La Ertzaintza tiene detectadas a 198 mujeres con riesgo “especial” y 278 con riesgo “alto” de ser asesinadas en Euskadi

En estos momentos la Ertzaintza tiene detectadas 198 mujeres con riesgo “especial” de ser asesinadas por sus parejas o exparejas y 95 de estos los expedientes de violencia de género han sido abiertos en lo que va de año. Además, 278 mujeres están en riesgo “alto”, 1.316 mujeres en riesgo “moderado”, 3.947 en riesgo “básico” y 329 “sin calificar”. Éstos son algunos de los datos reflejados en el informe de la Ertzaintza sobre la predicción de riesgo de violencia haclia las mujeres, un documento entregado por el Departamento de Seguridad al Parlamento Vasco como respuesta a una solicitud de información realizada por EH Bildu y que fue registrado después del asesinato de una mujer en Pasaia.

El año pasado, el por aquel entonces vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka anunció que la Ertzaintza tenía la intención de modificar el protocolo policial de protección a las víctimas de la violencia machista para que, a partir de ese momento “la negativa de las mujeres maltratadas a las medidas de protección policial, se considere un agravante a la hora de definir o reforzar sus medidas de protección”. “A efectos de implantar las medidas policiales de protección, la Ertzaintza considerará que la falta de colaboración de la víctima está condicionada por su dependencia (emocional, económica, hijos e hijas, etc.) con el agresor”, anunció Erkoreka. Por ello, según señaló, cuando la víctima “se muestre reticente a colaborar o facilite el acercamiento a su agresor, la Ertzaintza lo entenderá como un indicio de un mayor riesgo para su integridad, sobre todo en aquellos casos calificados de riesgo alto y especial”.

No obstante, esto no es lo que ocurrió en el caso del asesinato de Pasaia el pasado sábado, donde la víctima denunció “malos tratos” en 2020, en 2021 la Ertzaintza actuó de oficio y abrió diligencias contra el hombre, le puso una orden de alejamiento de 100 metros que el agresor quebrantó y finalmente archivó el expediente un año más tarde. Tras el quebrantamiento de la orden de alejamiento producido en 2021 la Ertzaintza registró que se trataba de un quebrantamiento “consentido” y que “la víctima no deseaba interponer denuncia ni quería solicitar medida cautelar”. En 2022, se contactó con la víctima “que informó que todo estaba bien y que seguía en un piso de protección”. En ese mismo momento se le informó de que se archivaba el expediente “al no haber incidentes y no haber orden de protección vigente”. Dos años después, el agresor asesina a tiros a la víctima en su domicilio y frente a una de sus dos hijas.

En este sentido, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha querido reflexionar sobre la protección de aquellas “víctimas que deciden no denunciar o que, habiendo iniciado el procedimiento con una denuncia, ejercen el derecho a la dispensa”, es decir la retirada de denuncia. “Es un tema delicado porque la violencia de género es una victimización de dominio que genera elementos de altísima vulnerabilidad en una mujer y en su entorno. En mi opinión, la protección pública tiene que estar incluso para aquellas mujeres que deciden no ser protegidas. Hay que hacer un esfuerzo porque hay un contexto de altísima vulnerabilidad contextual”, ha detallado durante Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Vasco para informar de la Memoria Judicial de 2023 y exponer las líneas de actuación para 2024-2025.

Subijana ha querido poner en valor también otra línea de trabajo que realizan y que está relacionada con el acompañamiento y protección. Se trata del hecho de que, después de años de retraso, se hayan conectado las bases de datos del sistema VioGén (estatal) y EBA (Ertzaintza), lo que facilita a los tribunales contar con toda la información respecto a los “elementos de riesgo” de las víctimas de violencia de género.

Con respecto al caso de Pasaia, la abogada de IURIS Estudio Jurídico de Bilbao, Olga Rodríguez Marcos, opina que la Justicia debe actuar de oficio. “A este hombre se le puso una orden de alejamiento y después la quebrantó, aunque se trate de un delito de quebrantamiento de orden de alejamiento, que es un delito contra la Administración de Justicia, porque está incumpliendo una orden judicial. En estos casos se puede de oficio para impulsar este tipo de procedimientos porque de alguna manera son de orden público. No obstante, en el caso del asesinato de Pasaia y en otros muchos, como no se contó con la colaboración de la víctima a la hora de perseguir este suceso, directamente el Juzgado lo archivó. Al archivarlo, a este hombre no le consta judicialmente ninguna circunstancia más y vemos en qué ha acabado”, explica la abogada a este periódico.

“El protocolo falla porque en un quebrantamiento de una orden de alejamiento se debe actuar de oficio, debe actuar el Juzgado y también la Fiscalía de tal manera que aunque la víctima no quiera colaborar, porque muchas veces no se quiere colaborar por miedo al agresor o porque no se confía en el sistema porque la primera experiencia que se ha tenido de contacto con el sistema no ha sido positiva, se debe actuar. Porque si no se constata la colaboración de la víctima el caso se archiva y se acabó y no debería ser así”, destaca, para después añadir que: “Está muy bien la reflexión de las asociaciones feministas, pero esto es un fallo del sistema a nivel jurídico legal porque parece que les da pereza tener que analizar y tomar acciones policiales o judiciales con perspectiva de género y es lo que tiene que ser. No se puede dejar de lado un caso porque la víctima no le de importancia a un quebrantamiento de orden de alejamiento. Tiene que ser el sistema el que las proteja”, concluye.

El Ararteko, la Defensoría vasca del pueblo, ha exigido una revisión del caso y de sus circunstancias, puesto que la víctima había interpuesto una denuncia contra su agresor. “Este crimen del machismo nos interpela como sociedad y nos exige a todas las instituciones una seria revisión del caso y de sus circunstancias, para entender por qué, a pesar de las denuncias de Leonor, no se ha podido proteger a esta mujer y evitar que finalmente fuera asesinada por el agresor al que había denunciado años atrás”, ha indicado la oficina que dirige Manuel Lezertua.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Euskal Herria ha criticado duramente los protocolos: “Hemos oído a la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, decir que el protocolo funciona bien. ¿Qué es lo que ha funcionado bien? Leonor ya había presentado una denuncia y mantuvo abierto el expediente de violencia machista durante unos años. Después de eso, ese mismo hombre ha asesinado a Leonor, ¿cómo puede la directora de Emakunde hacer esa valoración?”, han denunciado desde el movimiento.

Este martes por la tarde se reunieron miebros del Insituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y la asociación feminista de Pasaia Bekoz Beko, a la que la vícitma pidió ayuda por las agresiones que sufría, se reunirán esta tarde, en el marco del protocolo interinstitucional sobre la violencia de género, para realizar un análisis sobre el procedimiento de este caso. Desde Bekoz Beko han criticado que “el sistema ha llegado tarde”. “Hemos fallado como sociedad”, lamentan.

Los hechos ocurrieron hacia las cuatro de la tarde en una vivienda ubicada en Pasaia (Gipuzkoa). Una vez cometido el homicidio, el autor huyó del lugar a bordo de un vehículo, pero posteriormente, se personó en las dependencias de la Policía Municipal de Villabona donde se procedió a su arresto. Este martes el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Donostia ha acordado su ingreso en prisión provisional por la supuesta comisión de un delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género.