Imputados tres cargos del Gobierno vasco tras una denuncia por las emisiones de la planta de Glefaran en Güeñes

La plataforma Güeñes Bizia ha interpuesto una denuncia penal contra el exdirector de Administración Ambiental, Iván Pedreira, del PSE-EE, por haber presentado en 2019 un informe favorable sobre mediciones de emisiones de benzopireno y metales pesados procedentes de la empresa Glefaran, que quema virutas de madera para generar energía y que en 2016 llegó a llenar el pueblo de cenizas negras. El colectivo entiende que nunca se realizaron tales mediciones y que las conclusiones, por lo tanto, se falsificaron. Han incorporado igualmente a la denuncia a su superior jerárquica, la entonces viceconsejera de Medio Ambiente, la también socialista Elena Moreno, y al exalcalde de Güeñes por el PNV, Imanol Zuluaga, aunque no tiene nada que ver con la realización del informe ya que era el receptor. Desde el entorno de los acusados niegan con rotundidad que tales irregularidades se produjeran.

En un principio, los tres tenían que haber declarado en calidad de imputados ante el juzgado de Balmaseda este miércoles, 15 de septiembre, pero problemas de agenda de uno de ellos han pospuesto las comparecencias hasta la semana que viene, hasta el martes 21. Güeñes Bizia había preparado una protesta en la puerta del Palacio de Justicia que también se ha tenido que posponer. Este colectivo lleva ya años alertando de los riesgos para la salud de la comarca que entraña Glefaran.

Se da la circunstancia de que ninguno de los tres continúa en el puesto en el que estaba cuando se dio la crisis de Glefaran, si bien todos ellos son altos cargos del Gobierno vasco en la actualidad. Moreno, que antes de ser la 'número dos' de Medio Ambiente fue directora de la academia de la Ertzaintza en Arkaute, es directora de Comercio en el equipo del consejero socialista Javier Hurtado. Pedreira, por su parte, sigue a las órdenes de Iñaki Arriola, que era el titular de Medio Ambiente en la pasada legislatura, pero ahora como director de Planificación de Transportes. Zuluaga dejó la Alcaldía iniciado el segundo mandato porque pasó a ser el jefe de gabinete de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, con quien coincidió en una etapa anterior en el Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirigía Juan María Aburto.

Hasta el momento, solamente en el caso de Zuluaga hay un pronunciamiento de la Comisión de Ética del Gobierno vasco, que analiza todas las causas judiciales abiertas contra altos cargos. Siguiendo su 'jurisprudencia' ya consolidada, este organismo entiende que no hay motivo para el cese hasta que, en su caso, se confirme la apertura de juicio tras la fase de investigación. Además, se recalca que la denuncia trae causa de una etapa previa a su llegada al Departamento de Salud. Fuentes del entorno de Moreno indican que la exviceconsejera informó de su situación procesal y que se halla a la espera de la Comisión de Ética. En el caso de Pedreira fueron dos las comunicaciones, una primera en marzo de 2020 al recibir la denuncia y una segunda en julio de 2021 al conocerse la fecha concreta y que tendría que declarar en calidad de imputado, según indican desde su Departamento. Salvo giro de 180 grados, en estos dos casos la Comisión de Ética autorizará también la continuidad de ambos en sus respectivas posiciones.

Glefaran tomó el relevo de Pastguren, una industria situada en la zona fronteriza entre Zalla y Güeñes. Cuando inició su actividad, los vecinos alertaron de que el pueblo “se llenó de cenizas, de mierda”. En 2018, este periódico elaboró un reportaje sobre la situación y mientras los vecinos alertaban de que las emisiones de la compañía eran tóxicas y hasta “cancerígenas”, desde el área de Medio Ambiente indicaron que era una situación “molesta pero no tóxica”. En estos años han seguido las movilizaciones. Fuentes del Ayuntamiento de Güeñes indican que se realizaron durante meses mediciones de partículas con equipos de Medio Ambiente y admiten que en esos partes no constaban los resultados detallados sobre benzopirenos y metales pesados. Sin embargo, indican que esos datos sí se recogían puntualmente y que se enviaban a analizar a un laboratorio de Salud Pública capaz de interpretarlos. Ese trabajo se hizo y los resultados fueron favorables, siempre según estas fuentes.

Por otro lado, la propia Güeñes Bizia admite que “la viabilidad jurídica solamente está garantizada con el firmante” del informe, con Pedreira. No obstante, el alto cargo fue firmante de la “remisión” del informe y no de sus contenidos, indican las fuentes consultadas. En el caso de Zuluaga, “el alcalde no participó en la autoría de la falsedad”, según hicieron constar desde la plataforma en sus redes sociales. En todo caso, aseguran que “desde luego que habría que reprobarle la desvergüenza de avalarlo y difundirlo”, por lo que le piden “responsabilidad política”. Sobre la participación de Moreno no hay ninguna valoración. El juzgado, en todo caso, les ha reclamado una fianza económica de 5.000 euros por el posible “menoscabo” a la imagen pública de los acusados.