El Gobierno vasco comunicará este lunes las “nuevas medidas” para controlar la pandemia que se aplicarán en Euskadi en el marco del estado de alarma. “Ofrece el margen de actuación necesario para responder a la situación y evolución de la pandemia con la agilidad y premura que la emergencia requiere”, valoran desde el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. No se concretan las medidas pero sí que “se intentará que sean lo más ajustadas, proporcionadas y equilibradas para hacer frente a la situación actual”. Fuentes de la Presidencia vasca indican que lo más razonable sería hacer obligatorias algunas recomendaciones ya emitidas, como que las reuniones no sean de más de seis personas o que no salgan de sus municipios por motivos no laborales o de fuerza mayor quienes residan en localidades de la denominada 'zona roja', con tasas de incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, lo que podría incluir desde este lunes a la propia Donostia y a buena parte de Gipuzkoa.
Estas fuentes indican que a las 8.00 horas de este lunes se reunirá la comisión técnica de la emergencia sanitaria. Se trata de un órgano más reducido que el consejo asesor, una mesa de crisis conocida por sus siglas en euskara (LABI) y que sienta a consejeros de varias áreas como Salud, Educación, Seguridad o Turismo, Comercio y Consumo, así como a las diputaciones, a los alcaldes de las capitales y al delegado del Gobierno de España. Según el plan Bizi Berri II -la guía de esta segunda ola de la pandemia en Euskadi', esta comisión técnica está “inicialmente compuesta” por Koldo Cambra, responsable de programas de salud, Enrique Peiró, coordinador de programas de salud pública, Esteban de Manuel, director del instituto de investigación Kronikgune, Joseba Bidaurrazaga, subdirector de salud pública en Bizkaia, e Iñaki Gutierrez-Ibarluzea, de BIOEF. El coordinador es el asesor del lehendakari y exresponsable de Derechos Humanos, Jonan Fernández. La oposición ha criticado tanto el perfil de quien está al frente como que no haya mujeres.
Euskadi, en cierta medida, es el origen de la operación que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a decretar este domingo un estado de alarma para toda España hasta el 9 de mayo y con un toque de queda general a las once de la noche, aunque en Euskadi se podría modular para que se inicie entre las diez y las doce y finalice entre las cinco y las siete de la mañana. Como Sánchez, Urkullu también es reacio a usar ese concepto y prefiere hablar de limitaciones a la actividad nocturna.
El sábado 17, cuando la pandemia ya daba signos de que volvía a ascender, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, presentó un paquete medidas entre las que sobresalía la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas. No entró en vigor en esa fecha, ya que se envió para su ratificación al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Aunque ya en agosto, tras una “consulta informal” con la sala de lo contencioso-administrativo, la limitación de los grupos a diez personas se quedó en recomendación y no en obligación, el Gobierno de Iñigo Urkullu estaba convencido de que tendría el visto bueno judicial. Pero no fue así y el escenario cambió de raíz.
La sala de lo contencioso-administrativo, el jueves, le dijo con claridad al Gobierno vasco dos cosas. Una, que solamente se pueden limitar derechos constitucionales como la movilidad o la libertad de reunión mediante ley orgánica -normas de mayoría especial que sólo pueden salir de las Cortes Generales- y, dos, que la ley orgánica de 1986 con planteamientos generales sobre salud pública no era lo suficientemente garantista para hacerlo. El Ejecutivo vasco (una coalición de PNV y PSE-EE) entendió el mensaje: se abría “un marco que pretende cerrar puertas a cualquier medida que no pase por la decisión previa de declarar el estado de alarma”.
El mismo jueves, por la noche, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria el LABI) convirtió en recomendación las medidas más duras -confinamientos de municipios con alta incidencia y reuniones de solamente seis personas-, pero con la consciencia de que aquello era insuficiente debido a las cada vez más altas cifras de contagios que registra Euskadi. Esta semana la pandemia ha crecido un 49% respecto a la anterior. Así las cosas, el viernes Urkullu hizo de la necesidad virtud y después de haber sido uno de los dirigentes más críticos con el estado de alarma durante la primera ola -hasta el punto de referirse siempre a la situación como emergencia sanitaria- encabezó las peticiones autonómicas a Sánchez. Su condición: que el Gobierno central delegase en los presidentes autonómicos la regulación y gestión de las medidas. Aceptado este extremo, y a falta de las concreciones del decreto en el Boletín Oficial del Estado, Euskadi confía en poder actuar con seguridad jurídica y rapidez.
Lo que no está claro es cómo se vehiculizará la “recomendación” de Sánchez que los presidentes autonómicos den cuenta en sus respectivos parlamentos de la evolución de su gestión al frente del marco de excepcionalidad. La norma obliga al Gobierno central a someterse al control de las Cortes Generales pero no es concreta en el caso de delegación autonómica. Urkullu ha hablado ya con la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, pero no ha trascendido el alcance de la conversación.