Desestiman el recurso contra la contratación de La Pau para el servicio de ambulancias en las fiestas de Bilbao

El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) ha desestimado por defecto de forma un recurso presentado por el sindicato LSB-USO contra la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Bilbao a la empresa Grup La Pau del servicio extraordinario de ambulancias para las fiestas de Aste Nagusia de 2024 y 2025. Es un balón de oxígeno para esta compañía, que es la principal empresa prestataria del servicio de ambulancias de Osakidetza y que está sumida en una profunda crisis financiera. Se trata de un contrato de 261.800 euros.

Con todo, el OARC no ha entrado a valorar el fondo del asunto. LSB-USO, imitando a UGT, había puesto de manifiesto que la normativa de contratación impide a las Administraciones adjudicar servicios a empresas con sanciones “muy graves” de la Inspección de Trabajo. Grup La Pau ha recibido una sanción de esa consideración por retrasos en el abono de nóminas, aunque aún no es firme. A ello se le suman otra veintena de tipo “grave”.

UGT logró que se paralizara de modo cautelar la renovación de la contrata de ambulancias no urgentes o programadas de Osakidetza, del que a la cooperativa catalana le corresponden unos dos tercios de un total de 135 millones. Ahora, el OARC ha dado la orden a Osakidetza de que revise la adjudicación a la luz de estas infracciones, aunque sin vetar expresamente un nuevo contrato por el carácter no firme de la sanción.

En el caso del contrato de Bilbao, fue adjudicado el 15 de mayo y LSB-USO presentó el recurso el 14 de junio. El Ayuntamiento de Bilbao, una coalición de PNV y PSE-EE, alegó que se trataba de una comunicación “extemporánea” y el OARC sostiene que “esa alegación debe aceptarse”. Explica la resolución, datada a finales de junio y conocida ahora en el portal de transparencia del Gobierno vasco, que el recurso “debe inadmitirse” porque hay un plazo de quince días tras la formalización de una adjudicación. Este organismo administrativo, que depende del área de Hacienda del Gobierno vasco, aclara que despacha este asunto “sin analizar sus motivos de fondo”.