Después de que antes del verano el Gobierno de PNV y PSE-EE tumbara la creación de una Oficina Anticorrupción para Euskadi y de que la reforma del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no previera un plazo para acceder a él después de haber ocupado un cargo público -en 2015 fue elegido presidente quien hasta entonces era dirigente del PNV y diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao-, EH Bildu vuelve a la carga y ha presentado en el Parlamento Vasco una nueva iniciativa legislativa para hacer efectivo un período de carencia de dos años desde el cese de un cargo político hasta el salto a una empresa privada que pueda querer valerse de sus “contactos” a cambio de una “jugosa” nómina. Además de querer poner coto a las “puertas giratorias”, la coalición desea reformar la Comisión de Ética -a la que irónicamente llama “Comisión de Estética”- para que sea “independiente” y la mayoría de sus miembros no sean designados por el Gobierno al que controla.
La proposición de ley ha sido registrada este martes por la portavoz de EH Bildu y jefa de la oposición, Maddalen Iriarte, y por su colega Josu Estarrona, que la han presentado ante los medios de comunicación. Han recalcado que el actual marco regulatorio es insuficiente y han avisado de que, en medio de la polémica por los precios de la luz, hay exmiembros de las instituciones pasando al sector energético, aunque en la legislatura también han criticado el paso de la antigua cúpula política de la Sanidad pública, encabezada por el exconsejero Jon Darpón, a la aseguradora privada Keralty. Técnicamente, se trata de una modificación de la ley 1/2014, reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos que salió adelante en aquel momento con el voto favorable de la formación abertzale y del resto de partidos representados entonces, PNV, PSE-EE, PP y UPyD.
Iriarte y Estarrona han indicado que buscan hacer efectivo el período de dos años establecido entre que se deja una institución y se puede acceder a una empresa vinculada con esa actividad anterior. “Aparece reflejado pero no tiene rango de ley”, han destacado para matizar que no se oponen al “legítimo salto profesional” de nadie sino a que este se base en “influencias” y “contactos”. También plantean que se las sanciones previstas puedan recaer en las empresas contratantes y no solamente en los cargos que dan el salto. Y se trata de fijar que haya un proceso regulado de “abstención” en las empresas de la información obtenida de las instituciones. Asimismo, busca enmendar apenas unos días después de que no haya sido aceptado por la Cámara que los altos cargos pasen a los órganos reguladores como el Tribunal de Cuentas sin carencia. El legislativo acaba de reformar este organismo y ha rechazado expresamente esta posibilidad tras un pacto de PNV, PSE-EE y PP+Cs. Precisamente este martes se publica la nueva ley en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) para su entrada en vigor este miércoles y ahora se abre un plazo hasta el 19 de noviembre para que los partidos presenten sus candidatos a ocupar las siete vocalías, aunque ya está pactado que seis de los siete puestos irán a los partidos del acuerdo (tres PNV, dos PSE-EE y uno PP+Cs).
Sin embargo, la gran novedad que plantea EH Bildu es el cambio radical del funcionamiento de la Comisión Ética, cuyo cometido es la aplicación del código ético de los altos cargos autonómicos y resolver los posibles conflictos que surjan. Este órgano está liderado por la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y tiene otros cuatro miembros, dos expertos externos y dos cargos institucionales. Después de meses sin haber emitido ninguna resolución ni publicado sus memorias, en 2021 ha retomado su actividad. La coalición ha denunciado que actúa como “Comisión de Estética” porque da el visto bueno a todos los conflictos que se le plantean, como las vacunaciones irregulares de altos cargos de Osakidetza o el propio salto de Darpón y parte de su equipo a Keralty. La nueva ley plantea que la compongan “funcionarios de carrera que cuenten al menos con diez años de experiencia profesional” y que pase a denominarse “Órgano Independiente para el Código de Ética y el Buen Gobierno”.
EH Bildu ya vio fracasar su Oficina Anticorrupción y también sus propuestas sobre el Tribunal de Cuentas pero entiende que los partidos de Gobierno deberían “admitir a trámite” esta nueva iniciativa. Alegan que el lehendakari, Iñigo Urkullu, les invitó a hacer propuestas para mejorar el salto de lo público a lo privado cuando lo denunciaron en una sesión de control y que simplemente recogen el “guante”. “Vamos a hacerlo sin ningún tipo de complejos”, han dicho Iriarte y Estarrona.
elDiario.es/Euskadi
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