EH Bildu ha llevado a la Fiscalía las posibles irregularidades en el derribo del palacete 'Irurak bat' en Getxo por parte de la constructora que está edificando viviendas de lujo en el solar en el que estaba ubicado este edificio del siglo XIX pese a que debía mantener intacta la fachada. La coalición abertzale ha trasladado este lunes al fiscal toda la documentación sobre el caso para que analice si se ha incurrido en un ilícito penal después de que este grupo intentara sin éxito que fuera el propio consistorio el que acudiera a los tribunales.
EH Bildu considera que “resulta indispensable que un agente externo al Ayuntamiento investigue lo ocurrido con 'Irurak Bat' y el Departamento de Urbanismo” del Ayuntamiento de Getxo, gobernado por el PNV en coalición con el PSE-EE. En este sentido, señalan que el caso tiene varias vertientes: por un lado, el derribo de un edificio que estaba protegido por el Ayuntamiento y sus circunstancias, y, por otra, la propia actuación del Ayuntamiento en todo el procedimiento, desde que se otorgó la licencia a la cooperativa de viviendas, ya que dos de los concejales del PNV son cooperativistas de esta promoción de viviendas de lujo. Hay que “dilucidar si ha existido un trato preferente”. EH Bildu se ha personado en el expediente para tener acceso a toda la documentación relacionada con este caso y es la que ahora ha trasladado a la Fiscalía que decidirá si presenta algún tipo de denuncia o no. El plazo ordinario máximo es de seis meses.
La coalición abertzale considera que el equipo de Gobierno ha demostrado una total “falta de voluntad” para esclarecer lo ocurrido con este edificio histórico desde que el caso saliera a la luz tras materializarse el derribo a finales del mes de agosto. Según recuerdan desde EH Bildu, la única medida que ha adoptado el Ayuntamiento ha sido la convocatoria de una comisión extraordinaria para este viernes 18 de octubre, después de que EH Bildu y Elkarrekin forzaran su convocatoria. “Sin embargo, el equipo de Gobierno trata de obstaculizar la celebración de dicha comisión” ya que, según denuncian, no participarán en ella “ni la alcaldesa , ni los dos concejales que son cooperativistas ni el personal técnico”. “Se han limitado única y exclusivamente a lo que les obliga la ley”, lamenta el concejal de EH Bildu Mikel Bildosola. “En lugar de actuar con mayor transparencia, el equipo de Gobierno sigue poniendo obstáculos a la labor de la oposición y sin arrojar luz en el caso. Desde EH Bildu seguiremos presionando para esclarecer lo ocurrido, exigiremos que se asuman las responsabilidades oportunas y presionaremos para que se proteja el patrimonio histórico de nuestro pueblo y se adopten las medidas correctoras necesarias para optimizar el funcionamiento del área de urbanismo y disciplina urbanística”, apuntan.
En todo momento el equipo de Gobierno ha defendido la “legalidad y diligencia” en todas las actuaciones municipales en lo que respecta a esta promoción de viviendas. Se trata de la construcción de doce viviendas de lujo de la promotora Atalaya Ereaga Sociedad Cooperativa que están programadas en dos solares contiguos en el barrio de Algorta, en de esos solares estaba ubicado el edificio protegido del que se debía mantener intacta la fachada.
Biurban, al gestora de cooperativas de viviendas de la que depende esta promoción, justificó el derribo del edificio a finales del mes de agosto, pese a que carecían de permiso del Ayuntamiento para ello, en la “urgencia” para “evitar males mayores y, sobre todo, para evitar cualquier daño irreparable a trabajadores o vecinos ante un posible derrumbe inesperado”. Según argumentaron, la rotura de una tubería de agua provocó una enorme inundación en el solar “cuyos efectos en el terreno pusieron en riesgo la estabilidad de la fachada. Se produjeron algunos desprendimientos y la dirección de la obra optó por derribar el resto de la fachada”.
El consistorio ha abierto un expediente sancionador a la promotora y se ha nombrado una persona instructora del expediente, la cual propondrá en sede administrativa lo que considere en arreglo a la ley. No obstante, la propuesta inicial de sanción que se hace en este expediente es de carácter 'grave', no 'muy grave', lo que implicaría una multa entre 3.000 y 32.000 euros, algo que desde los grupos de la oposición consideran del todo insuficiente, teniendo en cuenta el valor de los pisos que se están construyendo de por encima de los 700.000 euros.
La promotora Atalaya Ereaga Sociedad Cooperativa, de la que son socios cooperativistas los concejales del PNV Ignacio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte Gómez, que son pareja, ha exculpado a ambos ediles y ha asegurado que ninguno de ellos sabía que se iba a proceder a derribar el edificio. “Los socios de la cooperativa no han participado ni participan nunca en las decisiones o gestiones técnicas o jurídicas de sus promociones”, que se delega en profesionales. En este sentido, desde la promotora se insiste en que los socios de este proyecto “ni han decidido ni han tenido ninguna relación con el derribo de urgencia ni con otras cuestiones técnicas, competencia exclusiva de la dirección de obra”.
Sin embargo, el hecho de que el tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, y la concejala de Contratación del Ayuntamiento sean cooperativistas de esta promoción ha puesto aún más la lupa sobre este caso y las posibles irregularidades que en cualquier caso podrá investigar ahora la Fiscalía si lo considera oportuno. Por ejemplo, la celeridad con la que se concedió la licencia de obras, en sólo cuatro meses, y que se concedió sólo un día antes de que se suspendiera el otorgamiento de todas las licencias por la aprobación inicial del PGOU.
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