Errenteria tendrá este miércoles la declaración de zona tensionada en materia de vivienda. Este paso, la primera que se otorga en Euskadi, permitirá al municipio poner un tope a los alquileres, es decir, que las personas arrendatarias a quienes se les acabe el contrato podrán acceder a un máximo de tres prórrogas anuales en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Y en el caso de los nuevos arrendatario se limita el precio del alquiler a la renta de quienes alquilaron anteriormente la vivienda, con una cláusula de actualización anual. Si la vivienda hubiera estado vacía en los cinco años precedentes, el precio tendrá que atender a los futuros índices de precios de referencia, un sistema que deberá establecer el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para Euskadi.
Errenteria será el primero de los municipios tensionados, pero se espera que en breve finalicen los trámites para la declaración de zona tensionada de Lasarte-Oria, Zumaia y Galdakao, según ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en declaraciones a ETB1. Son, de momento, los únicos municipios que han presentado hasta la documentación necesaria, así como el plan de actuación, aunque otros como Irún y Donostia está previsto que aprueben la presentación de la declaración en los plenos municipales de octubre, y Vitoria y Bilbao serán los siguientes. En total, hay 43 municipios vascos (de 252) que cumplen las condiciones de la Ley de Vivienda para pedir la declaración de zona tensionada y aglutinan a casi el 70% de la población.
“Errenteria es el primero, y ha abierto y marcado una vía que puede ser útil para muchos otros municipios. En este sentido, querría felicitar al Ayuntamiento de Errenteria, porque ha hecho las cosas correctamente y en colaboración con el Gobierno vasco. Seguramente ha sido más tarde de lo deseado, pero la seguridad jurídica también es importante”, ha manifestado Itxaso, que presentará la declarción de zona tensionada de este municipio el próximo miércoles junto a la alcaldesa de la localidad, Aizpea Otaegi, de EH Bildu, que gobierna en coalición con Elkarrekin (Podemos, IU y Equo).
Errenteria presentó la solicitud en el mes de febrero y en junio el anterior consejero Iñaki Arriola firmó la orden tras presentar el municipio toda la documentación y presentado la propuesta de plan de acción a tres años para solventar en problema de vivienda en el municipio. Desde entonces se ha estado en periodo de exposición pública y alegaciones. Una vez el miércoles se declare la zona tensionada se mandará la solicitud al Ministerio, “que dispone de 3 meses para aprobar la declaración de zona tensionada”, por lo que puede ser que no entre en vigor ya hasta el mes de enero.
La petición de declaración de zona tensionada debe acompañarse de la propuesta de plan de acción a tres años para solventar en problema de vivienda en el municipio, lo que está retrasando las solicitudes. La Ley de Vivienda aprobada en el Congreso de los Diputados, y que el PNV tiene por cierto recurrida por considerar que invade competencias, señala que para pedir esta condición los municipios deben cumplir uno de estos dos requisitos: que el precio de alquiler haya subido en los cinco años anteriores a la declaración 17%, el porcentaje que se entiende equivalente a al menos tres puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del IPC de Euskadi; o que sea una zona en la que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia más los gastos y suministros básicos (suministros energéticos de electricidad, gas, gasoil u otros, agua corriente, servicios de telecomunicación y contribuciones a la comunidad) supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Con cumplir uno de los dos requisitos el Ayuntamiento puede pedir la declaración de zona tensionada de toda la población o por distritos.
En el caso de Errenteria, aunque este miércoles se darán más datos concretos sobre el plan de acción, el diagnóstico ue planteaba el equipo de Gobierno en la solicitud, planteaba que la vivienda en alquiler en la actualidad es “prácticamente inexistente” en la localidad, con ofertas que superan los 950 euros mensuales. El precio medio de las compraventas registradas supera los 200.000 euros y el precio medio del metro cuadrado supera los 3.000 euros en el primer trimestre de 2023. El documento señala que la renta media de la población del municipio está “muy por debajo de la de Donostialdea y de la media guipuzcoana”, y que el 75% de las familias que están inscritas como demandantes de vivienda protegida lo son en régimen de alquiler, entre ellas “buena parte” con reducidos niveles de ingresos y solicitando un hogar en alquiler. La memoria señala que el esfuerzo económico para pagar la renta y los gastos básicos del hogar se encuentra en el 33% -por encima del 30% establecido como criterio para la declaración de zona tensionada en la Ley estatal de Vivienda.
Denis Itxaso ya ha adelantado también que la intención del Gobierno vasco es poner coto a los pisos turísticos de las zonas tensionadas, como señaló en el Parlamento Vasco, una cuestión que llevarán a cabo en colaboración con el departamento de Turismo, Comercio y Consumo que dirje Javier Hurtado. “Hay que regular las viviendas turísticas y de temporada” ha señalado Itxaso que ha indicado además que hay que ser “exigentes” con los grandes tenedores, aquellos que poseen cinco o más viviendas, “porque son empresas que han convertido en negocio un bien de primera necesidad”. Cabe recordar que es competencia de cada consistorio decidir el número de viviendas para ser considerado gran tenedor.
Por otro lado, Itxaso ha incidido en la reconversión de locales comerciales y lonjas en viviendas, “ya que muchos de ellos se encuentran vacíos”, además de bajar a las plantas bajas de los edificios otros negocios que se desarrollan en primeros y segundos pisos. Ha insistido en la necesidad de que los Ayuntamientos “cedan suelo para hacer viviendas”. En esa línea, Itxaso ha subrayado la excelente cooperación con el ayuntamiento de Errenteria, que espera que se mantenga en la misma línea en el futuro y pueda extendense a otros municipios, porque, según él, “solo de la coordinación de los sectores públicos y de estos con el ámbito privado puede abordarse el problema”. Si esto se produce, “calculamos que hay espacio para hacer en torno a 75.000 viviendas”, ha recalcado Itxaso, para quien “ampliar el parque de vivienda pública es fundamental” para cumplir el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía 7.000 viviendas a lo largo de la presente legislatura, lo que supone un 40% más que la anterior.
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