papeles con notas, Arriola ha indicado que el acuerdo de coalición de 2020 ya fijaba unas pautas para la reforma educativa, que es “necesaria”. Ha citado la importancia de dotar de centralidad a la escuela pública, la laicidad, la lucha contra la segregación o el trilingüismo. Y ha añadido: “Efectivamente, el PSE-EE tiene algunas dudas” sobre la propuesta de Bildarratz.
El consejero socialista se ha remitido a los puntos de discrepancia ya manifestados por el PSE-EE como partido tras conocerse el articulado y ha recordado que hay informes internos también críticos. Desde el PP, Carmelo Barrio ha insistido en que los tres consejeros socialistas -Mendia, Arriola y Javier Hurtado- votaron a favor del proyecto de ley en el Consejo de Gobierno. El representante del PSE-EE lo ha confirmado pero ha matizado que lo hicieron para no enlentecer aún más la tramitación parlamentaria de un texto que llega con un calendario muy apretado a la luz de lo que queda de la legislatura y su complejidad. Es ahí cuando ha indicado que PNV y PSE-EE “no han alcanzado un acuerdo”, esto es, que la ley no es compartida, pero ha pedido “no dramatizar” porque la “firme voluntad” es que la sangre no llegue al río y se logren consensos. En todo caso, ha remarcado también que el lehendakari es conocedor de estas discrepancias.
En la misma sesión, Ikoitz Arrese, de EH Bildu, ha empleado las mismas palabras que Urkullu: “Ojalá nadie dificulte que tengamos una ley en esta legislatura”. La coalición, que ya hace dos semanas facilitó en este mismo foro que Bildarratz anunciara que iba a presentar la ley, se está consolidando como el aliado más estable del PNV en esta materia. No obstante, aunque en su intervención sobre Educación no lo ha mencionado Arrese, EH Bildu mantiene algunas diferencias de calado en la interpretación del texto del Gobierno. La coalición entiende que la ley supera el marco actual de modelos lingüísticos para impulsar un marco único con el euskera como eje y una serie de mínimos en las dos lenguas oficiales (B2 a los 16 años) y en la lengua extranjera (B1). Sin embargo, aunque el A, el B y el D no aparecen ni en la ley -de más de cien artículos- ni en las memorias adjuntas -1.287 páginas- Bildarratz ha insistido ante la Cámara en que no desaparece este sistema. “No hay debate en torno a este tema. La ley va a suponer la eliminación de los modelos actuales”, ha subrayado. Eso sí, como dato ha indicado que de 11.969 matrículas para el curso 2022/2023 apenas 190 han sido en A, el modelo con todas las asignaturas en castellano salvo la lengua vasca y el inglés.
En cuanto a Elkarrekin Podemos-IU, que en 2022 participó con PNV y PSE-EE y con EH Bildu en el acuerdo de bases que fue el germen de este proyecto de ley, ha dejado claro que está instalado definitivamente en el 'no'. El lehendakari Urkullu ha parecido tomárselo con normalidad, ya que ha contado seis intervenciones críticas previas de Miren Gorrotxategi, la portavoz de la coalición, durante los meses en que aparentemente mantenían un acuerdo en la materia. Además, ha acusado a esta formación de no haber hecho “aportaciones” para mejorar el proyecto de ley presentado y que se ha venido redactando durante un año y dos meses. “Catorce meses, aportaciones cero. Ni media palabra”, ha ironizado.
Gorrotxategi ha querido referirse a los informes económicos de la ley, que señalan que podría no estar bien medido su impacto económico. En concreto, remarca que si lo que se pretende es compensar con más financiación el hacer efectivo que los centros concertados no puedan cobrar por el servicio que prestan -algo ya ilegal pero tolerado- “el Gobierno estará imputando al erario las cuotas que cobran los centros de manera ilegal”. Ha indicado que mientras Urkullu ha estado en el cargo, desde finales de 2012, los módulos para costear centros privados han subido un 25% en Primaria y un 33% en Secundaria. “¿Y la red pública desde que soy lehendakari?”, le ha respondido Urkullu, que entiende que “no se pueden comparar peras con manzanas” ya que también ha invertido más en estos centros.
