La empresa catalana Grup La Pau, la principal adjudicataria de la contrata de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ha justificado con una memoria de 190 páginas registrada este martes a las 23.01 horas su propuesta de “descuelgue”, es decir, de reducción unilateral de los salarios de la plantilla en un 12,5% durante al menos cuatro meses y de eliminación de la paga extraordinaria de verano. Según fuentes internas, son un mínimo de 3.500-4.000 euros menos por trabajador. Por vez primera, Grup La Pau pone cifras a su precaria situación económica y asegura estar próxima de “quiebra técnica”.
“La cooperativa, tras un cierre de los ejercicios del 2021, 2022 y 2023 donde arroja un resultado negativo de -5.437.613 euros, registra otra previsión de ejercicio negativo de -4.303.062 euros (ejercicio 2024), lo cual hace un importe total previsto de -9.869.498 euros (total de pérdidas acumuladas en 2021, 2022, 2023 y 2024), situándose, de seguir con esta tendencia, en patrimonio neto NEGATIVO de -3.821.115 euros, lo cual situaría a la cooperativa en quiebra técnica y abocada a la presentación de concurso de acreedores”, consta en ese informe, al que ha tenido acceso este periódico.
Grup La Pau dispone de unas 500 ambulancias y 1.700 empleados en Euskadi. Es la adjudicataria tanto del transporte de emergencias (vehículos amarillos) como del programado o no urgente en las zonas de Bizkaia y Álava (azules y blancos), mientras que en Gipuzkoa el servicio lo presta otra firma, Ambulancias Gipuzkoa. El contrato de emergencias entró en vigor en agosto de 2023 por valor de 147 millones de euros y el de programada iba a renovarse en mayo por 135 millones pero quedó paralizado por un recurso de UGT que alertaba de que Grup La Pau no podía acceder a él por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo por retraso en el abono de las nóminas. Tiene además otros 22 requerimientos “graves” del mismo órgano e igualmente Osakidetza tiene sanciones recientes de Protección de Datos porque la empresa instaló un sistema de grabación de audio y vídeo en 360 grados dentro de cada vehículo.
En cierta medida, esta explicación echa por tierra el argumento de que Grup La Pau rompía el preacuerdo de abril que puso fin a la huelga del personal de las ambulancias externalizadas -que contemplaba subidas salariales de hasta el 30%- por el recurso de UGT. Las cifras muestran que la crisis económica que sufre la compañía catalana viene de lejos. Grup La Pau también presta servicios a centros sanitarios privados en Euskadi y tiene también otras contratas en Catalunya. Gestiona dos lotes del servicio de ambulancias en Barcelona, por ejemplo. Portavoces de la compañía recalcan que este problema “afecta al conjunto de la cooperativa porque las pérdidas diarias en Euskadi afectan al conjunto de la cooperativa”.
Sin embargo, en un comunicado hecho público después de que este periódico haya adelantado el recorte salarial generalizado, que dejará algunas nóminas en apenas 19.000 euros, Grup La Pau ha insistido en “acusar a los sindicatos de llevar a cabo una campaña para dañar a la cooperativa con el objetivo de lograr la publificación del servicio de ambulancias a costa de perjudicar a las trabajadoras y a los trabajadores, además de a la ciudadanía”. Se da la circunstancia de que Navarra, con una composición de Gobierno muy similar a la de la comunidad autónoma vasca y con la coalición que integra al PNV liderado Salud, ha iniciado este mismo miércoles los trámites para publificar el servicio de cara a 2025.
“Las centrales sindicales priorizan sus propios intereses por encima de las condiciones laborales y salariales de la plantilla de La Pau en Euskadi. Los sindicatos prosiguen con huelgas encubiertas y de celo, a pesar de haber alcanzado un preacuerdo del nuevo convenio, tras seis meses de huelgas, 300 ambulancias saboteadas y perjudicar a la población de Bizkaia y de Araba generando retrasos y problemas a los pacientes”, señala también la empresa, dando por hecho que sigue existiendo un acuerdo entre las partes que, lógicamente, ya ha saltado por los aires.
