La Agencia Vasca del Agua (URA) hace constar en un informe remitido al Parlamento Vasco a instancias del PP que en el 30% de los vertidos ilegales a los ríos se desconoce el origen y las causas. “Como media, en un 70% de los vertidos investigados [...] se determina el causante”, informa, concretamente, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia en su respuesta a la petición de la 'popular' Muriel Larrea. Esas situaciones “anómalas” han sido 881 desde 2018 hasta el 31 de octubre de 2023, esto es, un vertido cada dos días y medio. Serían alrededor de 264 los que habrían quedado sin esclarecer según esa proporción, pero descienden a 173 los que están catalogados como “de origen desconocido” en el desglose vertido a vertido. Las sanciones interpuestas en estos años equivalen, por el contrario, al 32,8% de los casos conocidos.
Los datos revelan que hubo 156 vertidos en 2018, 140 en 2019, 169 en 2020, 167 en en 2021, un tope de 182 en 2022 y, de momento, 67 en 2023. Este año se aprecia una fuerte bajada a falta del dato de noviembre y diciembre. Por territorios, en este lustro el grueso de casos se han dado en Gipuzkoa, con 494 episodios “anómalos” registrados, por 244 de Bizkaia y 143 de Álava. De los 881 casos, 251 tiene origen industrial. Las obras han producido también 100 vertidos y los accidentes de tráfico 39, por ejemplo. Los hay también por actividades agrícolas, por lixiviados o por extinción de incendios, entre otros. En 160 se ha tratado de salidas no previstas al medio natural de la red de saneamiento.
En cuanto al capítulo sancionador, se han interpuesto 289 sanciones desde 2018. Es uno de cada tres casos conocidos en este período. 134 corresponden a cuencas “intracomunitarias” y 155 a las “intercomunitarias”, es decir, que exceden de Euskadi. Se indica que URA dispone de un servicio de emergencias durante las 24 horas del día coordinado con el 112 (SOS Deiak). “En el momento en que se identifica algún vertido que pueda parecer anómalo, que pueda tener un impacto en la calidad del medio receptor, se actúa en primer lugar para minimizar el efecto de dicho vertido y la limpieza de la zona y se inicia la investigación de las causas”, se explica. Por otro lado, URA tiene autorizados 1.691 vertidos controlados, a los que se les hace “seguimiento” para comprobar que sean “compatibles” con el “buen estado de las masas de agua receptores”. La Fiscalía ha lamentado esta semana que las denuncias de posibles irregularidades nunca lleguen a través de URA y sí por denuncias particulares o de ecologistas.
El informe apunta igualmente a que “tres de las 36 masas de agua subterránea” de la comunidad autónoma “no alcanzan el buen estado químico”. Son el Aluvial de Vitoria y el Aluvial de Miranda de Ebro (que es un municipio de Burgos pero pegado a Álava) y la zona de Gernika. En el primer caso es por “nitratos de origen agrario” y, en el segundo, “por compuestos orgánicos volátiles de origen industrial”. Precisamente el acuífero vizcaíno está afectado de lleno en el proceso de creación de un segundo Guggenheim en Urdaibai.
Sobre el acuífero de Gernika, otro informe de URA solicitado a raíz del proyecto museístico mencionaba que las instituciones ya detectaron problemas a finales de la década de 1990. Se sellaron “algunos pozos” porque las zonas industriales próximas los habían contaminado y no se podía continuar con el abastecimiento desde esas tomas. Hay datos de que a “15 metros” de Cubiertos Dalia había un sondeo llamado “Euskotren”, por el nombre de la compañía ferroviaria vasca, y del que se ordenó el “cese inmediato”. “No hubo resultados concluyentes” en las pesquisas sobre el origen de la contaminación pero “desde entonces” la masa subterránea “presenta un mal estado químico debido a las altas concentraciones de cloroetenos”.
Hay programas de regeneración en marcha y las obras no deberían detenerlos. El nuevo museo deberá estar “supeditado” a impedir que se produzcan nuevos vertidos a las aguas. Igualmente, el propio subsuelo de Cubiertos Dalia tiene contaminantes en un volumen “intenso”, en este caso de “organoclorados”. Mover tierras para construir puede suponer que eso también se filtre al acuífero. En Vitoria y Miranda de Ebro hay ya declaraciones de la zona como “vulnerable” para iniciar planes de regeneración.
En un segundo informe, enviado también a instancias del PP, Tapia analiza las inspecciones pesqueras en el medio marino (1.635 desde 2019) y en puertos (4.701, con una fuerte subida en los dos últimos años). 301 de ellas han tenido lugar en espacios “protegidos”. La consejera alude a 502 sanciones, tanto en tierra como en mar. Cuatro de ellas han tenido la consideración de muy graves, con una multa de 8.000 euros cada una. Cinco de ellas han sido en áreas protegidas, cuatro en el biotopo de San Juan de Gaztelugatze y una en el biotopo de Deba-Zumaia.
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