El Ayuntamiento de Donostia, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, ha suspendido temporalmente el acuerdo para la compraventa de los cuarteles del Ejército español en la zona de Loiola hasta que se cuente con la respuesta de la Dirección de Costas a la alegación presentada por el consistorio donostiarra relativa a los deslindes y confirmar que se puede llevar a cabo la operación urbanística proyectada en los terrenos.
Según han explicado fuentes municipales a Europa Press, se trata de una trámite acordado entre ambas instituciones ante la próxima expiración del convenio para la firma de las escrituras, prevista para el 18 de agosto, y no tener que volver al “punto de partida” e iniciar de nuevo todos los trámites.
En virtud de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de noviembre de 2022, el Ayuntamiento dio la conformidad a las condiciones de enajenación de los terrenos incluidos de los cuarteles de Loiola y de otras propiedades ubicadas en el monte Ulia, propiedad de Defensa y del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, remitidas por el Ministerio de Defensa con fecha 27 de octubre de 2022.
En concreto, el acuerdo se refería a la enajenación de ocho fincas registrales ubicadas en el término municipal, a favor del Ayuntamiento “por el precio de 73.323.373 euros en efectivo y 50 plazas de garaje”, y preveía la formalización de la compraventa en escritura pública, una vez desafectadas las fincas del dominio y servicio público.
Una vez acreditado en el expediente el cumplimiento de la normativa patrimonial para la adquisición de bienes tanto en la parte procedimental como sustantiva, por resolución de 18 de agosto de 2023, la concejala delegada de Planificación Urbanística y Vivienda resolvió aprobar el acuerdo a suscribir con el Ministerio de Defensa para la enajenación del Acuartelamiento de Loiola y otras propiedades del Ministerio de Defensa en el término municipal. El acuerdo fue firmado 18 de diciembre de 2023 por ambas partes, y el plazo para escriturar la transmisión de los terrenos se estableció en seis meses, por lo que finalizaba el 18 de junio de este año.
No obstante, dicha estipulación establece que “si durante el proceso encaminado a esta transmisión surgieran inconvenientes de carácter patrimonial, administrativo o de otra índole, convenientemente justificado”, el mencionado plazo dado por las partes podría extenderse meses añadidos, sin que hubiera lugar a resarcimiento alguno entre las partes.
Sin embargo, con anterioridad a la formalización de las escrituras, la Directora General de Costas autorizó al Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa a incoar expediente de rectificación de deslinde en el tramo de unos 920 metros de la margen derecha del Urumea. El Ayuntamiento presentó alegaciones sosteniendo la necesidad de que por la reducción de anchura de la servidumbre se establezca a 20 metros y no a cien.
Ante la falta de respuesta de Costas a esta alegación, la concejala Delegada de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, resolvió el pasado 10 de junio hacer uso de la previsión contenida en el acuerdo, relativa a la prórroga del plazo para escriturar la trasmisión y, por consiguiente, comunicarlo al Ministerio de Defensa.
Ambas administraciones han tramitado alegaciones al expediente de rectificación del deslinde propuesto por el Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa, por lo que han decidido suspender temporalemente el convenio. Una vez se obtenga la respuesta, en el plazo máximo de un mes, el Ayuntamiento comunicará a las otras partes en el acuerdo su voluntad de continuar, o no, con la adquisición de las propiedades objeto del mismo.
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