El consejero de Salud, Alberto Martínez, y la viceconsejera Lore Bilbao mantuvieron este lunes una doble reunión con la principal empresa adjudicataria de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la cooperativa catalana Grup La Pau, y con los seis sindicatos de esa empresa, ELA, LAB, UGT, CCOO, LSB-USO y ESK. El nuevo equipo al frente de la Sanidad vasca ha querido tomar el pulso a la compleja situación de la compañía, que presta el servicio urgente y no urgente en Bizkaia y Álava y que en los últimos meses ha acumulado huelgas, descuelgues del convenio, impagos de salarios, avisos de que estaba al borde de la “quiebra técnica” y dos docenas de sanciones de la Inspección de Trabajo. Los encuentros se produjeron en Bilbao al ser festivo en Vitoria.
Este periódico no ha podido recabar detalles de las conversaciones entre el Gobierno y Grup La Pau de ninguna de ambas partes. Desde la parte sindical, sin embargo, sí recogen como “un paso” la apertura de esta vía de interlocución con el nuevo equipo al frente de Salud. “Sólo el hecho de que hayan llamado y mostrado preocupación es buena señal. A la señora Sagardui la conocemos del periódico”, ironizan las fuentes consultadas, que remarcan que habían demandado sin éxito un encuentro con la anterior consejera, Gotzone Sagardui.
Los sindicatos ofrecieron al Gobierno una misma versión de la situación interna de Grup La Pau y salieron después de dos horas de encuentro con la promesa de que la Administración sanitaria va a hacer “seguimiento” de las denuncias y quejas. En paralelo, la Inspección de Trabajo mantiene abiertos algunos expedientes. “Nos dio la impresión de que no conocen lo que pasa. Por ejemplo, que haya habido gente no dada de alta en la Seguridad Social”, insisten los sindicatos.
La reunión ha llegado justo después de que Salud haya decidido ratificar la adjudicación a Grup La Pau del lote de Bizkaia del contrato de ambulancias no urgentes o programadas. UGT logró detenerlo de modo cautelar en mayo con un recurso en el que recordaba que la normativa estatal impide formalizar contratos con empresas con sanciones “muy graves” de la Inspección de Trabajo. Aunque no es firme aún, Grup La Pau tiene una por impagos de salarios. Salud ha alegado que los problemas de impagos fueron “puntuales” aunque han llegado hasta este mismo mes de julio con la paga extraordinaria y ha destacado en informes jurídicos que sostienen la adjudicación la “fiabilidad” de la compañía. El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales había pedido a Osakidetza que volviera a justificar el motivo de la contratación a la luz de las infracciones laborales y el Gobierno insiste en que la decisión se ha hecho ahora con todos los parabienes.
En su primer mes y medio en el cargo, el equipo ubicado por Imanol Pradales al frente de Salud está haciendo gestos que muestren cambios de gestión en una cartera convertida en patata caliente en la última legislatura. El 5 de septiembre arrancará formalmente sus trabajos una mesa para proponer, en el plazo de seis meses, medidas de mejora de Osakidetza. Sentará a sindicatos, colegios profesionales, universidades, asociaciones de pacientes y partidos de la oposición. Asimismo, se ha resuelto el conflicto abierto tras el anuncio de cierre de la cirugía cardíaca en Basurto y se han buscado mejoras en los incentivos económicos para tener más médicos disponibles en verano en los ambulatorios.
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