Se cierra una etapa. Después de 55 sanciones de la Inspección de Trabajo y de “varias” multas por incumplimiento del contrato, incluida una de 840.000 euros por el uso de las ambulancias para fines distintos al servicio público y después de unos años jalonados por huelgas y más incidencias, este martes se ha confirmado la salida de Euskadi de la empresa catalana Grup La Pau, como adelantó este periódico en septiembre a pesar de que lo negaran públicamente tanto la empresa como el Departamento de Salud.
Tras una reunión al más alto nivel entre altos cargos de la Sanidad vasca y de la compañía, se ha confirmado esta noticia. El Ejecutivo ha explicado que se ha alcanzado un “acuerdo” para proceder a una “salida ordenada antes del 30 de noviembre”. Ese día entra en vigor un nuevo convenio que implica mejoras económicas que la compañía no puede afrontar. En primavera había llegado a verbalizar que estaba al borde de la quiebra y muchas de sus multas son por impagos. Un ejemplo: debe el 75% de la nómina de verano al 70% de la plantilla. “Con esta decisión, el Departamento de Salud pone en el centro y como prioridad tanto a los pacientes como al personal de las empresas y, cómo no, a los derechos de unos y otros. Ante las deficiencias continuadas de la prestación de esta asistencia sanitaria de La Pau, el departamento ha establecido medidas administrativas y sanciones económicas, que han concluido finalmente con la salida de la empresa”, se ha explicado.
La comunicación oficial ha llegado cuatro horas después de iniciado el encuentro. La Pau no ha querido hacer comentarios. La cooperativa de Badalona gestionaba el transporte sanitario en Álava y en Bizkaia, tanto el urgente (vehículos de color amarillo) como el programado (azules y blancos). En Gipuzkoa no habrá cambios y, hasta 2026, otra cooperativa llamada Ambulancias Gipuzkoa seguirá gestionando ambas redes. Las adjudicaciones plurianuales de las ambulancias externalizadas tienen un coste superior a los 280 millones de euros. La firmeza exhibida ahora por el Gobierno de Imanol Pradales contrasta con la postura mantenida en los meses anteriores. Osakidetza seguía una línea argumental similar a la de la contratista y responsabilizada a la plantilla de los problemas del servicio. Sostiene el Gobierno que los problemas se han producido “especialmente desde el pasado mes de julio” y que se ha actuado “en consecuencia”.
A partir de ahora, el Gobierno vasco deberá contratar a una nueva empresa (o a varias) que tapen el hueco de Grup La Pau por la vía de las adjudicaciones de emergencia. Hay un precedente. SSG-Larrialdiak abandonó Vitoria en la Nochevieja de 2019 a 2020. En esta ocasión la cooperativa catalana ha manifestado que quiere hacer una salida “ordenada”. Después tocará repetir la licitación ya con un concurso ordinario. El mayor problema es cómo garantizar que haya el mismo número de vehículos operativos en un plazo corto. La plantilla se subroga pero no el material rodante. En julio, eso sí, La Pau ya había abierto la puerta a vender furgonetas. Asimismo, en las últimas semanas se han estudiado casos de compañías que han quedado liberadas de contratas en otras comunidades autónomas, como es el caso de Cantabria. Salud promete crear una “comisión de seguimiento” que sea más diligente a la hora de hacer que se cumplan los pliegos de cara al futuro.
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