EH Bildu quiere ver la oferta de trabajo a Sagardui y todo el expediente de la autorización de su salto a la privada
La coalición EH Bildu ha pedido este jueves al Gobierno de Imanol Pradales una copia del expediente completo que ha autorizado la contratación de la exconsejera de Salud Gotzone Sagardui por una clínica privada de Vitoria. En la respuesta quiere que estén “incluidos todos los informes preceptivos por ley en este tipo de procedimientos”, según ha planteado la formación, que previamente había considerado poco “ético” este movimiento de pasar a la Sanidad privada a los pocos meses de dejar el Ejecutivo.
EH Bildu ha recordado que la ley establece que “si el nuevo empleo tiene relación con la labor desempeñada en la Administración, los altos cargos tienen que esperar dos años antes de volver al sector privado”. “En el caso de Sagardui, el Gobierno le ha permitido no cumplir ese plazo” por lo que “para clarificar el fundamento legal de la decisión de Lakua” toca ver el “expediente completo, con todos los informes”, ha indicado la parlamentaria Lamia Arcas.
Es de la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, de quien depende “el órgano que gestiona y resuelve las solicitudes de autorización de altos cargos para realizar actividades privadas”. Desde 2023 no se ha hecho pública ninguna de las resoluciones de posibles casos de conflictos de intereses, algo preceptivo para todos los excargos que pasan al sector privado en los dos años siguientes a su cese.
Entre los papeles a los que quiere acceder EH Bildu, están las “copias de sus declaraciones de actividades y de bienes, y su declaración responsable sobre el cumplimiento de las obligaciones de abstención e inhibición, en caso de que la haya presentado”. Asimismo, Arcas quiere ver la oferta de empleo de la clínica a Sagardui, “indicando la modalidad de contrato, duración, categoría, retribuciones y actividades a realizar”, así como la resolución de la comisión de incompatibilidades autorizando la contratación de la exconsejera y la notificación de dicha resolución a la clínica privada, “por ser parte interesada en el procedimiento”.
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