Un director de Vivienda del Gobierno vasco deberá abstenerse tras ceder su vivienda a un programa de alquiler social

Un director del Departamento del socialista Iñaki Arriola, que es el que dirige las políticas de Vivienda, “deberá abstenerse de cualquier intervención, sea consultiva o decisoria, relacionada con el programa de vivienda vacía Bizigune y transferir sus responsabilidades al superior jerárquico o, en su caso, a cualquier cargo público”. Así lo ha dictaminado la Comisión de Ética tras una consulta del aludido motivada por su decisión de incorporar al programa un inmueble de su propiedad en Donostia. Este órgano, que vela por el cumplimiento del código ético de los altos cargos autonómicos, aplaude que esta persona se “alinee” con las políticas que desarrolla el Gobierno hasta el punto de potenciarlas con sus propios bienes pero, como en casos precedentes, insiste en que es preciso que se inhiba de cualquier decisión que “pueda suscitar una duda razonable en torno a su honestidad, imparcialidad, integridad u objetividad”.

La resolución, como es habitual en la Comisión de Ética, omite la identidad del alto cargo afectado. Solamente refiere que es varón y que es miembro del Consejo de Administración de la sociedad pública Alokabide, que es la que gestiona el programa Bizigune. Son dos los directores de Arriola que ocupan vocalías, Mario Yoldi y Pablo García Astrain. Sin embargo, sí es público el listado de altos cargos que se abstienen o inhiben por incompatibilidades o conflictos de intereses. Aunque la resolución de la Comisión de Ética como tal está datada a 30 de diciembre de 2022, en el informe sobre abstenciones del 14 de febrero no concreta a qué alto cargo afecta.

Esta resolución parte de una consulta del propio alto cargo, que comunicó a su declaración de bienes la adquisición de una nueva vivienda en abril de 2022 y también que, dado su interés en sacarla al mercado del alquiler, prefería hacerlo apoyando uno de los programas institucionales para movilizar viviendas vacías y destinarlas a los demandantes de Etxebide. La Comisión de Ética, de hecho, aplaude su compromiso con las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Con el programa Bizigune, Alokabide intermedia para captar pisos. Garantiza arrendamientos seguros y de largo plazo a los titulares con una renta que cubre “aproximadamente” el 65% de un canon medio en el mercado libre. En cuanto a los inquilinos, salen de las listas de Vivienda y se garantiza que la renta no supere el 30% de sus ingresos brutos anuales hasta un máximo de 450 euros. En Euskadi existe un programa complementario de similares objetivos que se llama ASAP.

Ahora bien, dado que Alokabide y el Gobierno marcan, por ejemplo, los requisitos o las cuantías, la Comisión de Ética incide en que los cargos políticos “evitarán cualquier práctica o actuación que esté afectada o que pueda levantar cualquier sospecha de favoritismo”. Cita como precedente que, ante el nombramiento de Gorka Iturriaga como nuevo director de Deportes, en este caso en la parte del PNV del Ejecutivo de coalición, ya se le pidió que se abstuviera en cualquier asunto relativo a la salida vasca del Tour de Francia dado que la empresa de la que su esposa es socia, Sormen, trabaja para la organización en el ámbito de la comunicación.