Los Gobiernos central y vasco han cerrado este miércoles en Madrid el largo proceso de traspaso a la comunidad autónoma de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias, iniciado hace ya dos años coincidiendo con la propia creación de esta prestación y en el que el PNV se ha empeñado especialmente en varias negociaciones. El acuerdo está cuantificado en unos 187 millones de euros, como adelantó este periódico cuando se cerró la negociación política. Las intervenciones de la parte vasca han evidenciado las diferencias de matiz en el seno del Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu. El PNV, que lidera la parte de negociación del desarrollo estatutario, ha aprovechado el acuerdo para reclamar más competencias y, en particular, la del régimen económico de la Seguridad Social. Mientras haya una sola competencia pendiente de ceder a Euskadi -ha proclamado la consejera nacionalista Olatz Garamendi- habrá una “herida abierta” entre el pueblo vasco y España. Pero el PSE-EE, que gestionará el IMV desde el área de Trabajo y Empleo, ha puesto en valor el “gran pacto” que fueron la Constitución y el Estatuto y el “trabajo colaborativo dentro del Gobierno y entre los Gobiernos”.
La reunión ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Política Territorial, en la capital. Desde que Pedro Sánchez es presidente, cinco ministros de esta cartera han estado al otro lado cuando Euskadi ha descolgado el teléfono para negociar transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Han sido Meritxell Batet, Luis Planas, Carolina Darias, Miquel Iceta y ahora Isabel Rodríguez, que este miércoles se ha hecho acompañar de altos cargos de la Administración estatal incluido el delegado en Euskadi, Denis Itxaso. La delegación vasca ha estado representada, entre otros, por el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, la vicelehendakari segunda y competente en materia de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, la responsable de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.
Erkoreka ya había manifestado que el IMV se entendía como el paso previo a la Seguridad Social. En la misma línea se ha expresado en Madrid el ala del PNV del Ejecutivo vasco. La responsable política directa de éstas y otras negociaciones competenciales, la consejera Garamendi, ha iniciado su discurso criticando que esta transferencia “se ha alargado demasiado” y que la negociación ha sido muy dificultosa porque el Estado planteó un acuerdo temporal y no definitivo, como lo es ahora. “Hemos constatado ciertas reticencias”, ha señalado Garamendi. En el resto de su intervención ha recordado que el IMV implica “funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social”, lo que abre la puerta a negociar la “descentralización” de la gestión económica en esta materia. De todas las competencias pendientes del Estatuto de 1979 ésta es la única que el Gobierno de Sánchez no se compromete a ceder al Gobierno vasco, aunque sí ha prometido un “estudio”.
La Seguridad Social nunca se ha transferido a una comunidad autónoma y el propio Estatuto limita el caso vasco a la gestión del régimen económico. Esto es, el Gobierno vasco ejercería de ventanilla de tramitación de unas prestaciones decididas desde el Estado y que salen de una 'caja única' para toda España. Garamendi, en este sentido, asegura que se puede explorar ese acuerdo “sin romper nada” para “acercar la gestión del día a día a la ciudadanía”. “Estamos preparados para seguir hablando de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”, ha insistido.
Además, ha indicado que Euskadi está “a la espera de respuesta” para el siguiente gran acuerdo con el Estado, la cesión de Cercanías. Ha criticado Garamendi que “ante la ralentización del proceso transferencial” el Gobierno de Urkullu también ha sido “proactivo” para proponer otros traspasos como litoral, meteorología o el fondo cinematográfico. “Desde que soy consejera ya hemos formalizado cinco traspasos. Pudiera pensarse que son muchos, pero el catálogo de transferencias pendientes es todavía amplio. Una sola transferencia pendiente sigue siendo un incumplimiento. Nuestra determinación por llevarlas a casa es firme. No se trata de una petición, es la exigencia de lo pactado con el pueblo vasco en el Estatuto de Gernika. El incumplimiento con el autogobierno recogido en nuestro Estatuto y pendiente de transferir es una herida que continuará abierta hasta materializar todas y cada una de las transferencias”, ha apostillado Garamendi, que acabo su discursos pidiendo “reforzar” la “bilateralidad” con el Estado. Antes del IMV, el otro gran traspaso fue el de Prisiones, efectivo desde el pasado 1 de octubre.
La socialista Mendia ha sido más conciliadora. “A mí parece que estos tiempos que vivimos, tan convulsos en la política española, pero trágicos en términos europeos, merecen acuerdos, entendimiento y soluciones. Ahora que hay además una invasión injustificable [...], los Gobiernos de Euskadi y de España decimos que estamos dispuestos a trabajar de forma conjunta para crear nuevos problemas”, ha solemnizado. El PSE-EE también ha defendido como el PNV un traspaso definitivo del IMV -“preocupación constante por encontrar fórmulas”, según Mendia- pero ha quitado hierro a los retrasos porque “no ha cumplido dos años” esta prestación y “la ley que lo desarrolla es de hace dos meses”. Ha explicado que el IMV se vinculará ahora con la RGI vasca para “llegar todavía con más eficacia” y “en la misma ventanilla” a los perceptores. Eso sí, ha remarcado que el cumplimiento del Estatuto no es solamente una obligación de los vascos ya que “está votado por el Congreso de los Diputados que representa a todos los españoles”. “Cumplirlo no es sólo un anhelo, es una obligación”, ha remachado.
“Con este Gobierno, el País Vasco ha recibido 11 nuevas competencias, mientras que con el anterior Gobierno el saldo del techo competencial es cero”, ha querido destacar la ministra Rodríguez. Además, ha añadido: “Es una prestación que ya mejora la vida de muchas personas y que ahora pasará a gestionarse por el País Vasco, donde beneficiará a 18.000 familias y a 33.000 personas, entre ellas, más de 9.000 niños y niñas”.