El equipo del PNV activó la aprobación del decreto de memoria histórica en puertas de ceder la cartera al PSE-EE

La anterior directora del Instituto de la Memoria (Gogora), Aintzane Ezenarro, ha activado la tramitación de un relevante decreto de desarrollo de la ley vasca de memoria histórica en pleno cambio político en el Gobierno vasco en el que la cartera de la que dependen estas cuestiones, la de Justicia y Derechos Humanos, ha pasado de manos del PNV, el partido que la propuso para el cargo, a las del PSE-EE dentro de su acuerdo de coalición. En concreto, Ezenarro firmó el inicio del expediente en el Parlamento Vasco nada más terminar Imanol Pradales el discurso de investidura, un debate al que acudió como invitada. El proyecto de decreto está en fase de consulta pública y ella misma, que será relevada en el cargo próximamente, concedió una entrevista en la Cadena Ser explicando las claves del nuevo reglamento cuando ya era conocido que la socialista María Jesús San José iba a ser la nueva consejera del ramo.

La propuesta desarrolla “parcialmente” la ley autonómica, aprobada finalmente en 2023 después de varios intentos fallidos. Gogora ve “necesaria” la elaboración del decreto para garantizar el derecho a obtener un reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, para elaborar el “catálogo” de “lugares, espacios e itinerarios” de relevancia histórica, para disponer de un directorio de entidades memorialísticas y para regular el funcionamiento de la Comisión Asesora de Entidades de Memoria Histórica de Euskadi. “La consulta se abre a todas aquellas instituciones públicas y personas físicas, así como organizaciones, entidades o asociaciones que puedan considerarse afectadas por esa futura regulación normativa”, se dice también. Ezenarro destacó en la entrevista que las personas asesinadas, encarceladas o exiliadas merecen un reconocimiento como el que prevé la ley estatal. “Esto no quita para que también lo podamos hacer en Euskadi”, manifestó.

Fuentes de Gogora indican que el proceso de elaboración de decretos está tasado y también todo lo relativo a la recogida de aportaciones en la fase de consulta pública, que está abierta hasta el 19 de julio. Añaden que la ley obligaba a tramitar un decreto de desarrollo y que eso es justamente lo que se ha hecho. No obstante, la propia norma fijaba un plazo de un año para el reglamento, es decir, hasta otoño. De su lado, fuentes del PSE-EE explican que será este partido el que a partir de ahora marque las pautas de la política de memoria, como ha sido acordado con el PNV.  “En qué términos se hará el decreto será cosa de la consejera Maria Jesús San José”, recalcan.

Se da por hecha la salida inminente de Ezenarro, que ha sido la única directora en toda la trayectoria de Gogora. Ezenarro era la portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco y se acercó al PNV cuando, tras el final de ETA, en la Cámara se acordó un documento llamado “suelo ético” del que se distanció la parte de su partido más proclive a la izquierda abertzale y que acabó integrada en EH Bildu. Cuando Iñigo Urkullu entró al Gobierno pasó a ser asesora de Presidencia para asuntos de derechos humanos. Fue esa época en la que se constituyó Gogora. Su momento más delicado llegó cuando se reveló que el proyecto estrella del Instituto de la Memoria, una gran carpa itinerante que recorría pueblos y ciudades, se había gestionado con decenas de adjudicaciones al grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, el grupo Montai.

En el nuevo Gobierno de Imanol Pradales Gogora queda adscrito al nuevo departamento de Justicia y Derechos Humanos de San José, que ya fue consejera de 2016 a 2020, aunque entonces sin estas competencias. Hasta ahora estaba dentro de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por Nerea Melgosa. Por el momento, solamente se conoce que el viceconsejero de Derechos Humanos será el socialista Alfredo Retortillo, exconsejero también de 2016 a 2019. Los socialistas buscan también un nuevo perfil para dirigir Gogora. Este organismo se encarga de preservar la memoria de Euskadi, tanto en la tocante a la Guerra Civil y el franquismo, como al terrorismo de ETA y los GAL o la violencia policial y la tortura.

El acuerdo de coalición de PNV y PSE-EE fija para Gogora algunos deberes. Se alude, por ejemplo, a “dotar a las políticas de memoria, víctimas, convivencia y Derechos Humanos de una infraestructura de impulso sostenido y proyección intergeneracional”. Pero se habla también de “actualizar el plan estratégico de Gogora y sus planes anuales de gestión, manteniendo el espíritu de participación y consenso en el seno de su consejo”.

En lo tocante a la ley de 2023, se habla de “continuar desarrollándola, especialmente en sus capítulos de reconocimiento y reparación de las víctimas; pedagogía social sobre la memoria democrática; búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas; esclarecimiento de la verdad a través de nuevas investigaciones y mapa de lugares; y espacios e itinerarios de la memoria en Euskadi”. Gogora tiene pendiente terminar el espacio expositivo permanente en su sede en el centro de Bilbao, el denominado Gogoragunea y que busca complementarse con el Memorial del Estado, ubicado en Vitoria y centrado en las víctimas de todos los terrorismos, ETA, el GAL o el yihadismo. Está pendiente, igualmente, la puesta en marcha de cara a 2026 del memorial de Vitoria en homenaje a las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976.