En el día en que se hace efectiva la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se cumplen seis meses desde que Euskadi empezó a gestionar las Prisiones. “Nuestra andadura en gestión penitenciaria apenas se ha iniciado. Sabemos hacia dónde queremos dirigirnos, pero partimos de una herencia que no resulta fácil de gestionar. Los centros penitenciarios de Bizkaia y Gipuzkoa se encontraban en muy mal estado de conservación. Seguimos realizando obras sencillas pero imprescindibles para acabar con humedades, cubrir patios, ... Las cárceles trabajaban en un sistema que incluía a todas las cárceles dependientes del Gobierno central y nuestros centros penitenciarios ya no disponen de esas válvulas de escape para mover a los internos más conflictivos. Ahora trabajamos más en red con nuestros tres centros, pero estamos muy lejos de contar con un sistema integral que disponga, por ejemplo, de módulos de primer grado o de un número suficiente de recursos habitacionales para poder potenciar regímenes de semilibertad”, ha detallado como grandes problemas la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.
En una comparecencia este viernes en Vitoria, Artolazabal ha querido hace balance “transcurridos seis meses de la transferencia”. “La mejor noticia es que no hay noticias. No hay novedades llamativas entendidas como malas noticias”, ha señalado. Considera que es una “maratón” la nueva gestión y sí ha mostrado su optimismo por los “muchos avances en la dirección correcta”, tales como la atención a menores dependientes de presos, las políticas de Sanidad penitenciaria y adicciones, la colaboración con el poder judicial y hasta las líneas de autobús a los centros para facilitar el acceso. “Vamos dando pasos firmes que en los próximos meses darán frutos”, ha apostillado. Además, Artolazabal ha recordado que se cumplen ya tres meses de la puesta en marcha de Aukerak, que es el nombre que ha recibido la agencia para la “reinserción sociolaboral” de los reclusos.
En la comparecencia, Artolazabal ha estado acompañada del exmagistrado fichado como asesor para esta gestión carcelaria, Jaime Tapia, y por el director de Justicia, Eugenio Artetxe. Como gran cambio a corto plazo han presentado el borrador del plan de justicia restaurativa para el período 2022-2025. Se trata de una estrategia para ahondar en la fórmula de encuentros entre víctimas y victimarios -acompañados de mediadores profesionales- para hacer efectivo el reconocimiento de los delitos y de sus consecuencias y para reducir el riesgo de reincidencia. Euskadi bebe para ello de dos experiencias, una propia y otra de las cárceles cuando eran gestionadas por el Estado. La propia es la política de gestión de penas de menores, ya gestionada históricamente por el Gobierno autonómico y que ha tenido más de 1.800 procesos restaurativos exitosos, el 30% del total. La segunda es la denominada 'vía Nanclares', que toma el nombre de la vieja cárcel de Álava y en la que presos de ETA se reunieron con víctimas para pedirles perdón e iniciar procesos de reinserción.
“La justicia restaurativa pone el foco en la reparación de las consecuencias del delito, más que en el castigo. Da oportunidad a la víctima de expresar sus necesidades y participar en el modo en el que el victimario repare los daños. Y al victimario [le permite] tomar conciencia de las consecuencias del delito y de responsabilizarse. [...] El proceso restaurativo puede acabar con un encuentro entre víctima y victimario, pero no es imprescindible ni el único factor de éxito del proceso”, ha explicado Artetxe. No obstante, el plan busca ordenar un modelo que no tiene “estándares claros” por “falta de información en los operadores jurídicos” e incluso de un marco legal específico. Uno de los ejes de la estrategia es un “cambio cultural”, también en la sociedad, para pasar de un marco más punitivista a otro restaurativo.
Sobre el caso específico de la 'vía Nanclares', que de alguna manera se ha retomado en el presente, el plan expresa lo siguiente: “Entre 2011 y 2012 se instrumentaron encuentros restaurativos entre víctimas y personas condenadas por delitos de terrorismo de ETA que se habían desmarcado de su organización, habían asumido el daño causado y expresado su voluntad de contribuir a la reparación del mismo. Se desarrollaron doce encuentros completos, con una valoración muy positiva tanto por las víctimas como por los victimarios”. Un elemento diferencial de estos delitos terroristas es que las víctimas no solamente son los afectados directos: “Existen delitos que comportan un número indefinido de víctimas directas e indirectas, una macrovictimización que posiblemente requiera de enfoques diferenciados o complementarios, más allá del ámbito penal. En tales casos, como en el caso de fenómenos terroristas como el vivido en Euskadi, el tipo de reparación y su receptor puede ser diferente porque la victimización se produce en varios niveles, actuando a nivel de las víctimas directas, de las víctimas vicarias, o de los observadores u otras personas afectadas”.
La gestión de los presos de ETA también ha sido otro de los puntos de controversia en los últimos meses. La derecha ha cuestionado al Gobierno vasco al entender que se iba a valer de la nueva competencia de Prisiones para privilegiar a este colectivo. A finales de febrero, cuando había 84 exterroristas en las tres penitenciarías vascas, 160 presos 'comunes' habían cambiado antes de régimen con anterioridad. De los 84 reclusos que fueron miembros de ETA, una veintena ya estaban o en tercer grado o en libertad condicional cuando se produjo la transferencia. La normativa penitenciaria implica que, cada seis meses, el régimen interno de los reclusos sea revisado. 34 de los 84 han pasado por ese trance desde que es el Gobierno de Iñigo Urkullu y no el central el que gestiona Prisiones. En 26 casos se ha decidido mantener el grado y son ocho los que progresaron. Esta semana ha trascendido que solamente en un supuesto la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rechazado estos cambios, el del exjefe de ETA 'Fiti', precisamente el supuesto que las asociaciones de víctimas habían dado por bueno por su avanzada edad.
El plan de justicia restaurativa -según Artolazabal, Tapia y Artetxe- tiene 18 objetivos y 77 acciones. Habrá una jornada internacional para explicarlo a principios de mayo y posteriormente el documento pasará al Parlamento. “Directamente en relación con la justicia restaurativa se contemplan en los presupuestos para 2022 una suma de 865.000 euros. Existen otras partidas de gasto de servicios de cooperación con la justicia que prestan programas de justicia restaurativa como en justicia juvenil o que coadyuvan a la justicia restaurativa (como SVGP o SAV) cuya cuantificación no se puede individualizar, como tampoco en el caso de las partidas de formación o gastos de funcionamiento o inversiones en locales e infraestructuras”, se lee en la documentación presentada por el Gobierno.