En su nota, La Pau culpa abiertamente a los sindicatos de toda la deuda acumulada. “El absentismo laboral ha alcanzado el 35% en el servicio del transporte sanitario no urgente de Bizkaia, recordando que es en el servicio de esta provincia donde UGT es la primera fuerza sindical, ostentando la presidencia del Comité de Empresa. Este nivel desproporcionado de bajas ha provocado que La Pau haya tenido que contratar a 279 personas, sólo en Euskadi, para poder cubrir el servicio, suponiendo este hecho un sobrecoste de 9 millones de euros en el último año”, escriben desde la empresa.
Y abunda: “Sin olvidar tampoco que las personas trabajadoras en este sector en Euskadi, ya antes del preacuerdo del nuevo convenio, son las que menos horas trabajan de todo el Estado (1.712 horas anuales), frente a las 1.800 horas de media a nivel estatal, y las que más ganan de media (16,88€/hora), frente a los 11,94 €/hora de media en el conjunto del Estado. A modo de simple ejemplo, un técnico en emergencia sanitaria conductor de Euskadi percibe un salario bruto anual de 27.440,39 euros, además de un plus fijo de asistencia de 1.451,16 euros sin tener en cuenta los pluses de noches, festivos ni la antigüedad: aplicando todos estos conceptos. En técnico de emergencia sanitarias en Euskadi, de media, recibe en la actualidad un salario de unos 35.000 euros brutos al año. Mientras, el salario bruto anual de una persona trabajadora en la misma categoría que preste su servicio en otra comunidad autónoma es entre un 30% y un 50% menos por desarrollar los mismos puestos y funciones”.
La situación de las ambulancias ha generado numerosas reacciones. UGT, por ejemplo, ha señalado que el Departamento de Salud “debería explicar cómo es posible” que hace solamente unos meses se le adjudicara a Grup La Pau la renovación de un servicio dando por acredita su “solvencia económica” y que ahora planteen un “descuelgue”. “Huele a podrido pero prefieren echar ambientador en vez de limpiar la mierda”, sostienen desde la sección sindical de ambulancias. La central alerta también de las formas de la empresa, que planteó los recortes “con nocturnidad y alevosía” y horas después de haber comunicado dos despidos. “Publifíquese”, ha pedido LAB.
LSB-USO avisa de que la autoridad laboral deberá revisar de arriba abajo la petición de descuelgue porque se plantea para toda la plantilla en Euskadi cuando, en agosto, ya se le actualizó el contrato de transporte urgente con una subida del 30%, por ejemplo. “Nos parece una temeridad haberles vuelto a adjudicar. Está claro que hay un problema de fondo, que la empresa no tiene la solvencia económica suficiente, más allá de todos sus incumplimientos de la Inspección de Trabajo”, explica un portavoz. Esta central ha trasladado algunas denuncias a la Fiscalía y avisa también de que, en paralelo a estos recortes, Grup La Pau ha incorporado ocho jefaturas, una responsable de Recursos Humanos y un gerente, que es precisamente el exalto cargo de Salud Ibon Etxebarria, con todo lo que ello implica en incremento de costes de personal.
Desde ESK expresan su “perplejidad” por la deriva que ha tomado la situación. “Esta empresa cooperativista tiene el aval del Gobierno vasco y del PNV y se dedica a chantajear a sus trabajadores por el hecho de que se le cuestione algo muy palpable como son sus reiterados incumplimientos laborales. Se ha demostrado que aquí La Pau ha podido hacer todo tipo de irregularidades y el Gobierno vasco le ha premiado. ¿Qué prebendas tiene La Pau para hacer de su capa un sayo?”, se pregunta Patxi Nicolau, su portavoz.
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