Se da la circunstancia de que Euskadi es la comunidad autónoma con más alumnado -casi el 50%- estudiando en centros de titularidad privada por el peso de la ikastolas, cooperativas y religiosos. Elkarrekin Podemos-IU, en este caso Isabel González, se ha quejado también de la falta de ejecución del plan de inversión en colegios públicos. “Seis de cada diez proyectos no se han hecho. Dejan de invertir en obras en la pública mientras incrementan el presupuesto de la concertada”, ha criticado.
Desde las bancadas de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox han vertido duras críticas sobre la ley. Uno, Carlos Iturgaiz (PP): “[La ley] Fomentará el uso [del euskera] en la escuela, o sea, vigilará alumnos y profesores en las aulas o los recreos, imponiendo el uso de la lengua como los ayatolás imponen el velo. Una Policía lingüística que controlará currículum vasco, material escolar y capacitación del profesorado para transmitir no los conocimientos, sino la versión más sectaria y excluyente del nacionalismo, presentada como supuesta cultura vasca”. Dos, José Manuel Gil (CS): “Eliminan de forma total el castellano de las aulas. Le ponen el último clavo en el ataúd. Es el proyecto más totalitario en Euskadi desde el 'plan Ibarretxe'”. Y, tres, Amaia Martínez Grisaleña (Vox): “Han elegido para esta propuesta a los peores compañeros de viaje que puede elegir: los amigos de ETA. Y su elección no ha sido casual, sino que responde a que ambos comparten objetivos comunes contemplados en este proyecto de ley”.
No es menos significativo que la tensión dentro del Gobierno que PP+CS haya presentado también preguntas por separado. Educación es el único gran tema que lidera ya el partido naranja tras el salto de Luis Gordillo al PP pero la formación de Iturgaiz no renuncia a fijar posición propia. Eso sí, han coincidido PP y CS en que la ley, con sus supuestos ataques al castellano, el idioma en que han tenido lugar la mayoría de los debates, hará que algunas familias se tengan que ir a vivir fuera de Euskadi.
“Vivimos en un país bilingüe y queremos una juventud que domine las dos lenguas oficiales y al menos una tercera. Los informes que periódicamente pública no ya el Gobierno vasco sino el Ministerio de Educación sitúan a Euskadi en el grupo de cabeza en la práctica totalidad de indicadores educativos. En Euskadi el 65% de la población tiene estudios terciarios, y la media en Europa es del 41%”, les ha dicho Urkullu a PP+CS, a quienes ha recordado que la Lomce estatal no suscitó consensos. En cuanto a Vox, ha ironizado que esa formación hable de adoctrinamiento en las aulas cuando en España hubo cuatro décadas de marcialidad y 'Cara al sol' en las aulas. “Esto es ideologización, señora Martínez [Grisaleña], lo sabemos bien las vascas y vascos. Es un ejemplo de que los tiempos pasados fueron mucho peores. Es un ejemplo también de que la ideologización de la Educación durante cuarenta años consiguió los resultados contrarios a los que pretendía”, ha sentenciado.
El debate educativo no se agota aquí antes de las elecciones. El lunes Bildarratzavolverá a la Cámara para explicar cómo ha funcionado la matriculación del curso 2022/2023. Es el primer año con medidas para un reparto equilibrado de la vulnerabilidad también con los centros concertados, que hasta ahora estaban haciendo que se disparase la segregación en la pública. Las ikastolas privadas, por el momento, mantienen su pulso al entender que se ven privados de alumnos que las eligieron y que están recibiendo otro perfil. Con las listas provisionales amenazaron con admitir a los estudiantes derivados, lo que implicaría dejarles al margen del marco legal de escolarización.
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