La ajustada pero mayoritaria decisión de la Junta Electoral vasca de archivar una denuncia del grupo Prisa, editor del diario 'El País', contra Vox por haberle vetado el acceso al hotel de Vitoria donde celebraba la noche electoral el pasado 21 de abril, adelantada por este periódico, ha abierto un cisma de grandes dimensiones entre los once componentes con derecho a voto de ese foro. Por vez primera en todo el proceso electoral, hasta cuatro miembros de ese órgano han emitido votos particulares contra una resolución de la mayoría, incluidos su presidente y también máxima autoridad judicial vasca, Iñaki Subijana, y el vicepresidente, Juan Alberto Fernández, así como los vocales propuestos por el PSE-EE y por EH Bildu. En esos cuatro escritos se recalca que se ha saltado toda la jurisprudencia previa sobre las prácticas de Vox en elecciones generales o de otras comunidades, siempre censuradas, e incluso se alerta de que el precedente podría ser utilizado para vulnerar el derecho a la información nuevamente, una garantía constitucional. Hay quien incluso interpreta que había base para enviar lo ocurrido a la Fiscalía por ser indiciariamente un delito.
Este periódico ha accedido de fuentes internas al texto del acuerdo de la mayoría y a los cuatro votos particulares. Es un documento de 26 páginas. La Junta Electoral, sin embargo, no ha publicado esa información en su portal oficial en Internet, así como tampoco el acta de la reunión, que tuvo lugar el 29 de mayo. En puridad, se han hecho públicas muy pocas resoluciones en este período electoral iniciado en febrero con la convocatoria formal de las autonómicas y que todavía tiene algunos coletazos como el caso del veto de Vox a determinados periodistas. El último acuerdo publicado es del 3 de abril, antes incluso de que arrancara la campaña de las autonómicas. El mismo día de los comicios este órgano estuvo reunido despachando asuntos de relevancia y nunca se informó de ellos.
'El País' presentó una denuncia ante la Junta Electoral central por no haber podido entrar al hotel de Vitoria donde Vox realizó la comparecencia posterior a las autonómicas. Esgrimió que hace menos de un año, en las generales de julio, contó con una resolución favorable a sus intereses en la que, además avisaba a la formación ultraderechista de que, si reincidía, podría incurrir en “responsabilidades administrativas” o incluso “penales”. Es más, después, en Catalunya, que celebró sus autonómicas el 12 de mayo, la Junta Electoral de Barcelona otorgó también una autorización expresa para que los redactores de Prisa accedieran a la sede de Vox.
En este expediente, la Junta Electoral central estimó que habría de ser la vasca la que tuviera la última palabra. Sorpresivamente, en esa reunión de sesenta y cinco minutos celebrada el 29 de mayo, una mayoría de los presentes no atendió a los precedentes y se decidió archivar la denuncia contra Vox. Los seis vocales de once que secundaron esta opción entienden que “no es posible incoar un expediente sancionador” ya que el veto a un medio de comunicación “no se encuentra tipificado en la legislación electoral”. Es más, se añade que solamente los medios públicos y, en menor medida, las televisiones privadas tienen obligación de dar cobertura a todas las formaciones con representación, por lo que el hecho de que Vox impida el paso a determinados periódicos privados es irrelevante a efectos prácticos. El lugar de los hechos no era ni siquiera una sede de Vox, sino un hotel privado del centro de la capital vasca. El partido alegó problemas de “aforo” para justificar la imposibilidad de acceso.
Cinco de los once miembros de la Junta Electoral vasca con derecho a voto se opusieron con rotundidad a esa tesis. Cuatro de esos cinco, además, han dado el paso de firmar cada uno un voto particular, algo muy inusual en este foro e inédito en las autonómicas de 2024. Son el magistrado Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y también de la propia Junta Electoral, el también juez Juan Alberto Fernández, de la sala de lo contencioso-administrativo del Superior y vicepresidente de la Junta Electoral y que propone ir a la Fiscalía con el asunto, y los letrados Iker Urbina, propuesto por EH Bildu y exdiputado por esta formación, y Manuel Salinero, vocal del PSE-EE y excargo de la Presidencia vasca con Patxi López.
Subijana, en su escrito, arranca desde el “mayor respeto y aprecio a todos los integrantes” del órgano electoral pero con un tono muy crítico. Cita que hay claros precedentes en las municipales y generales de 2023 sobre un asunto idéntico, requerimientos a Vox para que “cesase en la realización de conductas de discriminación de los medios de comunicación durante los períodos electorales”. Lo ocurrido en Vitoria es “análogo” a esos antecedentes y “nutre de base suficiente” no solamente a emitir una resolución crítica sino a “incoar un procedimiento administrativo sancionador”. Para el presidente del Superior es “precipitado” archivar el caso sin iniciar una investigación y determinar, “con todas las garantías”, cuál podría ser la “infracción”.
El magistrado Fernández, el más beligerante, habla de “incongruencia”, “precipitación” e inobservancia del derecho de la información “constitucionalmente protegido”. Entiende que se ha eximido de responsabilidad a Vox sin ni siquiera iniciar una investigación y atender la queja de los denunciantes, que “tienen derecho a una comprobación al menos preliminar sobre los hechos”. En un alegato en defensa del artículo 20 de la Constitución, recuerda que los “titulares” del derecho a la información son la ciudadanía y los profesionales del ramo, no los partidos políticos. Cualquier medio de comunicación puede informar sobre los actos celebrados en un día de votaciones, sin que quepa un veto, arguye. Y recuerda que “el partido político puede ejercer sus derechos constitucionales” a expresar las ideas políticas que estime oportunas sin que por ello pueda desatender “la libertad de edición de los medios informativos privados”. Insiste en que siempre hasta ahora se habían criticado los vetos y que, ahora, pese a la “reiterada vulneración o censura de la libertad de prensa” y la “reiterada desobediencia” a las resoluciones electorales, se deja “impune” a Vox. Fernández entiende que los hechos no solamente son una infracción administrativa sino que plantea abrir una causa por “delito de desobediencia”, para lo cual se debería dar traslado del expediente a la Fiscalía.
Salinero, de su lado, avisa: “La consecuencia que se derivaría de esa afirmación, prima facie, es que aceptamos, con carácter general, que los partidos políticos puedan rechazar en sus actos de campaña a los medios de comunicación que tengan por conveniente”. Le parece también cuestionable que se ponga la carga en las “obligaciones” que puedan tener o no los medios privados y no en las que tiene un partido político y sostiene, igualmente, que es “obvio” que “existen precedentes” que obligaban a que la Junta Electoral vasca tomase partido. Urbina, finalmente, ironiza que la Junta Electoral central dijera que Vox podría incurrir en responsabilidades administrativas y penales si no atendía a sus requerimientos y que ahora se diga que un organismo de ese tipo no puede actuar. Hay “motivos fundados” para hacerlo y recuerda que hay incluso sentencias judiciales contra Vox por hechos similares.
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