La magistrada de Vitoria Ana Jesús Zulueta firmó el pasado 14 de mayo una resolución en la que amplía de siete a once la nómina de imputados en la investigación abierta por las filtraciones de exámenes en las oposiciones médicas de 2018. Esta decisión ha sido comunicada este martes, coincidiendo con el tercer aniversario desde que trascendiera este caso, y se da la circunstancia de que Zulueta ya no es la instructora del sumario, ya que ha pasado a ocupar una vacante en la Audiencia Provincial de Álava y el juzgado de Instrucción 2 de Vitoria ha pasado a manos de Cristina Rodríguez, que será la tercera instructora de este expediente en tres años.
Según ha informado el sindicato LAB en un comunicado, los nuevos imputados son Iñigo Echevarría, jefe de Traumatología del hospital del Alto Deba -en este examen un vocal dijo que los mejores exámenes eran “fotocopias” entre sí y respecto a la plantilla de corrección-, y, en relación a las irregularidades en Cirugía Plástica, Alfredo Martínez Flórez y Andrés Beltrán, primer y segundo autor de la prueba, y Thais Salas, una opositora con vínculo familiar con los autores y que renunció a la nota una vez conocido que tenía la mejor. Todos ellos han de comparecer en el Palacio de Justicia el 8 de julio. Habrá de hacerlo también otro imputado, Javier Meléndez, igualmente vocal del tribunal de Cirugía Plástica, y cuya declaración se había ido posponiendo por diferentes circunstancias. Los otros seis son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía).
Zulueta, antes de marcharse, también ha dado impulso a otras diligencias, ya que declararán como testigos el 6 de julio dos miembros del Sindicato Médico, el exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, José María Armentia, el directivo del IVAP Fulgencio Aledo, una opositora denunciante de irregularidades en Cirugía Plástica y un vocal del examen de Angiología. Antes lo hará otra persona igualmente pendiente, el profesor de Oviedo José Muñiz Fernández, que elaboró un informe estadístico y psicométrico sobre las notas de los diferentes exámenes a instancias del Departamento de Salud. También se han pedido documentos relativos a Pediatría.
En su comunicado, LAB se felicita por ser el “motor” de la investigación -que en algunas fases en estos tres años ha caminado al ralentí- ya que “prácticamente la totalidad” de pasos que se han dado los ha solicitado este sindicato en su calidad de acusación. También está personada otra central, ESK. LAB indica que aún no tiene respuesta su petición de elevar las imputaciones a lo que llama el “núcleo operativo” de este caso, los dirigentes políticos de Osakidetza que generaron las “condiciones óptimas” para que “las filtraciones se diesen” y las denuncias quedasen “ocultas”. Esa lista la componen el exconsejero Jon Darpón, la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, el exdirector de Recursos Humanos Juan Carlos Soto, el exdirector de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, y los instructores de algunos expedientes internos, Xabier Balerdi y Miriam Aparicio.
elDiario.es/Euskadi
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