El Gobierno vasco ha admitido que se están produciendo incrementos notables en el presupuesto de los trabajos de estabilización e impermeabilización que se están ejecutando en el vertedero de Zaldibar desde hace unos meses toda vez que informes conocidos en 2023 mostraron que se habían reproducido riesgos de deslizamiento. Como ha publicado este periódico, esas labores adicionales al operativo extraordinario tras el alud de 2020, del que ahora se cumplen cuatro años, están ya cuantificadas en 2,6 millones de euros cuando en octubre, en el momento de su presentación, se habló de 0,7 millones y en noviembre, cuando se dio cuenta de ello al Parlamento, se apuntaba a 1,2 millones.
El consejero-portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha recalcado que la Administración actúa en Zaldibar de modo “subsidiario” por la dejación de funciones de la empresa gestora del recinto, Verter Recycling, ahora en quiebra. Por ello, cuando se acordó actuar con urgencia para evitar nuevos deslizamientos “no disponía de la información precisa” sobre el mal estado del antiguo vertedero, ubicado en una ladera muy próxima a la muga entre Bizkaia y Gipuzkoa.
“El desarrollo de las diferentes labores nos ha hecho ver que las necesidades eran mayores que las que en un principio se pensaban”, ha añadido Zupiria, que ha confirmado que la minuta ya “ha alcanzado los 2,6 millones”. Preguntado por si todavía podrían incrementarse aún más los costes, ha indicado que no se dispone de información al respecto aunque ha ironizado que tampoco la había en octubre cuando se inició esta obra con una previsión de gasto muy inferior. “Cuando iniciamos las labores de sellado tampoco esperábamos encontrarnos con esta situación”, ha subrayado.
Este dinero se une a los más de 28 millones ya adelantados por toda la gran operativa puesta en marcha en 2020. Se realizaron labores de desecombro, estabilización y reconstrucción combinadas a la fuerza por la búsqueda de los dos cadáveres. El Gobierno, eso sí, ha admitido ya la dificultad de que Verter Recycling afronte esos pagos. La compañía se ha declarado en concurso de acreedores y se está analizando ya la posibilidad de actuar contra las personas físicas detrás de la sociedad, al igual que han sido ellos quienes abonaron las indemnizaciones a las familias de las víctimas.
El Gobierno también ha urgido a la Justicia a que concluya la investigación abierta sobre la causa de los hechos y que avanza al ralentí en una sala de Durango. Zupiria ha indicado que el Ejecutivo es el “primer interesado” en el “esclarecimiento de la verdad” y ha garantizado que se continuará “colaborando con la Justicia y con la Fiscalía”. No es un mensaje menor ya que el ministerio fiscal ha criticado en reiteradas ocasiones la falta de sintonía con la Administración vasca en las causas medioambientales.
Zupiria ha aprovechado la comparecencia para enviar “condolencias” a las familias de los dos trabajadores sepultados por la lengua de residuos, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, cuyos restos nunca fueron localizados. El Gobierno ha indicado también que para “evitar sucesos similares” toca “profundizar” en nuevos planes de gestión de vertederos pero también en la “disminución de la generación de residuos con nuevos métodos de reciclaje y valorización”. Zaldibar era una de las infraestructuras más grandes y allí acababan residuos de construcción, lodos, rechazos o tierras.
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