Los Gobiernos central y vasco han acordado este miércoles que la Ertzaintza asuma más funciones en el marco de sus competencias y más visibilidad en aeropuertos y puertos, tanto en las zonas públicas como en las restringidas, donde ahora no accedían. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha apresurado a matizar que la Guardia Civil y la Policía Nacional seguirán teniendo atribuciones de custodia, fronteras y resguardo fiscal y que la decisión, muy celebrada por el nuevo consejero vasco del ramo, Bingen Zupiria, no implicará un repliegue de la presencia de los cuerpos estatales en Euskadi.
Por tercera vez en el mandato de Grande-Marlaska, iniciado en junio de 2018, se ha reunido la denominada Junta de Seguridad, un órgano bilateral de coordinación policial que sienta a representantes del Estado y de la comunidad autónoma. Según Zupiria, que accedió a la cartera hace apenas un mes, se continúa “profundizando” en el desarrollo del Estatuto, que hace de la Ertzaintza la Policía “integral” de la comunidad autónoma y, por lo tanto, la que ha de asumir las funciones ordinarias en todo el territorio, también en las infraestructuras de transporte.
Organizaciones profesionales de la Guardia Civil como AUGC o Jucil habían criticado este plan, que aparentemente va a hacer que la Policía Nacional asuma también más funciones de patrullaje en el resto de España y que los Mossos d'Esquadra ganen visibilidad en puertos y aeropuertos catalanes. Pero en los últimos años ya se habían externalizado algunos servicios a empresas privadas, como los controles de maletas en los escáneres. Grande-Marlaska, mencionando el caso vasco pero en un mensaje interpretable en clave general, ha señalado que la Constitución y el Estatuto fijan unas competencias “exclusivas” que este cuerpo seguirá desarrollando. En concreto, las Fuerzas de Seguridad del Estado -también el Servicio de Vigilancia Aduanera- tienen asignado el control de costas, fronteras y de flujos migratorios, la expedición de DNI y pasaportes, el resguardo fiscal del Estado, la vigilancia de armas y explosivos y, en general, todo lo relacionado con delitos de carácter superior al autonómico, como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el crimen organizado.
“Quiero dejar claro y quitar cualquier sombra de duda de que se van a mantener los mismos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional en el País Vasco y en Euskadi [sic]. En modo alguno representa una reducción de las competencias”, ha indicado el ministro, natural de Bilbao. El consejero vasco ha explicado que el cambio se apreciará “de hoy en adelante” aunque ha concedido que es preciso un margen para garantizar la coordinación entre cuerpos. En todo caso, en el principal aeropuerto vasco, que es el de Loiu, la Ertzaintza ya tiene una oficina desde hace años.
Por otro lado, la Junta de Seguridad ha acordado también la interconexión del sistema estatal Viogen y el autonómico Eba para mejorar la prevención de los delitos de violencia de género. Era algo comprometido ya hace tres años y anunciado varias veces por el predecesor de Zupiria, Josu Erkoreka. En tres meses habrá ya cruce de datos “en tiempo real”. No es un ajuste menor ya que en 2023 se produjo en Vitoria un asesinato de una mejor que venía de fuera de Euskadi con un nivel de protección máximo fijado por las Fuerzas de Seguridad del Estado que aquí fue modificado.
Grande-Marlaska, que ha tenido palabras cariñosas para Erkoreka e incluso para su antecesora, Estefanía Beltrán de Heredia, ahora portavoz del PNV en el Senado, se ha felicitado “por el nivel de coordinación y lealtad” entre las Administraciones central y vasca en materia policial. Ha puesto en valor la “normalización” y el “trabajo serio”. Zupiria, en el que prácticamente ha sido su estreno tras ocho años como consejero de Cultura, ha estado arropado en Madrid por el viceconsejero Rodrigo Gartzia, de quien se desconoce si continuará o no en estas funciones en la legislatura que ahora arranca.
El ministro se ha reunido también en Madrid con otra nueva consejera vasca, María Jesús San José. De la parte socialista de la coalición que dirige Imanol Pradales, es la titular de Justicia y Derechos Humanos. la cartera encargada de la competencia de Prisiones. Euskadi asumió en 2021 esta materia pero mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio del Interior para traslados e infraestructuras. De hecho, está pendiente que el Estado finalice las obras de la nueva cárcel de Gipuzkoa en Zubieta.
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